Esta semana, la Unidad Central de Protecci\u00f3n y Asistencia a V\u00edctimas y Testigos present\u00f3 el Protocolo del Ministerio P\u00fablico para la Atenci\u00f3n de las V\u00edctimas del delito de Trata de Personas que busca establecer una ruta \u00fanica para los fiscales penales, mixtos, de familia y funcionarios de las UDAVIT y UAIVT a nivel nacional, y otras instancias como la Oficina de Cooperaci\u00f3n Judicial, Internacional y Extradiciones de la Fiscal\u00eda de la Naci\u00f3n, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio P\u00fablico, entre otros, con el fin de que trabajen de manera articulada cuando se enfrenten a casos de trata de personas. Consideramos que el Protocolo es una herramienta de trabajo muy importante para aquellos funcionarios p\u00fablicos y privados que brindan atenci\u00f3n y asistencia a casos de trata de personas, pues adem\u00e1s de proporcionar est\u00e1ndares para la atenci\u00f3n especializada a las v\u00edctimas, describe las funciones de cada \u00f3rgano y c\u00f3mo debe ser su interacci\u00f3n.<\/p>\n
Las v\u00edctimas de trata de personas, tanto ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes como mayores de edad (mujeres y hombres), han tenido que enfrentar la falta de articulaci\u00f3n entre la Polic\u00eda Nacional, Ministerio P\u00fablico, Poder Judicial, entre otros operadores p\u00fablicos, pues muchas veces los esfuerzos de estas organizaciones han sido aislados.\u00a0 Esta situaci\u00f3n genera respuestas parciales a las necesidades de las v\u00edctimas, causando su injusta re victimizaci\u00f3n.<\/p>\n
La falta de coordinaci\u00f3n entre la Polic\u00eda Nacional y Fiscal\u00eda nos brinda un ejemplo de lo mencionado. A lo largo del proceso de atenci\u00f3n, desde la interposici\u00f3n de la denuncia, se ha observado que en muchas ocasiones ambas instituciones no trabajan en conjunto, obviando sus funciones e incluso invalidando algunas acciones por ello. Otros problemas que se desprenden de esta situaci\u00f3n son: la falta de presupuesto para sufragar gastos de retorno de las v\u00edctimas, la ausencia de personal suficiente para realizar el seguimiento de la asistencia brindada o cumplimiento real de las medidas de protecci\u00f3n solicitadas a nivel fiscal o judicial, falta de personal encargado de la defensa legal gratuita, la rigidez de los programas de protecci\u00f3n de v\u00edctimas; la ausencia de programas que se ocupen\u00a0 de llevar a cabo una pol\u00edtica efectiva de reinserci\u00f3n laboral de los agraviados, pol\u00edticas integrales para el cuidado de los aspectos relacionados a la salud, entre otros.<\/p>\n
El protocolo sienta las bases para el trabajo interinstitucional articulado, pues incorpora las disposiciones del protocolo de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa – PNP, promulgado mediante Resoluci\u00f3n Ministerial N\u00b0 1305, el 30 de setiembre del 2013, brindando una ruta \u00fanica en la atenci\u00f3n y protecci\u00f3n de las v\u00edctimas, conforme a lo designado por ley y los est\u00e1ndares internacionales. Creemos que esto podr\u00eda mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a los numerosos casos detectados a nivel nacional y evitar problemas como la re victimizaci\u00f3n, la falta de refugio o albergue, la falta de asistencia de salud y legal, e impulsando la protecci\u00f3n efectiva, a trav\u00e9s del trabajo coordinado y unificado entre las instituciones involucradas.<\/p>\n
Recordemos que el Sistema de Informaci\u00f3n Estrat\u00e9gica sobre Trata de Personas – SISTRA registra un total de 1548 casos entre los a\u00f1os 2007 y 2013 a nivel fiscal (un promedio de 221 casos por a\u00f1o), con un n\u00famero total de 2426 presuntas v\u00edctimas. Este elevado n\u00famero de v\u00edctimas, no muestra la realidad de la incidencia del delito, puesto que debemos considerar que se presume una cifra negra no revelada por los sistemas de registro operativos actualmente.<\/p>\n
Aplicar exitosamente el protocolo y cumplir a cabalidad con sus objetivos exige la asignaci\u00f3n de un presupuesto estrat\u00e9gico y planificado para la sensibilizaci\u00f3n de autoridades y capacitaci\u00f3n de todos los operadores y\/o usuarios, que en la pr\u00e1ctica tienen asumidas responsabilidades y obligaciones en \u00e9l, tanto a nivel nacional, regional como local. La difusi\u00f3n del protocolo debe abarcar a otras instituciones estatales y organismos de la sociedad civil involucrados en la ruta de atenci\u00f3n de casos de trata de personas. Esto \u00faltimo es particularmente importante pues todos pueden contribuir como veedores del cumplimiento del protocolo y propiciar el trabajo articulado.<\/p>\n
En definitiva, el protocolo debe ser aplicado y no quedar olvidado en el papel, como muchas veces ocurre con la normativa vigente, por tanto debe ser asumido y aplicado por los operadores. Por tal motivo, haremos un trabajo de vigilancia que garantice el cumplimiento de la implementaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de este y otros protocolos que hagan falta, por un trato digno a las v\u00edctimas de trata de personas.<\/p>\n
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