En lo preventivo, se realizó una Cruzada Nacional, que no logró tener el impacto mediático deseado, pese al potencial que ofrecía la coordinación intersectorial y la declaración del mes de setiembre como el mes contra la trata de personas. Solo algunas escuelas públicas implementaron la semana nacional contra este delito, prevista en el calendario cívico escolar. Por otra parte el mes de mayo, mes de lucha contra la explotación sexual de menores de edad, pasó desapercibida incluso para el sector MIMDES, gestor de dicha iniciativa.
El año 2010 deja en el balance una serie de ausencias, logros y retos a futuro, que resumimos brevemente.
Algunas acciones destacaron, como las de realizar el control en el traslado de menores de edad, que CHS Alternativo gestó y desarrolló para el MIMDES. Los medios de comunicación informaron sobre operativos realizados en este campo, fortalecidos por la decisión política de entregar el documento nacional de identidad gratuito a todos los menores de edad del país.
Respecto a la asistencia y protección de víctimas, testigos y peritos, hubo una ausencia notable de mecanismos reales y eficientes en este campo. Las víctimas quedaron muchas veces libradas a su suerte, o con seguridad poniendo en duda si valió la pena denunciar su caso. La ausencia de un protocolo para funcionarios del sistema de protección, llegó incluso a exponer a una víctima de 12 años ante los medios de comunicación en un establecimiento policial. El alojamiento de víctimas, traslado, atención médica de urgencia, salud mental, costos de trámites consulares o migratorios, entre otros aspectos concretos de la protección continuaron sin respuesta.
Algunos avances fueron importantes. La implementación de las Unidades de Asistencia y Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, permitieron atender casos que de otra manera hubieran quedado fuera del sistema. En menor medida hubo respuesta desde sectores como el Ministerio de Trabajo para acoger solicitudes de promoción y acceso laboral a víctimas. La sociedad civil, tuvo un aporte importante para brindar alojamiento seguro y reservado.
La persecución del delito se incrementó. Operativos policiales y fiscales se desplegaron a nivel nacional, aunque no se reflejaron en un incremento oficial de casos en el sistema RETA PNP. Nuevos destinos internos e intraregionales fueron puestos en evidencia y se puso en agenda la vinculación entre la trata de personas y otros delitos, como el lavado de activos, el narcotráfico e incluso el terrorismo.
Hubieron sentencias importantes a nivel nacional, pero muchos casos fueron tipificados erróneamente y terminaron siendo procesados por delitos con menor sanción o en otros casos archivados. Lo grave fue que esta equivocada tipificación con frecuencia dejó fuera del sistema de protección a víctimas y testigos importantes.
La investigación por lavado de activos, se convirtió en un mecanismo efectivo para desbaratar a organizaciones criminales. Al menos dos procesos vinculados a la trata de personas fueron dados a conocer con resultados concretos.
Los destinos emblemáticos de la trata de personas, como Madre de Dios, el VRAE, La Rinconada, permanecieron prácticamente intocables, pese a algunas pocas intervenciones policiales. Madre de Dios fue tema de agenda durante un tiempo, a partir de su relación con la actividad minera ilegal y la degradación del medio ambiente. Sin embargo los plazos dados para formalización de esta actividad, dejaron en el olvido a las cerca de mil adolescentes víctimas de explotación sexual. En el VRAE el procesamiento de hoja de coca, el sistema de burrier y el reclutamiento/secuestro de menores de edad para actividades terroristas, queda como un tema pendiente, lo mismo que la explotación de menores en La Rinconada-Puno.
Las rutas fronterizas, con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, a través de la basta geografía nacional fue una puerta abierta para el paso recíproco de víctimas. Su vinculación en la frontera norte (ingreso) y sur (Puno) del país (salida), con el tráfico ilícito de migrantes permaneció sin solución de continuidad. El Dragón Rojo estuvo atravesó con frecuencia en país en esa ruta, con total impunidad.
El Congreso de la República, por segunda vez conformó un Grupo de Trabajo sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que permitirá un control (político) adicional a la gestión del Ejecutivo en este campo; la Defensoría del Pueblo, lideró iniciativas regionales en el país e internacionales, como la formación de una observatorio regional en este campo.
Por nuestra parte, los aportes fueron desde acciones como la asistencia de víctimas, logrando atender 32 casos de trata de personas a través del centro de asistencia psicológica y legal. Se promovió una red de atención a casos concretos, que mostró las bondades, ausencias y retos del sistema público y privado.
Se implementaron Veedurías Regionales en 8 regiones. Estas permitieron poner en la agenda regional el problema y lograr una red de aliados locales. Se trabajaron dos campañas, una para el MIMDES antes referida, y otra para poner en agenda e informar sobre las falsas ofertas de trabajo “Ningún trabajo vale más que tu libertad”.
El segundo balance de la implementación de la Ley 28950 y su Reglamento, concluyó en la existencia de un avance de ciertos sectores del Estado, aunque el mandato aún quedó amplio. Un estudio nacional de percepciones mostró la magnitud del problema a nivel nacional y lo mucho que falta por hacer.
En suma, un año para tener en cuenta, aunque sin motivo para celebrar. Saque usted sus propias conclusiones.
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