Percy Castillo Torres es especialista en Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana y exadjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad en la Defensor\u00eda del Pueblo. En esta entrevista hace un balance del 2025 y habla sobre el avance del crimen organizado, la violencia y la trata en un contexto de retrocesos en los derechos humanos.<\/p>\n
El 2025 cierra marcado por inestabilidad pol\u00edtica, la crisis de seguridad y una profunda desconfianza ciudadana. En este contexto y desde la perspectiva de Derechos Humanos, \u00bfc\u00f3mo eval\u00faa el estado de la democracia peruana y su capacidad para responder a la violencia y al avance del crimen organizado?<\/strong><\/p>\n Lo primero que tenemos que decir es que nuestra democracia atraviesa una agresi\u00f3n institucional notoria. Y es notoria tambi\u00e9n la debilidad del estado de derecho frente al fen\u00f3meno de la criminalidad organizada. La capacidad de respuesta estatal se encuentra comprometida, desgraciadamente, por una crisis de legitimidad y una inestabilidad pol\u00edtica que impide la implementaci\u00f3n de acciones de seguridad con enfoque de derechos humanos. En los \u00faltimos a\u00f1os hemos tenido demasiados ministros del interior, demasiados jefes de la Polic\u00eda, demasiados fiscales de la Naci\u00f3n, y eso justamente es lo que ha impedido estructurar una pol\u00edtica de seguridad ciudadana eficaz. Por otro lado, tenemos pol\u00edticas y acciones que no se condicen con lo que se\u00f1alan los mandatos y principios en materia de derechos humanos. En este contexto, la seguridad ciudadana, entendida como un bien jur\u00eddico protegido y un requisito previo para el ejercicio de derechos fundamentales, se ve vulnerada justamente por la falta de una estrategia integral que articule el control territorial con la prevenci\u00f3n del delito.<\/p>\n En 2025 la violencia de g\u00e9nero tambi\u00e9n se ha agravado. Las cifras oficiales del MIMP muestran entre enero y octubre m\u00e1s de 119 mil casos y preocupa el aumento de la tolerancia social hacia la violencia. En ese marco, \u00bfc\u00f3mo ve la nueva Ley de igualdad de oportunidades que elimina el enfoque de g\u00e9nero de las pol\u00edticas p\u00fablicas?<\/strong><\/p>\n Sin lugar a dudas es un retroceso. Eliminar el enfoque de g\u00e9nero en las pol\u00edticas p\u00fablicas representa una vulneraci\u00f3n al principio de la convencionalidad y a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano, como la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9n do Par\u00e1. Los riesgos jur\u00eddicos y sociales incluyen, primero, que se invisibiliza la violencia estructural; al ignorar las categor\u00edas de g\u00e9nero, se neutralizan las herramientas estad\u00edsticas y operativas necesarias para abordar los m\u00e1s de 119 mil casos de violencia reportados. Y como usted bien ha se\u00f1alado, aumenta la tolerancia social, la supresi\u00f3n de las directrices, fomenta una cultura de impunidad y desprotecci\u00f3n a las mujeres, ni\u00f1os, ni\u00f1as, y adolescentes. Eso es una realidad que debe corregirse.<\/p>\n Otro tema que causa preocupaci\u00f3n es la trata de personas y la explotaci\u00f3n sexual que contin\u00faan en expansi\u00f3n, mientras el presupuesto p\u00fablico destinado a enfrentarlas resulta m\u00ednimo frente a las ganancias de las redes criminales\u2026<\/strong><\/p>\n Efectivamente, existe una brecha entre el presupuesto asignado y la rentabilidad de las econom\u00edas criminales. Como bien lo ha se\u00f1alado CHS Alternativo en diversos estudios, eso revela un incumplimiento del deber de garant\u00eda por parte del Estado. La asignaci\u00f3n m\u00ednima de recursos frente a la expansi\u00f3n de la trata y explotaci\u00f3n sexual sugiere una falta de voluntad pol\u00edtica para tutelar la dignidad humana como valor supremo de la sociedad, y eso resulta innegable. El Estado falla entonces en su rol protector de las poblaciones vulnerables, permitiendo que las redes criminales operen con una ventaja log\u00edstica y financiera desproporcionada, y eso es una situaci\u00f3n grav\u00edsima. Pero, adem\u00e1s, hay que se\u00f1alar que las organizaciones criminales est\u00e1n tomando el Estado. Hay una grav\u00edsima y peligrosa infiltraci\u00f3n de candidatos vinculados a la miner\u00eda ilegal y otras econom\u00edas delictivas en partidos pol\u00edticos, lo que constituye una amenaza directa a la integridad democr\u00e1tica.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1l es el peligro de estas candidaturas? \u00bfQu\u00e9 podr\u00eda pasar?