En las \u00faltimas semanas ha causado pol\u00e9mica en el Per\u00fa el debate sobre la promulgaci\u00f3n de la Ley 32181, que elimina la detenci\u00f3n preliminar en casos de no flagrancia, una medida que distintos expertos han coincidido en rechazar porque debilita la lucha contra la criminalidad y \u201cfacilita la vida a los corruptos\u201d. Aunque tras las opiniones en contra desde diversos frentes y la protesta ciudadana, el Ejecutivo parece haber retrocedido y est\u00e1 en camino a derogar esa norma, lo cierto es que esta es solo una cereza m\u00e1s de un pastel mucho m\u00e1s grande de leyes que han sido aprobadas este a\u00f1o por el Congreso, con el aval del Ejecutivo, con la finalidad clara de beneficiar ciertos intereses particulares.<\/p>\n
Y es que este a\u00f1o se han aprobado normas muy cuestionadas, como la Ley 32108 y sus modificatorias, que debilita la lucha contra el crimen organizado. Esta ley, que plantea que los allanamientos se realicen con la presencia del investigado involucrado y un abogado de defensa p\u00fablica, ha representado un duro golpe para la labor de la Fiscal\u00eda y de la Polic\u00eda, beneficiando a diversas redes criminales. Pero no solo eso, la norma tambi\u00e9n elimina de sus alcances muchos delitos que est\u00e1n relacionados con la corrupci\u00f3n y libera a los partidos pol\u00edticos de la afectaci\u00f3n de sus activos y de sus bienes en caso de que ellos est\u00e9n involucrados en temas de criminalidad organizada. Las modificaciones sin duda tienen nombre propio y favorece a ciertas tiendas pol\u00edticas que incluyen en sus filas a congresistas con procesos de investigaci\u00f3n por corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Pero no es el \u00fanico caso. Durante el 2024 que se termina el Legislativo ha promulgado m\u00e1s de 20 normas pol\u00e9micas que afectan directamente la lucha contra la criminalidad y contra las econom\u00edas ilegales. Est\u00e1n, por ejemplo, la Ley 31973, llamada \u00abLey Antiforestal\u00bb, que ha sido cuestionada por suspender por dos a\u00f1os la zonificaci\u00f3n forestal, facilitando la tala ilegal y la depredaci\u00f3n de \u00e1reas protegidas; asimismo, la Ley 31989, que favorece la miner\u00eda ilegal al derogar los controles sobre el uso de explosivos de los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalizaci\u00f3n Minera (REINFO), un registro creado en 2012 que ten\u00eda el fin de regularizar temporalmente la extracci\u00f3n informal de oro. En l\u00ednea con este favorecimiento a la miner\u00eda ilegal, el Congreso aprob\u00f3 extender el plazo del REINFO por seis meses m\u00e1s y alista otro proyecto para ampliar dicho registro hasta por dos a\u00f1os adicionales. Lo peligroso es que, mientras se siga renovando el REINFO, se corre el riesgo de seguir perpetuando la miner\u00eda ilegal y el crecimiento de las econom\u00edas criminales.<\/p>\n
Y hay m\u00e1s. Este 2024 el Legislativo tambi\u00e9n aprob\u00f3 otras leyes controvertidas, como la Ley 31990, que debilita la colaboraci\u00f3n eficaz, una herramienta importante en la lucha contra la corrupci\u00f3n. Asimismo, se promulg\u00f3 la Ley 32130, que faculta a la Polic\u00eda Nacional a investigar delitos de manera preliminar, pero con la presencia de abogados de oficio en allanamientos, lo que es dif\u00edcil de implementar por su baja disponibilidad.<\/p>\n
A esto se debe sumar el retroceso en el nivel de rendici\u00f3n de cuentas por la trata de personas. En noviembre de este a\u00f1o el Congreso promulg\u00f3 por insistencia la Ley 32165, que cambi\u00f3 la pr\u00e1ctica de que el Ejecutivo acuda al Pleno cada a\u00f1o para informar sobre los avances en materia de lucha contra este delito. Con la modificaci\u00f3n, ahora solo se tendr\u00e1 que rendir cuentas ante dos comisiones del Congreso: la de Justicia y Derechos Humanos y la de Mujer y Familia, con lo cual se desconoce por completo el car\u00e1cter pluridimensional de la trata de personas, que el mismo Ejecutivo reconoce en la Pol\u00edtica Nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotaci\u00f3n al 2030. Dicha pol\u00edtica establece 42 servicios p\u00fablicos a ser implementados por 11 ministerios y 4 organismos aut\u00f3nomos para combatir el crimen en todo el pa\u00eds, lo cual no ha sido considerado por el Congreso.<\/p>\n
Aunque la aprobaci\u00f3n de estas medidas se fundamenta en la supuesta lucha contra la criminalidad y en la necesidad de disminuir la sensaci\u00f3n de inseguridad ciudadana, lo cierto es que este 2024 se han aprobado un conjunto de normas que convergen entre s\u00ed y tienen la clara intenci\u00f3n de dar m\u00e1s facilidades a los investigados, mientras que se pone en riesgo la seguridad de la ciudadan\u00eda. La situaci\u00f3n es riesgosa, pues las modificaciones est\u00e1n elevando los niveles de impunidad, haciendo que el Per\u00fa se vuelva un lugar atractivo para las bandas criminales organizadas de trata de personas, sicariato, extorsi\u00f3n y corrupci\u00f3n, as\u00ed como de tala y miner\u00eda ilegal, entre otros.<\/p>\n
De cara al 2025 y teniendo en cuenta de que se trata de un a\u00f1o preelectoral en el que se pondr\u00e1 nuevamente en funcionamiento la bicameralidad, desde la sociedad civil seguiremos insistiendo para que el Ejecutivo y el Legislativo reflexionen sobre la importancia de poner en marcha medidas efectivas que, en lugar de estar de espaldas y dar una estocada a la ciudadan\u00eda, fortalezcan el sistema de persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n penal y doten a la Polic\u00eda y a la Fiscal\u00eda de los recursos adecuados para enfrentar estos graves delitos que afectan los derechos y la dignidad humana.<\/p>\n
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