Entrevista a Alejandro Silva Reina, secretario técnico del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas (GTMPTP).
El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de publicar el Informe de trata de personas 2015. El Informe hace un énfasis especial en la trata de personas a lo largo de la cadena de suministro en el mercado global ¿En el Perú se ha previsto trabajar desde ese enfoque?
Desde el MININTER somos parte del Grupo de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (PV) que está constituido por empresas básicamente extractivas. Nuestro próximo tema de reunión es trata de personas en espacios de actividad extractiva formal, pero también en espacios informales. Esto lo hacemos porque hay grandes corporaciones que invierten en nuestro país y en el origen de la cadena de suministro se encuentra la minería informal. Podemos decir que ya hemos empezado a dar unos primeros pasos, aunque aún algo tímidos. Por otro lado, el tema de autorregulación de cada empresa es muy importante. Pero personalmente considero que el Estado debe asumir un mayor compromiso. Esto me lleva a pensar ¿en qué condiciones se firman los tratados de integración económica? Los famosos TLC. Ese es un tema a reflexionar.
Con respecto a la evaluación de Perú, el Informe señala que el gobierno no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas ¿Podría mencionar algunos de los esfuerzos significativos que están tomando lugar para mejorar esta situación?
El hecho de que se haya aprobado un reglamento que actualiza las obligaciones y recontextualiza las relaciones que deben existir entre diversos sectores del Estado es un primer paso. Asimismo, se está por culminar un protocolo multisectorial, lo cual muestra que existe un avance importante en la comprensión del fenómeno y las obligaciones que el Estado tiene que asumir en su conjunto y a nivel intersectorial. Se vienen realizando acciones conjuntas multisectoriales en varios operativos que estamos ejecutando, como los del alto comisionado del PCM en escenarios relacionados a la minería ilegal. Se están dando avances concretos de intervención multisectorial, aunque se tienen que seguir ajustando. Por otro lado, el RETA está siendo objeto de actualización, fortalecimiento y de interconexión con el Sistema SISTRA del Ministerio Público para así poder homogenizar la información, y empezar a tener data cierta y sistematizada. Creo que no estamos en el mejor de los escenarios, pero se está moviendo el proceso.
El Informe hace mención de los casos de explotación laboral y sexual que involucran a Sendero Luminoso ¿Qué tipo de trabajo se está haciendo desde el GTMPTP para prevenir la trata de personas en las poblaciones más vulnerables a este grupo terrorista?
Desde el GTMPTP estamos buscando impulsar y refrescar nuestro trabajo con estas poblaciones. Existen varios aspectos que tienen que ser vistos, como por ejemplo el tema de educación formal hasta jornadas de difusión y sensibilización en idiomas originarios con los actores sociales. El Ministerio de Cultura tiene un registro de 52 poblaciones originarias que en números gruesos corresponde a doce familias lingüísticas. Tendríamos que hacer difusión en todos esos idiomas, por el momento, en el marco del mes contra la trata de personas, vamos hacer una campaña relativamente grande en la cual difundiremos mensajes preventivos en castellano, quechua, aymara, ashaninka y wampis porque están enfocados a zonas donde se da una mayor incidencia del delito, como son Puno, Lima, Huancayo y Amazonas. Esto es absolutamente insuficiente aún pero creemos que ese es el camino a seguir.
El Informe señala que la complicidad relacionada con la trata de personas sigue siendo un problema grave y en gran medida sin resolverse ya que las autoridades no informaron sobre nuevos procesos o cualquier condena a funcionarios públicos cómplices ¿Cuáles son sus comentarios al respecto?
Esto es completamente cierto y es vergonzoso. Nosotros hemos tomado conocimiento de un par de situaciones que están siendo investigadas y no vamos a parar hasta determinar la responsabilidad que hubiera dentro de nuestro sector. También se están investigando casos de redes de tratantes a nivel internacional que podrían estar presuntamente involucrando a funcionarios públicos en nuestro país. Nosotros como dirección conjuntamente con la Inspectoría General estamos indagando y eso se tiene que clarificar, y si hay responsabilidades tienen que responder los funcionarios involucrados.
El informe critica la falta de reconocimiento y recopilación de casos de trabajo forzoso en el Perú ¿Cómo se tiene previsto mejorar este procedimiento en la persecución del delito?
Yo creo que la constitución de SUNAFIL es un buen paso adelante. Además, ya se han hecho algunas actividades con respecto a trabajo forzoso. Hubo intervenciones en Tumbes y Piura. En Lima se intervino con la DIVINTRAP en un caso concreto. Considero que la posibilidad de fortalecer la parte normativa y la operativa expresada en el reglamento y en el protocolo intersectorial van a ser un buen avance. Asimismo, empezaremos un diagnóstico, lo cual necesitamos para todos los elementos de la trata incluido trabajo forzoso. Creo que por primera vez se va empezar a elaborar un diagnóstico, somos conscientes que no es sencillo y precisa de recursos importantes que todavía no los tenemos pero se necesita dar los primeros pasos.
La recomendación principal del informe es incrementar el presupuesto para la lucha contra la trata de personas. Si esta observación ya ha sido mencionada anteriormente ¿Por qué el Estado peruano aun no destina el presupuesto suficiente para hacerle frente a este delito?
Falta de voluntad política, no voy a mentir. Pero buscamos remover eso, estamos en esa pelea. En primer lugar, en setiembre nuestro ministro irá a nombre de todos los miembros del Grupo a informar sobre las cosas que acabo de mencionar, pero también estamos trabajando desde el GTMPTP con planificación para hacer un mapa presupuestal general que se presente frente al Congreso para que se tome conocimiento, constituyamos el hecho político y se nos asigne más recursos a todos los sectores.
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