<\/strong><\/p>\n Bueno, las consecuencias van a ser grav\u00edsimas. Primero, un conflicto de intereses e impunidad. El acceso de estos actores a cargos de representaci\u00f3n nacional va a facilitar la captura del regulador, es decir donde se legisla o se gestionan normas habr\u00e1 una infiltraci\u00f3n para beneficiar intereses particulares ileg\u00edtimos. Cuando estas personas ingresen al Poder Legislativo, por ejemplo, van a capturar el aparato de producci\u00f3n normativa y obviamente van a legislar a favor de sus intereses. Y eso obviamente va a conllevar, y ya lo estamos viendo, a un debilitamiento normativo, (es decir) la aprobaci\u00f3n de leyes que favorecen indirectamente la explotaci\u00f3n y la trata. Eso subierte el fin constitucional del Congreso de la Rep\u00fablica, convirtiendo la labor legislativa en un instrumento de desprotecci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n Los gobiernos regionales y locales, \u00bfqu\u00e9 rol juegan en poder detectar o regular la expansi\u00f3n o contenci\u00f3n de estas econom\u00edas criminales a fin de ponerle freno de manera temprana?<\/strong><\/p>\n Juegan un rol important\u00edsimo, un rol cr\u00edtico en la gesti\u00f3n territorial. Su responsabilidad radica en el control de las actividades econ\u00f3micas. La omisi\u00f3n de la fiscalizaci\u00f3n de estas econom\u00edas il\u00edcitas permite su arraigo territorial. Porque son los gobiernos subnacionales los que saben d\u00f3nde opera el traficante, d\u00f3nde opera la miner\u00eda ilegal, d\u00f3nde se explota a personas, a mujeres; ellos lo saben bien. Saben que pueden y tienen herramientas, por ejemplo, para cerrar los locales, para clausurarlos, y no lo hacen. Porque justamente o abdican de su control o son parte de la organizaci\u00f3n criminal. Por otro lado, los gobiernos subnacionales tienen el deber de proteger derechos, deben implementar servicios centralizados de atenci\u00f3n a las v\u00edctimas y de prevenci\u00f3n de la violencia en el \u00e1mbito local. Y esto no es un favor que hacen a la ciudadan\u00eda, es un deber.<\/p>\n Frente a este escenario \u00bfqu\u00e9 compromisos en materia de derechos humanos, lucha contra la violencia, contra la trata y tambi\u00e9n contra la delincuencia organizada deber\u00edan asumir los candidatos que participar\u00e1n en el pr\u00f3ximo proceso electoral?<\/strong><\/p>\n En el marco del proceso electoral, los candidatos deben suscribir compromisos m\u00ednimos vinculantes que incluyan el sometimiento al control de idoneidad y la transparencia absoluta sobre el origen de sus fondos y v\u00ednculos comerciales. Deben promover una agenda de derechos humanos, priorizar la lucha contra la trata y la violencia de g\u00e9nero en sus planes de gobierno y tambi\u00e9n deben asumir el compromiso de no retirar al Per\u00fa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adem\u00e1s, asumir el compromiso de cumplir las sentencias de la corte, de acatar las recomendaciones de los \u00f3rganos del Sistema de Naciones Unidas. Y obviamente deben comprometerse a fortalecer el sistema de justicia y a no interferir en las investigaciones contra el crimen organizado.<\/p>\n Desde la sociedad civil, \u00bfde qu\u00e9 manera podr\u00edamos ayudar a promover un voto informado y consciente?<\/strong><\/p>\n La ciudadan\u00eda tiene el derecho y el deber de ejercer un voto responsable mediante el escrutinio de las hojas de vida y los antecedentes de los candidatos, eso es lo que podemos hacer, fijarnos bien qui\u00e9n es la persona que elegimos, qu\u00e9 cargos ha ejercido antes, qu\u00e9 problemas judiciales puede haber tenido, eso es una obligaci\u00f3n que tenemos nosotros como electores.<\/p>\n En tanto, \u00bfqu\u00e9 decisiones urgentes deber\u00edan tomarse para proteger la democracia y evitar que estos candidatos y estas econom\u00edas criminales sigan ganando terreno?<\/strong><\/p>\n Es urgente la adopci\u00f3n de reformas que fortalezcan los filtros de exclusi\u00f3n de candidatas y candidatos para dejar al margen a aquellos con nexos criminales, as\u00ed evitaremos que las econom\u00edas ilegales consoliden su poder pol\u00edtico. La ciudadan\u00eda tiene herramientas y toca que hagan un compromiso con el pa\u00eds para verificar por qui\u00e9nes van a votar y qu\u00e9 hay detr\u00e1s de cada organizaci\u00f3n pol\u00edtica que se presenta a la elecci\u00f3n.<\/p>\n Finalmente, teniendo en cuenta lo ocurrido en 2025, \u00bfqu\u00e9 es lo que deber\u00edamos esperar que cambie en el siguiente a\u00f1o?<\/strong><\/p>\n Este a\u00f1o creo que ha sido terrible para la institucionalidad, en general el Congreso ha aprobado leyes muy malas que debilitan la lucha contra el crimen organizado y favorecen la impunidad, como las normas de prescripci\u00f3n o la ley de amnist\u00eda. Tambi\u00e9n se ha promovido desde el Estado del retiro del Acuerdo Interamericano y se ha desacatado sus fallos. En materia de derechos humanos ha sido un a\u00f1o terrible. Frente a este escenario, lo que queda es votar por gente que tenga compromisos reales con los derechos humanos y la lucha contra la criminalidad. Es algo que solo los ciudadanos tenemos en nuestras manos, todos debemos contribuir para que las elecciones que vienen se elijan a los mejores, a aquellos que tengan las mejores propuestas y que obviamente sean acorde con los principios que se defienden.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Percy Castillo Torres es especialista en Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana y exadjunto para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad en la Defensor\u00eda del Pueblo. 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