La inversión del Estado contra la trata de personas es de S/0,23 por cada peruano al año
Urge más presupuesto para disminuir explotación humana. Expertos piden que autoridades sean monitoreadas.
Para luchar contra la trata, un delito que amenaza especialmente a mujeres y niñas, las buenas intenciones no bastan. En los últimos cuatro años, en el Perú se ha implementado un marco normativo y hasta se ha creado el Plan Nacional contra la Trata de Personas, que fija metas y objetivos para reducir los casos hasta el 2021. Sin embargo, lo que sigue faltando son los recursos.
“Se necesita un presupuesto que solvente el plan nacional, porque la trata no termina el próximo año”, refirió Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.
El VII Informe Alternativo, realizado por esta ONG, revela que, en el 2019, el presupuesto asignado para la lucha contra la trata en el Perú fue apenas de S/7′758.410,81. Es decir, el 0,0046% del presupuesto anual.
Para entender aún más la gravedad de la situación, esta cifra equivale a que en el Perú se invierten anualmente en la lucha contra este delito S/0,23 por persona. Lo que hoy cuesta un pan.
Según el balance realizado por CHS Alternativo, además, se identificó que hubo una reducción de al menos S/3 millones en comparación con el presupuesto asignado en el 2018.
Y el problema no queda solo en la asignación de pocos recursos, sino también en la ejecución de estos por los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). De esos S/7,7 millones del 2019, solo se ejecutaron un poco más de S/5 millones.
Valdés explicó que gran parte del problema se debe a la inestabilidad política que se ha vivido en el país en los últimos años, como la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el cierre del Congreso dispuesto por el mandatario Martín Vizcarra.
“Es bueno precisar que los sectores que debieron pedir presupuesto no lo solicitaron para el plan nacional y, por lo tanto, el Congreso no pudo considerarlo”, dijo Valdés.
Para Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, esta situación devela el poco interés que tiene el Estado para combatir la trata, pese a que el número de víctimas aumenta.
“De nada sirve contar con planes si no vienen con el presupuesto necesario para ejecutarlos y el compromiso de las autoridades para hacerlo. Acá hay una tarea que compromete a todo el Estado”, comentó.
—Lo que urge—
Tanto Castillo como Valdés coincidieron en que el panorama que se viene luego de la pandemia por el coronavirus es aún más preocupante.
¿Qué urge entonces? Según Castillo, es importante supervisar las acciones de prevención, que están a cargo de los municipios.
Valdés agregó que, además del presupuesto, se requiere simplificar los tipos penales que hay sobre la trata y exigir al primer ministro que informe sobre los avances ante el Congreso, como lo establece la ley.
Valdés agregó que, además del presupuesto, se requiere simplificar los tipos penales que hay sobre la trata y exigir al primer ministro que informe sobre los avances ante el Congreso, como lo establece la ley.
Fuente: El Comercio