Entre los principales hallazgos del documento publicado por CHS Alternativo, destaca la reducción del presupuesto para la lucha contra este delito y la falta de una entidad que garantice la reinserción social de las víctimas rescatadas.
La evidencia demuestra que las acciones para combatir la trata de personas en el Perú son insuficientes. Así lo revela el VIII Informe Alternativo, documento elaborado por CHS Alternativo, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, en el cual se hace un balance de las acciones realizadas por las instituciones públicas en materia de lucha contra la trata de personas durante el periodo 2020-2022 y se advierte sobre la grave reducción del presupuesto destinado a combatir este delito.
Durante la presentación del documento, Eliana Revollar, defensora del Pueblo en funciones, expresó su preocupación por los escasos recursos destinados a combatir la trata de personas. “El presupuesto estatal asignado a esta misión, en los años 2020 y 2021 es tres veces menor al presupuesto establecido el 2015. En esa línea, lamentamos que no se apruebe el programa presupuestal de trata de personas cuya elaboración ya fue culminada por el Ministerio del Interior y que hoy se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas pendiente de aprobación”, dijo.
Respecto a las víctimas, la defensora del Pueblo sostuvo que “el informe evidencia que no existe ninguna entidad del Estado que se encargue de que ellas puedan reintegrarse a la sociedad a nivel económico, social y laboral, para que no sea restituida a su familia de origen, como ocurre actualmente, pues esta falta de atención las expone a la misma situación de vulnerabilidad que las convirtió en víctimas”.
Revollar también aseveró que la lucha contra la trata de personas es un objetivo nacional, ya que vulnera la dignidad de las víctimas, afecta el constructo social, atenta contra la salud pública y favorece la violencia y el crimen organizado. Ante este escenario desalentador, la autoridad sostuvo que es urgente optimizar la calidad de atención de las y los operadoras/es de las instituciones que participan en la lucha contra este delito, respetando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y considerando el enfoque de género, interseccionalidad y territorialidad para prevenir, atender, investigar y sancionar adecuadamente.
Agregó que, en el marco de la Ley 28950 y la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, la Defensoría del Pueblo realiza labores de monitoreo y seguimiento a las políticas implementadas por los sectores responsables. Por ello, como parte de esa labor colaborativa, se ha trabajado con CHS Alternativo en la elaboración del VIII Informe Alternativo, un instrumento que da cuenta del balance de las instituciones públicas en la lucha contra este delito durante el periodo 2020-2021.
Por su parte, Lisa Kenna, embajadora de Estados Unidos en el Perú, refirió que “el VIII Informe Alternativo es una evaluación de los esfuerzos del gobierno peruano en su lucha contra la trata de personas y los desafíos relacionados a la implementación de la política contra este delito”. Asimismo, dijo que el informe permite renovar el compromiso de proteger a las víctimas y resolver las condiciones que las ponen en riesgo”.
Kenna agregó que se cuenta con una extensión de la Alianza de Cooperación para la protección de niñas, niños y adolescentes – CPC, la cual constituye un plan desarrollado entre Perú y los Estados Unidos para prevenir todas las formas de trata de personas en menores y es considerada como prioridad. Ante ello, invitó al gobierno peruano a firmar la extensión de la CPC. También hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto entre los distintos sectores de la sociedad civil y el Estado, incluyendo a quienes sobrevivieron a este crimen.
Por su parte, Jean Paul Benavente, presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales en el Perú, sostuvo que desde las instancias regionales se ha intentado generar espacios de gobernanza en los cuales además de trabajar contra la trata de personas, se aborde las distintas formas de violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes y poblaciones vulnerables. “Cuando veo las dimensiones o determinantes del por qué ocurre la trata de personas, casi siempre la fórmula es la misma: hay temas vinculados a la informalidad, educación, acceso, laboral o de oportunidades que nos obligan como gobiernos regionales a replantear una estrategia nacional”, anotó.
Benavente agregó que para ratificar este compromiso se está reestructurando la organización del Gobierno Regional, creando la Gerencia de Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables para reemplazar la Gerencia de Desarrollo Social. Además, buscan utilizar recursos para “impulsar un proyecto que sea una unidad formuladora de iniciativas que, no solo sean cemento o casas de acogida, sino que trabajen en la prevención, reinserción y reincorporación de las víctimas.
Por último, Miguel Ángel Palomino Cáceres, viceministro del despacho viceministerial de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y presidente de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, finalizó la presentación resaltando la importancia de tener acciones concretas contra este delito desde las diversas competencias.
En ese sentido, destacó los logros del ministerio: “Hemos establecido una estrategia multisectorial de prevención contra la trata de personas, iniciando una serie de acciones orientadas a acercar los servicios hacia la ciudadanía, fortalecer las capacidades de los operadores de justicia e involucrar a la sociedad juvenil a través de encuentros macro regionales y ferias informativas”. Refirió también que durante el 2021 y 2022, el Ministerio del Interior ha capacitado a 4708 personas integrantes de la Policía Nacional del Perú de todas las regiones y frentes policiales, y se han desarrollado tres ediciones del curso virtual aplicación de la Guía Operativa de Investigación del delito Trata de Personas, para la mejora de la persecución y sanción penal de los autores del delito.
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