Un nuevo gobierno y un nuevo Congreso han iniciado funciones y se encuentran en proceso de organizaci\u00f3n y planificaci\u00f3n, lo que genera, como es t\u00edpico, una incertidumbre funcional que en algunos casos lleva a la par\u00e1lisis. Mientras tanto, la trata de personas no espera. Las redes criminales, sin importar su dimensi\u00f3n o estructura, siguen captando cada 10 minutos a una v\u00edctima de trata, y 200,500 personas siguen esperando salir de la situaci\u00f3n de explotaci\u00f3n en la que se encuentran, seg\u00fan el \u00cdndice Global de Esclavitud. Necesitamos que este periodo sea el m\u00e1s breve posible porque la lucha contra la trata debe continuar.<\/p>\n
El Ejecutivo tiene funciones que cumplir y se necesitan acciones urgentes. Por ejemplo, el plan de los 100 d\u00edas del Ministerio del Interior contempla medidas contra el crimen organizado, que necesariamente deben impactar en la lucha contra la trata de personas. Aunque no se menciona expl\u00edcitamente la lucha contra este delito, entendemos que medidas como el fortalecimiento de los \u00f3rganos de inteligencia, la realizaci\u00f3n de megaoperativos, la conformaci\u00f3n de equipos policiales especializados, rigurosos controles contra la corrupci\u00f3n e, inclusive, el programa de recompensas, tendr\u00e1n en cuenta la urgencia de perseguir este delito. Por supuesto, las responsabilidades del Ejecutivo no se reducen a perseguir el delito y urge tambi\u00e9n fortalecer los servicios asociados a la atenci\u00f3n de las v\u00edctimas (por ejemplo, los servicios de salud mental), contar con albergues para v\u00edctimas adultas y aumentar los albergues especializados para ni\u00f1as y ni\u00f1os, fortalecer el servicio de abogac\u00eda para v\u00edctimas para generar un equipo de respuesta r\u00e1pida, especializado y eficaz en sus intervenciones frente a los \u00f3rganos de justicia, entre otros aspectos.<\/p>\n
El sistema judicial tiene el gran pendiente y reto de adoptar medidas eficaces para reducir la impunidad y la corrupci\u00f3n que se evidencia en cada proceso judicial contra tratantes. Esto se evidencia en que \u00a0de 100 personas procesadas, solo 2 han recibido sentencias condenatorias. El Poder Judicial en especial debe asumir protagonismo frente al Lineamiento General N\u00b0 6 de la Pol\u00edtica Nacional contra la Trata de Personas que orienta la acci\u00f3n del Estado hacia un mejor procesamiento y sanci\u00f3n de las personas victimarias. En especial, debe existir una justicia predecible para la sociedad y que repara el da\u00f1o causado a las v\u00edctimas, quienes deben percibir que sus denuncias tienen consecuencias positivas para su proceso de recuperaci\u00f3n.<\/p>\n
El Congreso tambi\u00e9n tiene una agenda pendiente y es necesario retomar el trabajo multipartidario que caracteriz\u00f3 al Congreso anterior, donde la principal responsabilidad recae, no hay duda, en la primera mayor\u00eda. Una de las m\u00e1s importantes tareas a corto plazo es la aprobaci\u00f3n de un presupuesto para el a\u00f1o 2017 que demuestre un compromiso compartido entre el gobierno y el Congreso por la lucha contra la trata. El Congreso debe fiscalizar que el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, as\u00ed como los \u00f3rganos constitucionalmente aut\u00f3nomos, hagan uso del pliego presupuestal establecido por ley, y responsabilizarse que este pliego sea aprobado.<\/p>\n