Los derechos humanos establecen la necesidad de garantizar la igualdad entre las personas; es as\u00ed que tanto el derecho a la igualdad como la prohibici\u00f3n de la discriminaci\u00f3n convergen como basamento de los derechos fundamentales de la ciudadan\u00eda. Sin embargo, en muchas ocasiones ni\u00f1as y mujeres son marginadas, violentadas y\/o relegadas en funci\u00f3n del g\u00e9nero, roles o estereotipos atribuidos por una sociedad machista, generando la necesidad de reivindicar la lucha contra las diversas formas de discriminaci\u00f3n y violencia contra las mujeres.<\/p>\n
Existen dos instituciones del Estado que se han pronunciado al respecto. Por un lado, el Tribunal Constitucional establece que la prohibici\u00f3n internacional de discriminaci\u00f3n basada en sexo busca promover la igualdad real de las mujeres ; por otro lado la Defensor\u00eda del Pueblo indica que los actos discriminatorios se basan en un prejuicio negativo que hace que los miembros de un grupo sean tratados como seres no s\u00f3lo diferentes, sino inferiores .<\/p>\n
En el Per\u00fa, un claro ejemplo de la desigualdad, inequidad y discriminaci\u00f3n lo encontramos en la situaci\u00f3n de trata de personas \u00a0en la que muchas mujeres peruanas o extranjeras se ven inmersas con fines de explotaci\u00f3n sexual o laboral. La v\u00edctima de trata de personas es utilizada como mercanc\u00eda u objeto transable, siendo vendida y comprada para el disfrute, en su mayor\u00eda, de hombres, priv\u00e1ndola \u00a0de \u00a0derechos fundamentales como \u00a0la libertad personal, la dignidad, la integridad y la vida.<\/p>\n
De acuerdo al Observatorio de la Criminalidad, al a\u00f1o 2013 se han reportado 3129 v\u00edctimas de trata de personas, de las cuales 2491 son mujeres y ni\u00f1as, la situaci\u00f3n se agrava al constatar que estamos hablando del 79.6% del total de v\u00edctimas registradas. Ahora bien, en el mismo periodo, se detect\u00f3 que 1848 v\u00edctimas eran menores de 18 a\u00f1os y \u00a01355 fueron explotadas con fines sexuales.<\/p>\n
Las estad\u00edsticas evidencian una realidad inevitable: la trata de personas es un delito que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se expresa en t\u00e9rminos de g\u00e9nero puesto que afecta preferentemente a mujeres y ni\u00f1as. Esto se debe a un problema multicausal que comprende varios factores como: situaciones de riesgo que propician una situaci\u00f3n de vulnerabilidad; la necesidad de ingresos; los patrones culturales; la corrupci\u00f3n; la criminalidad; la discriminaci\u00f3n de g\u00e9nero, entre otros factores que terminan por facilitar la captaci\u00f3n de la mujer por parte de los tratantes.<\/p>\n
Ninguna de las regiones del Per\u00fa se encuentra a salvo de este problema. Los tratantes operan a trav\u00e9s de redes organizadas y\/o grupos vinculados a bares, discotecas, prost\u00edbulos y hospedajes, aprovech\u00e1ndose de la debilidad del rol fiscalizador de los gobiernos locales y regionales, la pr\u00e1cticamente inexistente aplicaci\u00f3n de sanciones administrativas y clausura de establecimientos, entre otros. La inacci\u00f3n de los diversos actores del estado refuerza la impunidad y termina por promover la inseguridad ciudadana y facilitar el delito.<\/p>\n
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