En agosto del 2012, el Congreso declaró por unanimidad el 23 de setiembre como el Día Nacional contra la Trata de Personas en el Perú (Ley 29918).
La finalidad de la norma fue sensibilizar al Estado en todos sus niveles de gobierno, sector privado y población sobre la prevención y sanción de la trata de personas así como sobre la asistencia y protección de las víctimas.
Lo más importante de la norma, es que estableció la obligación del Premier y del Ministro del Interior de acudir al Congreso a informar sobre los avances en la lucha contra el delito y los resultados de las políticas implementadas en este campo, en el marco de los Planes Nacionales aprobados sobre la materia.
Balance no muy positivo.
Sin embargo a pocos días de la fecha central, el balance muestra algunas deficiencias que anotamos en la presente editorial.
En el campo de la prevención, subsiste aún información deficitaria en la población más vulnerable, vale decir el sector adolescente y joven del país. Pese al esfuerzo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por implementar Ventanillas Únicas de Promoción del Empleo, las ofertas falsas de trabajo siguen siendo hoy el principal medio de captación de víctimas en el Perú. Al interior del país es prácticamente imposible distinguir una oferta falsa de una real. La informalidad del mercado de ofertas de empleo ha llegado a tal punto que en hostales o chicharronerías se realizan entrevistas y selección de personal.
Si bien es cierto no podemos pedir todo a las escuelas, urge implementar una estrategia de información, especialmente en los lugares de origen o captación.
En el campo de la sanción, aunque con bemoles, se han logrado avances en lo normativo. Diversas investigaciones (El Proceso penal peruano en el delito de trata de personas), informes (Nº158 Defensoría del Pueblo), han puesto en evidencia la deficitaria administración de justicia en este campo.
No siempre se aplican las normas como se espera, se aplican otros tipos penales por error, se sanciona por debajo del mínimo legal e imponen reparaciones civiles ínfimas, que paradójicamente no alcanzan para cubrir el costo de la atención recuperativa.
La asistencia y protección de las víctimas, entendida de manera amplia, no exclusivamente la que brinda el Ministerio Público, no logra aprobar un protocolo de acción con estándares de derechos humanos. Incluso las víctimas bajo programas de protección no llegan a tener acceso a sus propios expedientes judiciales, cuando es a ellos a quienes les pertenece. Esto y más generan que ellas renuncien al programa.
El gobierno nacional de alguna manera hace esfuerzos por responder al problema. En el nivel regional, las mesas de trabajo no siempre se reúnen, carecen de planes de trabajo y no están, salvo excepciones, ni por asomo en los presupuestos regionales. En el nivel local simplemente hay una ausencia de respuesta y sensibilidad, pese a que es su jurisdicción es donde se materializa la trata de personas, vale decir donde operan bares, cantinas y lugares de mala muerte en donde se explota a seres humanos sin ninguna consideración.
Pese a lo descrito los principales problemas que aborda el tema en el país son a nuestro criterio los siguientes:
– Corrupción de funcionarios públicos, que brindan un manto de protección o silencio ante la violación de los derechos humanos.
– Informalidad en la realización de actividades económicas, como la minería ilegal, las agencias de empleo falsas, entre otros. En estos ámbitos el Estado se muestra muy débil y permeable. Lo que facilita la comisión de delitos.
– Violencia contra los niños y adolescentes. Mientras subsistan los altos niveles de violencia en las familias, los niños, niñas y adolescentes seguirán siendo vulnerables y en consecuencia un blanco fácil para los tratantes.
– Limitada efectividad en la prestación del servicio público y falta de liderazgo frente a la trata de personas.
Restan 11 días para que se celebre el Día Nacional contra la Trata de Personas y quedan escasos 18 días para que el Ejecutivo informe al Congreso. Sería importante que esta vez el discurso de paso a lo concreto y se tiña de un pragmatismo tal que se anuncien medidas específicas para revertir o mitigar lo señalado. Señor Ministro usted tiene la palabra.
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