{"id":6783,"date":"2026-02-02T12:49:33","date_gmt":"2026-02-02T17:49:33","guid":{"rendered":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/?p=6783"},"modified":"2026-02-02T12:49:35","modified_gmt":"2026-02-02T17:49:35","slug":"no-314-inseguridad-y-explotacion-promesas-politicas-que-no-cuadran-con-el-presupuesto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/2026\/02\/02\/no-314-inseguridad-y-explotacion-promesas-politicas-que-no-cuadran-con-el-presupuesto\/","title":{"rendered":"N\u00ba 314 | INSEGURIDAD Y EXPLOTACI\u00d3N: PROMESAS POL\u00cdTICAS QUE NO CUADRAN CON EL PRESUPUESTO"},"content":{"rendered":"<p>El Per\u00fa se encamina hacia un nuevo proceso electoral en un contexto marcado por una crisis de inseguridad sin precedentes. El crimen organizado ya no se limita al narcotr\u00e1fico: hoy se expande con fuerza a trav\u00e9s de la miner\u00eda ilegal, la trata de personas, la extorsi\u00f3n, el sicariato y otras econom\u00edas criminales que erosionan el Estado de derecho y afectan, sobre todo, a las poblaciones m\u00e1s vulnerables. Frente a este escenario, los planes de gobierno presentados por las agrupaciones pol\u00edticas ofrecen diagn\u00f3sticos y promesas diversas, que van desde discursos de \u201cmano dura\u201d hasta propuestas de reformas institucionales y uso intensivo de tecnolog\u00eda. Sin embargo, en la gesti\u00f3n p\u00fablica hay una regla b\u00e1sica que no puede ignorarse: sin presupuesto, la pol\u00edtica se queda en el terreno de la demagogia.<\/p>\n<p>Desde CHS Alternativo, hemos analizado las propuestas en materia de seguridad ciudadana, derechos humanos y econom\u00edas ilegales, contrast\u00e1ndolas con la Ley n.\u00b0 32513, Ley de Presupuesto del Sector P\u00fablico para el A\u00f1o Fiscal 2026. El objetivo es claro: responder si las promesas que hoy se formulan cuentan realmente con condiciones m\u00ednimas para ser ejecutadas.<\/p>\n<p>El an\u00e1lisis de los planes de gobierno permite identificar dos grandes enfoques frente a la criminalidad. Por un lado, varias agrupaciones apuestan por una estrategia punitiva extrema: retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, restablecimiento de la pena de muerte para ciertos delitos, militarizaci\u00f3n de fronteras, jueces sin rostro y construcci\u00f3n masiva de megac\u00e1rceles. Este enfoque, que prioriza el castigo r\u00e1pido y simb\u00f3lico, omite los l\u00edmites jur\u00eddicos y financieros del Estado, as\u00ed como los riesgos de retrocesos democr\u00e1ticos y vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales.<\/p>\n<p>Por otro lado, un segundo grupo de partidos propone fortalecer la inteligencia policial y financiera, la interoperabilidad de sistemas de informaci\u00f3n, la trazabilidad del delito y la reforma institucional. Estas propuestas incluyen el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, la creaci\u00f3n de unidades especializadas contra la extorsi\u00f3n y el uso de tecnolog\u00eda para seguir el rastro del dinero il\u00edcito. Si bien este enfoque resulta m\u00e1s coherente con est\u00e1ndares internacionales, muchas de estas iniciativas carecen de precisi\u00f3n operativa y de un c\u00e1lculo realista de costos.<\/p>\n<p>En temas como la trata de personas, la explotaci\u00f3n humana y la violencia de g\u00e9nero, el panorama no es m\u00e1s alentador. Aunque casi todos los planes incluyen el problema en su diagn\u00f3stico, la mayor\u00eda se queda en formulaciones generales: registros, programas de reinserci\u00f3n, casas de acogida o enfoques de \u201ctolerancia cero\u201d, sin detallar c\u00f3mo se financiar\u00e1n ni c\u00f3mo se articular\u00e1n entre sectores y niveles de gobierno. Algo similar ocurre con la miner\u00eda ilegal; existe consenso en que el actual proceso de formalizaci\u00f3n ha fracasado, pero las soluciones propuestas \u2014desde el cierre definitivo del REINFO hasta nuevos reg\u00edmenes con trazabilidad digital\u2014 no vienen acompa\u00f1adas de una asignaci\u00f3n presupuestal acorde a la magnitud del problema.<\/p>\n<p>La revisi\u00f3n del presupuesto p\u00fablico para 2026 evidencia una brecha profunda entre el discurso pol\u00edtico y la capacidad real del Estado. En seguridad ciudadana, si bien se asignan m\u00e1s de S\/ 6,800 millones al programa de reducci\u00f3n de delitos, la mayor parte de estos recursos se destina a gasto corriente, principalmente sueldos y funcionamiento b\u00e1sico. No existe una provisi\u00f3n de inversi\u00f3n que permita, en el corto plazo, la construcci\u00f3n de las megac\u00e1rceles prometidas ni una reducci\u00f3n sustantiva del hacinamiento penitenciario.