Menos del 1% del presupuesto total del Estado fue asignado a la lucha contra la trata de personas en el 2014

Según Informe Alternativo de la Sociedad Civil, los S/.2’963,328 destinados a erradicar la trata de personas representa solo el 0.0025% del presupuesto General de la República, a pesar de reflejar un incremento del 85.2% con relación al año anterior.

Este 15 de noviembre desde las 9AM en la ciudad de Iquitos, tendrá a cabo la Segunda Sesión Descentralizada y Audiencia Pública que realizará la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República. El Sr. Ricardo Valdés Cavassa, presidente de Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), expondrá sobre la problemática de la Trata de Personas en la Región Loreto y presentará el Informe Alternativo de la Sociedad Civil, documento elaborado por CHS Alternativo con apoyo del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas (ObservaLAtrata), Red Andina de Migraciones (RAM) y la Red Kawsay.

El Informe Alternativo da cuenta del Presupuesto de la República del 2014 asignado para la Lucha contra la Trata de Personas, en base a lo establecido en la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Ley 28950), su Reglamento y el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 20011-2016 (PNAT), además de hacer hincapié en las carencias y dificultades en el trabajo del Estado en la prevención, persecución y sanción, así como la protección y asistencia a las víctimas de este delito.

DATO:

Según el Informe Alternativo, los sectores que han reportado una asignación presupuestal especifica para realizar las acciones correspondientes por la normativa son: Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior.
Sectores como el Poder Judicial, Ministerio Público y los Gobiernos Regionales, con amplias funciones y responsabilidades en la lucha contra la trata de personas, no han reportado un presupuesto específico para la implementación de acciones según el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Reglamento de la Ley N°28950.

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