Solo el 0.0025% del presupuesto total del Estado fue asignado a la lucha contra la trata de personas en el 2014

Los S/.2’963,328 (0.0025% del Presupuesto General de la República) han sido insuficientes para combatir la trata de personas y garantizar la asistencia y protección a las víctimas.

Este 20 de noviembre desde las 9AM en el Auditorio del Ministerio Público de la ciudad de Arequipa (La Merced 402), se realizará la Mesa contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, organizada por el Gobierno Regional de Arequipa y la Red Regional de Lucha Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. En esta reunión, Ricardo Valdés Cavassa, presidente de Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo), expondrá sobre la problemática de la Trata de Personas en la Región Arequipa y presentará en el marco del reporte de las acciones de la Veeduría Ciudadana de la región, el Informe Alternativo de la Sociedad Civil, que da cuenta del Presupuesto de la República del 2014 asignado para la Lucha contra la Trata de Personas.

El Informe Alternativo de la Sociedad Civil, analiza y comenta los avances y limitaciones en base a lo establecido en la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Ley 28950), su Reglamento y el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 20011-2016 (PNAT), además de hacer hincapié en las carencias y dificultades en el trabajo del Estado en la prevención, persecución y sanción, así como la protección y asistencia a las víctimas de este delito.

DATO:

Según el Informe Alternativo, los sectores que han reportado una asignación presupuestal especifica para realizar las acciones correspondientes por la normativa son: Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior.

Sectores como el Poder Judicial, Ministerio Público y los Gobiernos Regionales, con amplias funciones y responsabilidades en la lucha contra la trata de personas, no han reportado un presupuesto específico para la implementación de acciones según el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Reglamento de la Ley N°28950.

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