<\/p>\n<p>La situaci\u00f3n es a\u00fan m\u00e1s cr\u00edtica en la lucha contra la miner\u00eda ilegal. Mientras se promete una \u201cguerra frontal\u201d contra una econom\u00eda criminal que mueve miles de millones de d\u00f3lares, el presupuesto destinado a su reducci\u00f3n apenas supera los S\/ 177 millones, y el programa de formalizaci\u00f3n de la peque\u00f1a miner\u00eda cuenta con poco m\u00e1s de S\/ 13 millones para todo el a\u00f1o. Con estos recursos resulta inviable intervenir territorios extensos, implementar tecnolog\u00edas de trazabilidad o acompa\u00f1ar procesos de formalizaci\u00f3n reales.<\/p>\n<p>En materia de derechos humanos, el contraste tambi\u00e9n es evidente. Aunque algunos planes proponen abandonar el Sistema Interamericano, el propio presupuesto 2026 contempla m\u00e1s de S\/ 98 millones en cuotas a organismos internacionales, lo que demuestra que el Estado sigue operando bajo compromisos internacionales vigentes. Al mismo tiempo, los recursos para la atenci\u00f3n integral de v\u00edctimas de violencia y trata se encuentran fragmentados y son claramente insuficientes, especialmente a nivel regional, donde las asignaciones apenas superan los S\/ 100,000 o S\/ 200,000 anuales, lo que no alcanza para sostener los servicios especializados y continuos que prometen los planes de gobierno.<\/p>\n<p>Este an\u00e1lisis deja tres alertas claras. Primero, el desfinanciamiento de la formalizaci\u00f3n y de la lucha contra econom\u00edas ilegales perpet\u00faa el problema en lugar de resolverlo. Segundo, el populismo penal no se sostiene sin inversi\u00f3n p\u00fablica real en infraestructura y reforma del sistema penitenciario. Y tercero, el cuestionamiento al sistema internacional de derechos humanos ignora compromisos presupuestales existentes y pone en riesgo la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas m\u00e1s graves.<\/p>\n<p>Desde CHS Alternativo, hacemos un llamado a la ciudadan\u00eda a mirar m\u00e1s all\u00e1 de los slogans y exigir a las y los candidatos respuestas concretas sobre el c\u00f3mo y con qu\u00e9 se implementar\u00e1n sus propuestas. Combatir la trata de personas, la explotaci\u00f3n humana y el crimen organizado exige algo m\u00e1s que voluntad pol\u00edtica, requiere una ingenier\u00eda presupuestal seria, coherente y orientada a cerrar brechas reales. De lo contrario, el pa\u00eds podr\u00eda enfrentar en 2026 un cambio de autoridades, pero no un cambio efectivo en las condiciones que hoy dejan a las personas m\u00e1s vulnerables a la violencia y la ilegalidad.<\/p>\n<p><em>Fuentes utilizadas: Planes de Gobierno 2026-2031 (Ahora Naci\u00f3n, Alianza Electoral Venceremos, APP, Avanza Pa\u00eds, Fuerza Popular, Juntos por el Per\u00fa, Partido Morado, Renovaci\u00f3n Popular, Somos Per\u00fa, entre otros) y Ley N.\u00ba 32513 de Presupuesto del Sector P\u00fablico para el A\u00f1o Fiscal 2026 (Anexos 5, 6 y 8).<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En un contexto de creciente inseguridad y explotaci\u00f3n, los planes de gobierno prometen respuestas dr\u00e1sticas y reformas profundas. Sin embargo, el an\u00e1lisis del presupuesto p\u00fablico revela una brecha cr\u00edtica entre el discurso pol\u00edtico y la capacidad real del Estado para proteger derechos y enfrentar el crimen organizado.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6788,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[456,16,49,454],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6783"}],"collection":[{"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6783"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6783\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6784,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6783\/revisions\/6784"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6788"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6783"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6783"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6783"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}