Eliana Revollar Añaños es defensora del Pueblo encargada. Abogada y magíster en protección de los Derechos Humanos. Trabaja desde 1997 en la Defensoría del Pueblo, donde desde el 2017 fue adjunta para los Derechos de la Mujer. Además, actualmente es coordinadora de la región andina de la Red de Género de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), que integran Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú.
Desde la Defensoría del Pueblo, ¿cómo se ha visto el trabajo del Estado peruano en la lucha contra las diversas formas de explotación humana durante el año 2022?
Este año, la Defensoría del Pueblo, con CHS Alternativo, ha tenido la posibilidad de hacer un seguimiento al tema de todas las formas de explotación humana y, entre ellas la trata de personas, y lo que hemos podido advertir es que no existe una voluntad política para abordar como se debería este tema. Esa falta de voluntad política también se ha reflejado en la falta de un presupuesto adecuado para enfrentar esta problemática, desde la prevención y la atención. Creemos que en el año 2023 este asunto debería ser tomado con mucho mayor preocupación desde el Estado, para poder dotar de los presupuestos a los diversos sectores, pero también al sistema de justicia, porque lo que hacen las fiscalías y el Poder Judicial en verdad es muy poco para poder enfrentar un fenómeno tan grande, donde el nivel de denuncias es muy bajo. Esto precisamente ha sido reflejado en un informe conjunto que presentamos en el mes septiembre del 2022.
CHS Alternativo ha trabajado este año en diversas investigaciones y ha encontrado evidencia que demuestra que la cantidad de personas afectadas por estos delitos podría ser más de la que imaginamos, pero eso no está reflejado en las estadísticas oficiales.
El hecho de que haya una cifra tan alta de percepción directa de la ciudadanía (que se reconoce como víctimas) ha sido muy valioso para comprender el fenómeno de la trata de personas y el trabajo forzoso. Y eso hace ver que los esfuerzos institucionales deben ser mucho más efectivos para poder atender esta problemática. Pero, mientras no haya esa voluntad de la que hablaba, ese presupuesto destinado a ello, las cifras ocultas siempre van a estar presentes y los delitos se van a extender. Lo grave de que se extienda una forma de violencia tan gravosa, contra principalmente mujeres menores de edad, es que eso hace que el fenómeno siga creciendo y que las personas actúen con impunidad. Pero también hace que las personas no sepan asumir ese riesgo. En ese contexto, se tienen que hacer campañas de educación entre los adolescentes sobre lo que significa la trata de personas y por qué no hacer contacto con determinados individuos, así como el peligro de que puedan ser captados por estas grandes redes.
Esto tiene vinculación también con las denuncias de desaparición de personas, pues alguien que desaparece muchas veces puede ser víctima de trata. Y desde la Defensoría del Pueblo creemos que es importante trabajar en este tema para que la cifra escondida de trata de personas que existe sea una cifra real y se apliquen políticas públicas para enfrentar la problemática desde la prevención y desde la atención a las víctimas.
Justamente una problemática que ustedes han trabajado desde la Defensoría del Pueblo es el tema de los desaparecidos. Y esto también tiene una estrecha relación con la población migrante y la trata de personas. ¿Qué ha encontrado la institución?
Hemos encontrado un denominador común respecto a la vinculación de la trata y las personas migrantes: las víctimas son generalmente mujeres adolescentes. Hemos visto casos de personas que han sido captadas para desarrollar labores, por ejemplo, de modelaje y anfitrionas, donde pesa mucho la anatomía de las mujeres venezolanas o colombianas que son fácilmente beneficiadas con estos ofrecimientos. También hemos visto casos en Huacho, incluso menores de edad, que han entrado a penales, para ser explotadas sexualmente y que llegaron al país con otro fin. Igualmente, hay casos en lugares donde hay actividades ilegales, como la tala, el narcotráfico o la minería informal ilegal, donde la población migrante también es captada y llevada a estos escenarios para explotarla sexualmente.
Entonces sí, es una situación muy grave. En estas personas el problema es mucho mayor porque no hay redes, amistades, familia. Cuando son menores de edad, hasta el retorno a su país se vuelve complejo porque hay que ver el tema de las autorizaciones para que puedan salir. Entonces sí se necesita una mirada muy amplia, un engranaje de todos los sectores de Salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y el Poder Judicial para darles las garantías y que ellas también tengan una recuperación en su vida en general, en su salud física, en su salud mental, en la forma como se relacionan.
El año 2023 desde la Defensoría del Pueblo pensamos abordar esta problemática en un informe, para poder relevarlo en forma mucho más sistematizada.
Otro tema de preocupación que desde CHS Alternativo hemos abordado es la gran cantidad de menores de edad que están expuestos a situaciones de riesgo de explotación sexual por Internet. Según nuestras investigaciones, hablamos más o menos 800,000 niñas, niños y adolescentes que recibieron mensajes con fines de explotación sexual. En ese tema, ¿cómo ha visto la Defensoría del Pueblo el trabajo del Estado?
Mira en realidad el trabajo desde el Estado para poder poner a buen recaudo y educar e informar a las niñas, niños y adolescentes de los riesgos que podrían significar las redes y todas las plataformas en las que ellos pueden estar vinculados, es un trabajo muy incipiente, pese a que se trata de la forma más gravosa por la que ellos pueden ser captados por personas que obviamente muestran amigabilidad. Esto se da en diversos contextos, no solo en hogares disfuncionales o que están en abandono. Ha ocurrido en hogares bien formados, donde los padres no sabían que sus hijas e hijos estaban siendo captados por personas inescrupulosas, delincuentes que, detrás de una plataforma virtual, están tratando de llevarlos para explotarlos sexualmente. Entonces sí necesitamos que haya una cruzada nacional (para prevenir este tema), que debe ser liderada por el sector Educación y por el Ministerio de la Mujer.
