En el año 2018, el Ejecutivo denominó el periodo 2018 – 2027 como el “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”. Bajo esta premisa, tanto el estado como sus instituciones adjuntas deben redoblar esfuerzos para reducir las brechas que perpetúan la desigualdad y la violencia de género.
En el marco del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las cifras de violencia de género en el Perú son, todavía, muy preocupantes.
Entre enero y octubre del presente año, 111 niñas y mujeres han sido víctimas de feminicidios y 234 han denunciado tentativas de feminicidios en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), según reporta el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). El 14% de las víctimas de feminicidios fueron niñas y adolescentes.
Así mismo, según datos de la Defensoría del Pueblo, solo entre enero y julio, 865 mujeres adultas y 2100 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas. Esto significa que cada 2 horas, más de una mujer desaparece en el Perú. La mayoría son captadas por redes de tratantes de personas y explotadores.
Detrás de estas dolorosas cifras se esconden una serie de falencias estructurales, que propician la persistencia de la violencia de género. Desde el difícil acceso a la justicia y la aplicación desarticulada de los protocolos para la protección de las víctimas, hasta el estigma social y cultural que tiene la población y las autoridades, sobre las mujeres víctimas de todo tipo de violencia.
Así lo detalla Andrea Querol, presidenta del consejo directivo de CHS Alternativo, en su libro “Buscando justicia, trata de personas, violencia y explotación”, donde recoge los testimonios de 40 víctimas de trata de personas y sus familiares.
“Persiste una tendencia a la discriminación y a la cosificación, en donde se menosprecia a la víctima, o al establecimiento de un vínculo paternalista, en donde se es condescendiente con la sobreviviente y su entorno”.
La violencia y estigmatización se replican a lo largo de las diferentes estancias judiciales y sociales que las víctimas enfrentan en aras de obtener protección, contención y justicia. Esta situación no solo perjudica la lucha contra la violencia de género y la integridad de las víctimas, sino que genera desconfianza en las mujeres que sufren algún tipo de violencia, quienes, finalmente, escogen no denunciar por miedo a la impunidad.
Según Querol, se han hecho esfuerzos por mejorar la calidad de atención para con las denunciantes. Sin embargo, existe una problemática transversal que compromete estos esfuerzos y continúa perpetuando la re victimización de las mujeres y niñas agredidas:
“La violencia y discriminación contra la mujer en nuestro país, son temas que deben ser abordados en las capacitaciones de los operadores de justicia y de servicios, que entran en contacto con las víctimas. Se requiere operadores de servicios y de justicia que trabajen con un enfoque de género”.
Con las cifras de violencia de género subiendo y la situación de vulnerabilidad que va aumentando en el contexto de esta pandemia y de la crisis social y económica que vive el país, es urgente que se implementen medidas, desde todos los sectores, que garanticen una verdadera lucha contra la violencia de género y la desigualdad, en todas sus formas.
En ese sentido, afirma “Es la responsabilidad de todos… pensar en estrategias integrales que aborden y prevengan la violencia de género, con el fin de mitigar, entre otros, situaciones extremas como la trata de mujeres y los feminicidios”.
Si desea conocer testimonios de sobrevivientes del delito de trata de personas y su proceso de acceso a la justicia descargue el libro: Buscando Justicia.
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