El 2025 cierra en el Per\u00fa con una crisis pol\u00edtica profunda, marcada por la inestabilidad en el Ejecutivo y el Legislativo, el debilitamiento de las instituciones y una creciente desconfianza ciudadana, en un contexto donde la crisis de seguridad ha dejado de ser solo un problema de orden p\u00fablico. El avance del crimen organizado, el aumento sostenido de las extorsiones y la expansi\u00f3n de econom\u00edas ilegales como el narcotr\u00e1fico, la trata de personas y, de manera creciente, la miner\u00eda ilegal, se han convertido en una amenaza directa a la democracia, no solo por la violencia que generan, sino porque hoy buscan ocupar espacios de poder pol\u00edtico.<\/p>\n
De hecho, seg\u00fan una encuesta de Ipsos para el Observatorio del Crimen y Violencia, el 78 % de la ciudadan\u00eda considera que estas econom\u00edas il\u00edcitas podr\u00edan influir en las elecciones generales de 2026, una percepci\u00f3n que especialistas advierten que no es exagerada y que anticipa riesgos de captaci\u00f3n, intimidaci\u00f3n y violencia pol\u00edtica. A ello se suma que investigaciones period\u00edsticas han revelado que algunos partidos pol\u00edticos ya albergan candidatos con v\u00ednculos directos con la miner\u00eda ilegal, incluyendo personas con REINFO vigente o suspendido, sanciones por extracci\u00f3n il\u00edcita o cercan\u00eda con asociaciones de mineros informales.<\/p>\n
Esta estrategia de dispersi\u00f3n en diversas bancadas no es nueva. Responde a una l\u00f3gica de infiltraci\u00f3n que ha permitido a estas redes mantener privilegios, debilitar la fiscalizaci\u00f3n estatal e incluso influir en normas clave. Sin embargo, hoy el riesgo es mayor, pues ya no se trata solo de influir en el Estado, sino de legislar desde dentro. En este escenario, problem\u00e1ticas como la violencia de g\u00e9nero o la trata de personas tambi\u00e9n se multiplican, pues ante el abandono estatal, el avance criminal se profundiza como una forma de control y silenciamiento que erosiona las condiciones b\u00e1sicas para una ciudadan\u00eda plena y una democracia efectiva.<\/p>\n
Las cifras son evidentes. Solo entre enero y octubre de 2025 se registraron m\u00e1s de 119 mil casos de violencia, el 84 % contra mujeres, adem\u00e1s de m\u00e1s de 27 mil violaciones sexuales y 119 feminicidios. La Encuesta Nacional de Hogares (ENARES) 2024 confirma un retroceso alarmante: la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres aument\u00f3 a 75,7 % en cinco a\u00f1os y supera el 80 % entre los hombres. Cuando una sociedad normaliza la violencia, las redes criminales encuentran un terreno f\u00e9rtil para expandirse.<\/p>\n
Pero lejos de fortalecer la respuesta del Estado, el Congreso ha impulsado decisiones que agravan el problema, como la eliminaci\u00f3n del enfoque de g\u00e9nero del marco normativo y el debilitamiento de la educaci\u00f3n sexual integral. Estas medidas no solo env\u00edan se\u00f1ales de retroceso en derechos, sino que reducen la capacidad del Estado para prevenir la violencia, proteger a las v\u00edctimas y enfrentar delitos complejos como la trata de personas, una de las expresiones m\u00e1s extremas de la criminalidad organizada.<\/p>\n
La trata de personas tambi\u00e9n contin\u00faa expandi\u00e9ndose en el pa\u00eds. De acuerdo con cifras del Ministerio P\u00fablico, desde 2020 se han registrado m\u00e1s de 13 600 v\u00edctimas, y solo entre enero y junio de este a\u00f1o se reportaron 1 229 nuevos casos, en su mayor\u00eda mujeres y menores de edad. Pese a ello, la respuesta estatal sigue siendo m\u00ednima. Mientras este delito mueve alrededor de 1 300 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o, el presupuesto p\u00fablico ejecutado para enfrentarlo apenas alcanza los S\/ 2,6 millones anuales. Esta brecha presupuestal tiene consecuencias concretas. Sin recursos suficientes, las fiscal\u00edas y la Polic\u00eda no pueden sostener operativos ni investigaciones especializadas, y tambi\u00e9n se debilitan los servicios de protecci\u00f3n, prevenci\u00f3n y justicia.<\/p>\n
Aunque en 2025 el Ejecutivo rindi\u00f3 cuentas por primera vez en ocho a\u00f1os sobre la lucha contra la trata de personas, los avances reportados a\u00fan no se traducen en resultados sostenibles. No solo persisten las brechas presupuestales, tambi\u00e9n la falta de articulaci\u00f3n territorial, los servicios siguen siendo insuficientes y hay una omisi\u00f3n grave frente a la digitalizaci\u00f3n del delito.<\/p>\n
De cara a las elecciones de abril y octubre, el pa\u00eds enfrenta una disyuntiva crucial. La violencia, la delincuencia, la explotaci\u00f3n y la expansi\u00f3n de las organizaciones criminales no pueden seguir siendo temas secundarios en la agenda electoral. La ciudadan\u00eda tiene derecho a exigir que los candidatos asuman compromisos claros, verificables y financiables para enfrentar la criminalidad organizada, erradicar la trata de personas, proteger a las v\u00edctimas y defender el Estado de derecho.<\/p>\n
El balance de 2025 deja una advertencia ineludible: mientras el crimen organizado avanza, la democracia se debilita. En un pa\u00eds donde el Estado responde con tibieza, el voto se convierte en nuestra \u00faltima l\u00ednea de defensa. No se puede votar por candidatos que representen organizaciones criminales, intereses ilegales o agendas anti derechos. No elegirlos no es solo una opci\u00f3n pol\u00edtica, sino una responsabilidad democr\u00e1tica. Hoy m\u00e1s que nunca necesitamos una ciudadan\u00eda que, en las urnas, marque un l\u00edmite claro frente a la ilegalidad, la violencia, la corrupci\u00f3n y la impunidad.<\/p>\n
Este llamado tambi\u00e9n interpela de manera directa a las organizaciones pol\u00edticas. Quienes hoy postulan al Congreso y al Ejecutivo tienen la responsabilidad inmediata de corregir esta situaci\u00f3n desde el \u00e1mbito nacional, incorporando compromisos claros contra el crimen organizado, la trata de personas y la violencia en todos sus planes de gobierno. Y quienes competir\u00e1n a nivel regional y local deben hacer lo propio, asumiendo que la lucha contra las econom\u00edas criminales y la protecci\u00f3n de los derechos no pueden ser un anexo, sino un eje central de las pol\u00edticas que prometen ejecutar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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