En esta problemática, además de la falta de voluntad política, también entendemos, en la Defensoría del Pueblo, que falta la articulación de los diferentes sectores, porque estos son trabajos que deben ser intersectoriales, que deben ejecutarse en los diversos niveles de gobierno y ahora con mayor razón que estamos iniciando, el primero de enero, la gestión de 25 gobiernos regionales, locales, provinciales y distritales en todo el país. Habrá un cambio total de autoridades regionales y locales que necesitan entender cuáles son esos problemas en los cuales también ellos tienen competencia para poder intervenir desde la posición que tienen, porque muchas veces la autoridad regional o local llega creyendo que el mayor énfasis en su función tiene que estar en aquello que significa la edificación de obras, obras de inversión pública donde puedan poner una placa y su nombre. Sin embargo, los problemas que atraviesa la población tienen que ver con estos temas sensibles, de los cuales niñas, niños y adolescentes pueden ser víctimas.
Las medidas que ha dado el Gobierno en los últimos años han sido más normativas y no medidas efectivas que puedan trabajar directamente con la población afectada en prevención, atención, restitución. Teniendo en cuenta esa premisa, ¿qué considera que debería cambiar para el próximo año?
Nosotros creemos que en general el gobierno ha estado muy desvinculado de las políticas públicas y más bien haciendo una defensa a la persona del presidente y los ministros de Estado y su entorno, que tenían graves denuncias de corrupción. Pero sí entendemos que no podemos quedarnos con un marco normativo porque las normas, sino se convierten en realidad para cambiar la vida de las personas que hoy son víctimas de trata o aquellas que están en riesgo de serlo, no tienen ningún sentido ni valor utilitario en la vida de cada quien. Sí creemos que las políticas deben apuntar a que las normas se conviertan en una realidad para que protejan a las personas realmente. Eso pasa por generar cambios de conducta, por informar de los riesgos que existen para las potenciales víctimas, para los padres de familia, para la sociedad en general; pero también para por poner una mano firme frente a quienes ejercen estos delitos y, para ello, el sistema de justicia debe ser potenciado, para dejar claro que no hay impunidad. Porque si no estamos en una vorágine, en la cual, a la cifra escondida de trata de personas –porque no hay persecución–, se une el hecho de que en el 2023 más víctimas puedan estar expuestas a esta forma de explotación.
¿Y desde la sociedad civil, cómo podemos contribuir? ¿Estamos hacemos investigaciones, diagnosticando y evidenciando el problema, ¿qué otro paso más podemos dar?
Yo creo que es importante la investigación porque el diagnóstico va sucedido de la propuesta. Y la propuesta desde la sociedad civil siempre es buena para la acción del Estado. Pero también hay que señalar que hay temas que tienen tal complejidad en la sociedad que tienen que ver con la construcción de patrones culturales, en los que la propia sociedad organizada puede iniciar un activismo, una interlocución, es decir, hacer grandes cruzadas para poner estos temas en la agenda. Estamos hablando de problemas que necesitan tener una respuesta desde el Estado y desde la sociedad en su conjunto.
¿Y para el Estado, cuál debería ser la ruta a seguir en el año 2023 para que no sea un año de estancamiento sino un año de avances en materia de lucha contra toda forma de explotación humana?
Nosotros creemos que debe haber una real voluntad política y una comprensión de la dimensión de este problema y, para ello, precisamente los informes de CHS Alternativo y de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de la situación y la proposición que se necesita. En segundo lugar, se necesita una articulación de todos los ministerios, niveles de gobierno, sistema de justicia para poder responder con resultados que sean tangibles, más que una suma de actividades. Y lo otro es otorgarle el presupuesto, que no solamente debe ser del Gobierno nacional, sino desde los gobiernos regionales y locales para abordar esta problemática desde la prevención, que es el tema más fuerte, más complejo de largo plazo; y el tema de la atención, porque si bien es cierto que hay víctimas que son recuperadas, también hay acciones que pueden hacer los gobiernos regionales en transporte, salud, educación, etc. Desde cada sector se puede hacer mucho si es que hay una mirada de problema nacional y de tener la voluntad de responder oportuna y adecuadamente a esta problemática.
¿Y esa labor a quién corresponde?
Creemos que debe estar al más alto nivel y la presidenta de la República debe conocer esta problemática. El premier también debe conocer esta problemática y liderar los esfuerzos de los sectores que obviamente, por las políticas que les corresponde, ya deben tomarlos como tal. Aunque vemos que el tema es abordado por el Ministerio del interior y por el Ministerio de la Mujer, se necesita una mayor articulación y también ponerle el foco en las zonas de captación y en las zonas donde son trasladadas estas personas. En el país hay todo un mapeo que se ha hecho justamente con las economías ilegales donde las víctimas van y son obviamente explotadas en términos laborales o sexuales.
Creo que es importante abordar todas las formas de explotación, también la que se da en las capitales. Precisamente por ello, para el año entrante la Defensoría del Pueblo tiene pensado elaborar un informe sobre el trabajo forzoso, otro sobre el matrimonio infantil o forzado y trata de personas en niños. Para nosotros ha sido importante que este año CHS Alternativo haya formado a nuestros equipos a nivel nacional en la comprensión de esta problemática. Eso nos da pie a hacer estos informes, pero también a exigir que el tema del trabajo forzoso sea este reconocido como tal, como una forma de explotación humana, aún en los espacios domésticos.
La entrevista se puede ver aquí:
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