El 25 de Noviembre se celebra el día internacional contra la violencia hacia la mujer y no podemos dejar de llamar la atención sobre el componente de género que tiene el delito de la trata de personas. El 94% de las víctimas registradas en este delito según el Sistema oficial del RETA, son mujeres.
La privación de la libertad con fines de explotación, la trata de personas, es el extremo de una cadena de violación de derechos humanos que se inicia desde la niñez. La violencia hacia las mujeres y la ausencia de oportunidades por su condición, las hace más vulnerables. Las políticas contra la trata de personas de alguna manera atienden un problema que se incrementa por las condiciones de las víctimas.
Supongamos una situación donde las mujeres están informadas, dotadas de oportunidades educativas y laborales, provenientes de familias protectoras, con planes de vida definidos y con la seguridad de saber que sus derechos serán respetados. Ellas ante una oferta de trabajo como la siguiente: Busco jovencitas para cuidar niño, pago 400 soles semanales, sin papeles. Entrevista pollería La Paisa, no sucumbirían bajo las garras de mafias de tratantes escondidas tras una falsa oferta de trabajo con la facilidad que, en la actualidad, lamentablemente caen niñas, adolescentes y mujeres en todo el país.
En ese contexto, nos animamos a plantear una agenda que priorice la protección de las mujeres, como una forma de hacer justicia a las miles de víctimas de trata de personas que son explotadas en el país, pero también a las millones de potenciales víctimas que esperamos nunca lleguen a esta situación.
1. Educar a las potenciales víctimas y victimarios. Educar para exigir y respetar los derechos de las personas. Las escuelas previenen informando a las potenciales víctimas, pero dejan de lado la sensibilización y educación a los que podrían convertirse en consumidores de sexo con menores de edad o en “padrinos y madrinas” que de adultos reciban a una niña para explotarla.
2. Involucrar a los servicios de salud. Especialmente los dirigidos a la atención de niñas, adolescentes y mujeres, deben detectar precozmente el maltrato, la violencia física, psicológica y sexual, hasta la trata de personas. La evidencia estadística así lo indica. La detección temprana y la derivación a un servicio especializado a tiempo, encierra un costo de oportunidad que puede ser determinante.
3. Fortalecer el acceso a la justicia. No esperar que un delito grave, como la violación o la trata de personas ocurra para acceder a servicios de protección de derechos. Todas las formas de maltrato y violencia deben ser atendidas administrativa o judicialmente. La impunidad se enquista en víctimas y victimarios.
4. Proteger a las víctimas. Reserva de identidad, protección de la imagen, no exposición de sus datos personales ni familiares.
5. Debatir el tema con transparencia. Al margen de la celebración de fechas conmemorativas, pocas veces se utiliza un discurso claro, valiente y sin interés o cálculo político dirigido a la protección de las niñas y mujeres. Como ejemplos, la discusión sobre la modificación de la edad de indemnidad sexual de adolescentes o el derecho humano a recibir información sobre salud sexual y reproductiva o practicarse una prueba de VIH sin la presencia de sus padres o un adulto. Es imposible aprobar normas que se ajusten a nuestra realidad si no hay transparencia y honestidad en el discurso.
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