Este 30 de julio, en el D\u00eda Internacional contra la Trata de Personas, el Per\u00fa llega con una deuda alarmante en materia de prevenci\u00f3n, atenci\u00f3n y justicia para las v\u00edctimas. A pesar de contar con una Pol\u00edtica Nacional que establece metas concretas al 2030 y leyes pertinentes para procesar el delito, las cifras oficiales muestran un escenario marcado por la descoordinaci\u00f3n, la precariedad institucional y la indiferencia pol\u00edtica.<\/p>\n
Seg\u00fan datos del Sistema de Gesti\u00f3n Fiscal del Ministerio P\u00fablico, solo en los primeros seis meses de 2025 se han registrado 1067 casos de trata, lo que se suma a las 7,175 denuncias acumuladas desde 2022, con un promedio de 2,050 casos anuales, 171 al mes y seis al d\u00eda. Sin embargo, esta realidad contrasta con la informaci\u00f3n del Ministerio del Interior, que para todo el 2024 solo reconoci\u00f3 583 v\u00edctimas, mientras que en el mismo periodo el Ministerio P\u00fablico report\u00f3 2284 casos.<\/p>\n
Esta discrepancia en las cifras no es nueva. Desde hace a\u00f1os, CHS Alternativo ha advertido sobre la necesidad urgente de homologar los datos oficiales, pues sin informaci\u00f3n confiable y unificada es imposible dise\u00f1ar pol\u00edticas p\u00fablicas eficaces, asignar recursos o implementar protocolos adecuados. Esta situaci\u00f3n no solo refleja descoordinaci\u00f3n, sino una alarmante falta de voluntad pol\u00edtica para abordar un problema de dimensiones nacionales y transnacionales.<\/p>\n
El contexto de este delito se agrava con la expansi\u00f3n de las redes criminales que no solo se dedican a la trata de personas, sino que tambi\u00e9n operan en otras econom\u00edas il\u00edcitas como la miner\u00eda ilegal, el narcotr\u00e1fico, la tala ilegal y la extorsi\u00f3n. Bandas como el Tren de Aragua, Los Hijos de Dios, Los Pulpos o Los Tiguerones han extendido su influencia en el pa\u00eds, aprovechando el d\u00e9bil control estatal, la pobreza estructural, la informalidad generalizada y la corrupci\u00f3n. En una econom\u00eda donde predomina la informalidad, el costo operativo para los tratantes es m\u00ednimo y las ganancias muy elevadas, mientras que el riesgo de ser procesados y sancionados es casi inexistente.<\/p>\n
Y es que la judicializaci\u00f3n del delito enfrenta serios obst\u00e1culos: la corrupci\u00f3n institucional, la intimidaci\u00f3n criminal y la precariedad del sistema de justicia hacen el resultado sea un sistema que desalienta la denuncia y protege, en los hechos, a los explotadores. De hecho, en los \u00faltimos meses, el Congreso ha aprobado normas que debilitan a\u00fan m\u00e1s el sistema penal y favorecen las econom\u00edas criminales vinculadas a la trata. Entre ellas destacan la Ley 32108, que reduce las condiciones para investigar delitos de crimen organizado; la Ley 31989, que beneficia la miner\u00eda ilegal; y la Ley 31973, que hace lo propio con la tala ilegal. Estas normas consolidan un entorno de impunidad y fortalecen a las mafias que lucran con la vida y dignidad de miles de peruanos.<\/p>\n
A pesar de este panorama, el Congreso de la Rep\u00fablica, en lugar de legislar a favor de la ciudadan\u00eda, ha optado por reducir el nivel de fiscalizaci\u00f3n del delito. El 19 de noviembre de 2024, se promulg\u00f3 la Ley 32165, que encasilla la rendici\u00f3n de cuentas en solo dos comisiones parlamentarias (Justicia y Mujer), excluyendo la posibilidad de un debate m\u00e1s amplio en el Pleno. Esta norma, observada por el Ejecutivo, pero aprobada por insistencia del Legislativo, ignora la naturaleza multidimensional del delito, que involucra a sectores como Salud, Educaci\u00f3n, Trabajo, Producci\u00f3n, Defensa, Interior, Transportes y m\u00e1s.<\/p>\n
Las consecuencias de esta decisi\u00f3n son graves. Para que el Estado pueda asignar un presupuesto significativo a la lucha contra la trata de personas, se requiere un debate amplio y multisectorial en el Congreso. Al restringir esta discusi\u00f3n a comisiones ordinarias, se obstruye la aprobaci\u00f3n de recursos y se debilita el enfoque integral que requiere la implementaci\u00f3n de la Pol\u00edtica Nacional frente a la Trata de Personas. Como evidencia de este abandono, el presupuesto espec\u00edfico para enfrentar este crimen se ha estancado en apenas el 0.003% del presupuesto nacional, lo que en 2023 signific\u00f3 solo 18 c\u00e9ntimos de sol por persona para prevenir, sancionar y atender la trata y sus consecuencias.<\/p>\n
En este contexto, hacemos un llamado urgente al Estado y a sus autoridades a cumplir con su deber y asumir un compromiso real y sostenido frente a este delito. La lucha contra la trata requiere coordinaci\u00f3n, presupuesto, transparencia y decisi\u00f3n pol\u00edtica. No basta con conmemorar fechas: se necesitan acciones concretas.<\/p>\n\n\n
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