En el Per\u00fa, la violencia contra mujeres, ni\u00f1as y adolescentes contin\u00faa cobrando v\u00edctimas cada d\u00eda. Solo en los primeros siete meses del a\u00f1o, casi 100 mil personas acudieron a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para denunciar agresiones. Esto significa que, diariamente, 192 mujeres fueron v\u00edctimas de violencia psicol\u00f3gica, 171 fueron golpeadas, 95 sufrieron violaci\u00f3n sexual y, cada 48 horas, una mujer fue asesinada.<\/p>\n
Las cifras son alarmantes y, sin embargo, no reflejan toda la dimensi\u00f3n del problema. La \u00faltima Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales del Instituto Nacional de Estad\u00edstica e Inform\u00e1tica (INEI) muestra que, aunque la violencia sexual en la pareja baj\u00f3 de 4.5%, en 2019, a 2.4%, en 2024, la tolerancia social hacia la violencia contra la mujer aument\u00f3, en ese mismo periodo, de 58.9% a 75.7%. Hoy en d\u00eda, tres de cada cuatro personas justifican o minimizan las agresiones; el 71.3% de la poblaci\u00f3n adulta aprueba las actitudes sexistas, y m\u00e1s de la mitad de los hombres (56.5%) llega a justificar la violaci\u00f3n sexual. La violencia no solo se ejerce, se legitima.<\/p>\n
El impacto en ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes es igualmente devastador. Seg\u00fan la misma fuente, uno de cada tres es v\u00edctima de violencia en el hogar o la escuela. En las aulas, el 43.7% de menores de 9 a 11 a\u00f1os de edad y el 42.5% de adolescentes de 12 a 17 a\u00f1os sufren agresiones, y una de cada cinco adolescentes mujeres enfrenta violencia sexual en su entorno social o comunitario. Como si eso fuera poco, en el terreno m\u00e1s extremo, la trata de personas persiste: entre enero y junio, el Ministerio P\u00fablico report\u00f3 1229 v\u00edctimas, en su mayor\u00eda mujeres que antes ya hab\u00edan sufrido violencia.<\/p>\n
Frente a estas cifras, denunciar es un acto de valent\u00eda. Sin embargo, en el Per\u00fa hacerlo implica atravesar un sistema que con frecuencia revictimiza, con tr\u00e1mites lentos, falta de pruebas suficientes, presiones familiares y amenazas que derivan en el archivo de los casos. Como advierte la fiscal de Familia Ana Coss\u00edo, las sobrevivientes enfrentan un camino costoso y desgastante, con un Estado que ofrece acompa\u00f1amiento legal y psicol\u00f3gico insuficiente.<\/p>\n
Lo preocupante es que, en lugar de reforzar la protecci\u00f3n, desde el Congreso se impulsan retrocesos. La presidenta de la Comisi\u00f3n de Mujer y Familia, Milagros Aguayo, ha presentado un proyecto de ley para fusionar el Ministerio de la Mujer con el de Desarrollo e Inclusi\u00f3n Social en el llamado \u201cMinisterio de la Familia\u201d. Una iniciativa que, lejos de fortalecer la respuesta frente a la violencia, podr\u00eda diluir el enfoque de g\u00e9nero, reduciendo especializaci\u00f3n, recursos y visibilidad en la atenci\u00f3n a mujeres y ni\u00f1as.<\/p>\n
Casos como el del congresista Jos\u00e9 Jer\u00ed, investigado por violaci\u00f3n sexual y aun as\u00ed elegido presidente del Congreso, evidencian el desprecio de la clase pol\u00edtica hacia la violencia que padecen las mujeres. A ello se suman esc\u00e1ndalos como las denuncias de prostituci\u00f3n dentro del Parlamento, que muestran la degradaci\u00f3n de un espacio que deber\u00eda ser ejemplo de \u00e9tica p\u00fablica y compromiso con los derechos ciudadanos.<\/p>\n
En este contexto, preocupa constatar que en los \u00faltimos a\u00f1os se ha producido un retroceso en la protecci\u00f3n de los derechos de las mujeres, expresado en el aumento de la tolerancia social y en la normalizaci\u00f3n de la violencia de g\u00e9nero. Esta tendencia no solo debilita los avances alcanzados, sino que tambi\u00e9n compromete la construcci\u00f3n de una sociedad m\u00e1s justa e igualitaria.<\/p>\n
El Per\u00fa cuenta con pol\u00edticas y estrategias para enfrentar la violencia de g\u00e9nero. Adem\u00e1s de la Estrategia Nacional de Prevenci\u00f3n y la Pol\u00edtica Nacional de Igualdad de G\u00e9nero, existe la Ley 30364, que establece instancias de concertaci\u00f3n regionales, provinciales y distritales para coordinar la prevenci\u00f3n y sanci\u00f3n de la violencia. Sin embargo, \u00bfcu\u00e1ntas de estas instancias funcionan realmente? \u00bfQu\u00e9 municipalidades han cumplido con implementar planes de acci\u00f3n? \u00bfQui\u00e9n supervisa su cumplimiento? La falta de respuestas revela un sistema fr\u00e1gil que no garantiza protecci\u00f3n efectiva para las v\u00edctimas.<\/p>\n
Tambi\u00e9n hay experiencias valiosas en algunos Centros de Emergencia Mujer que desarrollan programas comunitarios de empoderamiento econ\u00f3mico y promueven redes de apoyo entre mujeres. Aunque constituyen buenas pr\u00e1cticas que deber\u00edan replicarse a nivel nacional, siguen siendo limitadas y carecen del financiamiento necesario. Seg\u00fan informaci\u00f3n del portal estad\u00edstico del Programa Warmi \u00d1an, si bien el 100% de provincias del pa\u00eds cuentan con por lo menos un CEM, en los distritos la cobertura solo llega al 18%, lo que evidencia una cobertura insuficiente. Esta brecha deja a mujeres y ni\u00f1as en mayor situaci\u00f3n de vulnerabilidad y aumenta el riesgo de que la violencia se perpet\u00fae.<\/p>\n
La violencia de g\u00e9nero es una herida abierta que desgarra al pa\u00eds. Cada estad\u00edstica encierra un rostro, una historia, una vida truncada. Ante esa realidad, no bastan leyes ni discursos: se requieren pol\u00edticas sostenidas, presupuesto suficiente, justicia \u00e1gil y atenci\u00f3n especializada. El Estado debe llegar hasta las comunidades m\u00e1s alejadas, garantizar que cada denuncia reciba respuesta y que ninguna mujer, ni\u00f1a o adolescente quede atrapada en el silencio.<\/p>\n
Cada d\u00eda que pasa sin acci\u00f3n, m\u00e1s v\u00edctimas se suman a esta lista interminable. El Per\u00fa no puede permitirse mirar a otro lado. La tarea es impostergable.<\/p>\n\n\n
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