N° 146: “La alta tasa de informalidad que existe en el país sumada a la necesidad de ingresos familiares, pone en situación de gran vulnerabilidad a nuestros menores de 18 años”


Andrea Querol Ex Directora Ejecutiva de CHS Alternativao y actual apoderada de la organización y miembro del Consejo Consultivo.

En términos generales, ¿cómo aprecia la situación de la niñez en el Perú?
De acuerdo con la definición  de  Naciones Unidas, niño es toda persona menor de 18 años.  Si nos atenemos a esta definición, en el Perú viven más de 2’128.509 millones de niños. En situación de pobreza o pobreza extrema se encuentra el 12.0%  de esta población, razón por la cual el INEI y la OIT establecen que, en promedio, 2.5 millones de niños trabajan en el Perú, afectando en una proporción importante su derecho a la educación y a la salud.

¿Cómo así se ven afectados estos Derechos Humanos?
En el Perú los mayores de 14 años hasta los 18 pueden trabajar bajo ciertas condiciones, es decir, respetando la asistencia a clases y participando en actividades laborales que no pongan en riesgo su vida o su salud. Sin embargo, la alta tasa de informalidad que existe en el país (del orden de 70%) sumada a la necesidad de ingresos familiares, pone en situación de gran vulnerabilidad a  nuestros menores de 18 años. Es así que, por ejemplo, en el año 2011, el Estado a través del  Organismo de Evaluación y  Fiscalización Ambiental  (OEFA)  anunció en una conferencia de prensa    junto con la Relatora  Especial contra el trabajo forzoso de las Naciones Unidas, que el Estado Peruano estimaba que eran unos 600 mil niños los que se encontraban trabajando en la minería informal.  En términos generales este tipo de trabajo está literalmente prohibido en nuestras normas, pero la situación de vulnerabilidad antes señalada favorece que esto ocurra.  Hace algunas 2 semanas la prensa nacional ha difundido varios ejemplos de niños menores de 12 años trabajando en minería informal o de menores de 16 años trabajando bajo condiciones prohibidas en cultivos de arroz. A esta situación de vulneración de derechos debemos sumarle otra situación más grave aún, como es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes bajo condiciones de esclavitud, o  trata de personas.

¿Qué diferencia existe entre ambas condiciones de explotación y cuál es la magnitud del problema?
La esclavitud de niños, niñas y adolescentes supone el uso de menores de edad con fines sexuales a cambio de dinero u otro tipo de prestación, situación de la que se aprovecha uno o varios terceros  para lucrar. La trata de personas supone la captación (generalmente con engaños),  y el traslado (con frecuencia  contra su voluntad) del menor de edad, para luego ser explotados sexualmente.
En lo que se refiere a la magnitud del problema, la verdad es que no contamos con un sistema estadístico ni sólido ni  integrado, razón por la cual no podemos ofrecer cifras puntuales Sin embargo los registros oficiales de trata de personas con  los que cuenta la policía y la fiscalía establecen que las víctimas de trata con fines sexuales son mayoritariamente mujeres adolescentes captadas con falsas ofertas de empleo y trasladadas desde su domicilio de origen a otro lugar para ser explotadas.   Por cierto, vale la pena mencionar que esta realidad está vinculada  a otro fenómeno social, como es la desaparición de personas sobre las que habrá que ahondar más en los estudios e investigaciones,  y  que debiera ser materia de una mayor preocupación por parte de nuestras autoridades.

Finalmente, ¿cómo piensa que puede combatirse más eficientemente la situación de explotación laboral y sexual de los NNA acá en el Perú?

  • Normatividad suficiente: Resta plasmarla en acciones concretas en todos los niveles del Estado según el grado de responsabilidad indicado en las leyes y normas, planes y programas.
  • Presupuesto insuficiente: Tanto para implementar  la prevención, la  persecución y  la protección y  asistencia.
  • Voluntad política: Para la aplicación  de la política pública  en los niveles de gobierno nacional / regional / local.
  • Inclusión social: Continuar con los esfuerzos actuales de generar condiciones de vida más dignas.
  • Fiscalización: A todo nivel, tanto por parte de los gobiernos locales en su ámbito de influencia  (condiciones de trabajo en los distritos), como por parte de los gobiernos regionales a través de los inspectores laborales, así como por parte de la sociedad civil en relación a la aplicación correcta y oportuna de la política pública.

 

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