En estas últimas semanas, la inseguridad ciudadana en el país ha sido materia de debate. Una reciente encuesta realiza por Datum, a fines del agosto 2012 y principios de marzo de este año, afirma que el 82% de la población peruana se siente insegura al andar por las calles de la ciudad, mientras que el INEI ubica la tasa de percepción de inseguridad en 86.7% a diciembre de 2012. Y no es para menos: la presencia de los policías es casi nula en nuestras calles, la efectividad de la denuncia es ficticia, el crimen organizado tiene mayores ingresos y se vincula con mayor facilidad a la corrupción; la trata de personas se incrementa en el país de acuerdo a las denuncias periodísticas, entre otras cosas.
Pero la seguridad ciudadana no se refiere únicamente a robos y/o asaltos. Sabemos que la trata de personas está considerada dentro del “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012” como uno de los delitos dentro de la seguridad ciudadana -a pesar de que las víctimas de este delito no forman parte de las encuestas de victimización- Además, como menciona Gino Costa en nuestra entrevista, es obligación de todos los Estados suscritos al Protocolo de Palermo colaborar en la prevención, persecución y protección a las víctimas de trata, lo que implica que toda política de seguridad ciudadana debe incluir la lucha contra la trata de personas.
Es necesario imprimir un sentido de urgencia a las cosas. El caso de la Rinconada en Puno, los niños en campos de arroz en Tumbes o en minas de carbón en La Libertad, demuestran nuevamente la ausencia de un liderazgo claro y capacidad de gestión para responder eficazmente a las necesidades presentes, pues como estos, existen innumerables apreciaciones de inteligencia de la PNP en todo el país, que dan cuenta del incremento de casos de trata de personas. Pero estos no se traducen en acciones concretas.
Así tenemos que el Ministro del Interior, pide un poco más de paciencia; el presidente de la República, Ollanta Humala, argumenta que la seguridad ciudadana es un tema que recae en los alcaldes y no en el Estado pues no es la seguridad nacional; por otro lado, sale a relucir el déficit de policías y menciona que este es un problema que ya viene de muchos años atrás. En tanto, el Premier Jiménez asegura que el Gobierno ha presentando 18 proyectos al Congreso para combatir la delincuencia, dos de los cuales ya son leyes y el General retirado de la PNP, Guillermo Arteta, alega que el gobierno propone leyes inaplicables.
La sensación que esto transmite es que cada uno anda disparando la atención de los medios adonde puede sin decir nada concreto ni asumir ningún tipo de responsabilidad; y entre tanto las calles, los barrios, centros poblados y cada vez mayores extensiones del territorio son tomados por las actividades delictivas, perjudicando la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos.
El Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana 2013-2016 que debió aprobarse y publicarse en enero de este año por parte de Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), está aún pendiente; y el presupuesto público está cerrado para el año 2013, salvo que se solicite un crédito suplementario como sugerimos sin éxito para el Plan Nacional contra la Trata de Personas.
Esperamos que entre tantas idas y venidas por parte de las diversas autoridades, se pueda por fin trabajar el Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2016, para el bien de todos los ciudadanos.
Puede leer también:
No hay comentarios aún