El tráfico ilícito de migrantes es un delito que supone la existencia de una organización criminal que facilita el traslado de seres humanos de un país a otro, violando las normas migratorias de los Estados, ya sea burlando los controles fronterizos o mediante el empleo de documentación fraudulenta o falsificada. Este delito puede estar vinculado a la Trata de Personas, ya que en ciertas ocasiones los migrantes usuarios de estas redes son explotados durante las etapas de tránsito y destino. Recientemente hemos podido presenciar los riesgos en los que incurren los migrantes latinoamericanos en condiciones administrativas irregulares que intentan ingresar a los Estados Unidos vía México, como por ejemplo el caso de 72 migrantes que fueron asesinados en Tamaulipas en agosto de 2010, al parecer por no ceder a las presiones de la organización criminal que los conducía hacia el país del norte, la cual aparentemente les solicitaba participar en actos ilícitos como forma de pago por los servicios prestados.
Esta realidad pareciera distante al Perú, sin embargo los últimos casos de ciudadanos haitianos que ingresan en condiciones migratorias irregulares a nuestro país debería alertarnos frente a un delito que, en el Perú, está tipificado conjuntamente con el de Trata de Personas, en la ley Nº28950. Ya en Enero de 2010 fueron detectados 7 ciudadanos haitianos que habrían ingresado al Perú vía Ecuador, país que cuenta con una legislación migratoria abierta, y que fueron supuestamente estafados ya que fueron abandonados cerca de Iquitos, luego de haberles cobrado 2000 dólares a cada uno para conducirlos, vía la Amazonía peruana y brasileña, hacia Guyana Francesa. Este caso podría considerarse como un episodio aislado, de no ser porque, en lo que va del 2011, ya se han detectado dos grupos de ciudadanos haitianos que ingresaron en condiciones migratorias irregulares al Perú desde Ecuador vía Tumbes.
Estas situaciones ya son elementos suficientes para entablar investigaciones más serias acerca de la posibilidad que Perú se haya convertido en un país de tránsito de usuarios de redes de tráfico ilícito de migrantes haitianos que buscan huir de un país devastado desde el terremoto de 2010. Al respecto, la actuación de la DIVINCRI de Tumbes en los últimos dos casos detectados en lo que va del año deja mucho que desear, pues según lo comentado por el propio jefe de la DIVINCRI, el personal policial se limita a detener a los migrantes en condiciones irregulares y entregarlos a extranjería, quienes proceden a expulsar a los migrantes del territorio nacional. Si bien hasta ahora no se ha descubierto ningún elemento que indique de manera fehaciente que estamos frente a casos de redes criminales organizadas de tráfico ilícito de migrantes o de Trata de Personas, no se pueden descartar estos supuestos sólo porque los extranjeros se encontraban sin ningún acompañante peruano o ecuatoriano.
Asimismo, la situación de los haitianos nos remite a otros casos que hemos podido observar recientemente, como el de los ciudadanos chinos (abril de 2010), que obtenían la nacionalidad peruana a través de matrimonios simulados en tiempo récord 30 días y que, justamente, tenían como punto de operaciones a otra ciudad norteña: Sullana (Bellavista). En este caso fue implicado el jefe de Registros Civiles de la municipalidad de Bellavista, quien supuestamente concedía los permisos de matrimonio sin contar con la documentación legal en regla. La nacionalidad peruana es, en algunos casos, una vía más segura para los ciudadanos chinos para ingresar a Estados Unidos u otros destinos en América del Sur.
Por todo ello, es fundamental que la policía nacional cuente con la capacitación suficiente para poder detectar situaciones irregulares que emanarían del crimen organizado, particularmente en regiones fronterizas sensibles a la migración, como es el caso de Tumbes o Piura, y que se investiguen más a fondo estos casos, cruzando información, con fin de detectar o prevenir situaciones antes que se salgan de control.
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