Las denuncias y casos de personas desaparecidas contin\u00faan siendo una situaci\u00f3n alarmante en el Per\u00fa. Lejos de reducirse, este fen\u00f3meno se mantiene sostenido en el tiempo y evidencia profundas limitaciones en la respuesta estatal, afectando de manera particular a ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. Este fen\u00f3meno no puede analizarse de forma aislada, ya que en muchos casos est\u00e1 vinculado a delitos como la trata de personas, el trabajo infantil y la explotaci\u00f3n sexual, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.<\/p>\n
De acuerdo con el Registro Nacional de Informaci\u00f3n de Personas Desaparecidas (RENIPED), entre 2023 y 2025 se registraron 55,275 desapariciones. Solo en 2025 se reportaron 19,346 casos, lo que representa un incremento del 9,1 % respecto al 2024, superando incluso los niveles de 2023. Del total, el 58 % corresponde a mujeres y el 53,5 % a menores de edad, lo que confirma la alta exposici\u00f3n de ni\u00f1as y adolescentes a este riesgo.<\/p>\n
La mayor concentraci\u00f3n de casos se registra en Lima, con m\u00e1s de 22 mil denuncias acumuladas, seguida por regiones como Cusco, Arequipa y Jun\u00edn, territorios donde confluyen din\u00e1micas de migraci\u00f3n, econom\u00edas informales e ilegales y mayores riesgos de captaci\u00f3n. Este escenario refleja una especial vulnerabilidad para la ni\u00f1ez y adolescencia.<\/p>\n
Diversos patrones muestran que la desaparici\u00f3n de menores est\u00e1 estrechamente vinculada a redes de trata y explotaci\u00f3n. Las falsas ofertas laborales y el uso de redes sociales se han consolidado como mecanismos de captaci\u00f3n cada vez m\u00e1s frecuentes, permitiendo a las organizaciones criminales llegar a adolescentes en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. Mientras las ni\u00f1as y adolescentes son principalmente v\u00edctimas de explotaci\u00f3n sexual, los ni\u00f1os y adolescentes varones suelen ser captados para trabajos forzados en sectores informales o ilegales. Esta conexi\u00f3n refuerza la necesidad de abordar la desaparici\u00f3n como parte de un problema m\u00e1s amplio de violencia y criminalidad organizada.<\/p>\n
El Protocolo de Atenci\u00f3n de Personas Desaparecidas establece que la respuesta frente a una desaparici\u00f3n debe ser inmediata. Desde la recepci\u00f3n de la denuncia, la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa (PNP) tiene la obligaci\u00f3n de recopilar informaci\u00f3n y posibles indicios sobre un eventual responsable. Sin embargo, en la pr\u00e1ctica, esta respuesta no siempre se cumple de manera oportuna ni eficaz. Una de las principales limitaciones del Estado radica en el d\u00e9bil trabajo conjunto entre las instituciones involucradas, la insuficiente asignaci\u00f3n presupuestal y las falencias en la gesti\u00f3n de la informaci\u00f3n. Si bien el RENIPED es una herramienta central, a\u00fan presenta problemas de integraci\u00f3n con otras bases de datos, mientras que servicios como la L\u00ednea 114 siguen siendo poco conocidos por la ciudadan\u00eda.<\/p>\n
En este contexto, resulta imprescindible fortalecer la respuesta estatal mediante una estrategia integral que articule la b\u00fasqueda con la prevenci\u00f3n. Esto implica mejorar la calidad y actualizaci\u00f3n de los registros, garantizar la interoperabilidad de los sistemas de informaci\u00f3n y asegurar una coordinaci\u00f3n efectiva entre la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa, el Ministerio P\u00fablico y las dem\u00e1s entidades competentes. La fragmentaci\u00f3n de la informaci\u00f3n y la falta de precisi\u00f3n en los datos contin\u00faan limitando la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas adecuadas y la implementaci\u00f3n de respuestas oportunas.<\/p>\n
En esa l\u00ednea, es urgente avanzar en la aprobaci\u00f3n de una estrategia nacional de prevenci\u00f3n, acompa\u00f1ada de una asignaci\u00f3n presupuestal espec\u00edfica que fortalezca las capacidades de b\u00fasqueda e investigaci\u00f3n. Esto debe ir de la mano con la implementaci\u00f3n efectiva de mecanismos como la Alerta AMBER a nivel nacional y la ampliaci\u00f3n de la difusi\u00f3n de la L\u00ednea 114, incluyendo su disponibilidad en lenguas ind\u00edgenas u originarias, para garantizar que m\u00e1s personas puedan acceder de manera oportuna a estos canales de ayuda.<\/p>\n
De igual forma, se debe reforzar la capacitaci\u00f3n de los operadores, no solo en capacidades t\u00e9cnicas, sino tambi\u00e9n desde un enfoque de derechos que elimine prejuicios y garantice una atenci\u00f3n adecuada a las familias. Esto supone fortalecer la integraci\u00f3n con programas como Warmi \u00d1an y los Centros de Emergencia Mujer, as\u00ed como desarrollar servicios de protecci\u00f3n y sistemas de alerta temprana que permitan prevenir nuevas desapariciones. En paralelo, resulta clave avanzar en la elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de un protocolo de actuaci\u00f3n fiscal para los casos en que la desaparici\u00f3n est\u00e9 vinculada a la comisi\u00f3n de un delito, asegurando una respuesta especializada y eficaz.<\/p>\n
A ello se suma la necesidad de fortalecer la difusi\u00f3n de los casos mediante un plan que involucre a medios de comunicaci\u00f3n, canales oficiales del Estado, empresas de transporte y gobiernos regionales y locales. Asimismo, es prioritario avanzar en la interoperabilidad entre sistemas como SIDPOL, los registros de morgues, hospitales, migraciones y la Polic\u00eda de Carreteras, con el fin de garantizar una respuesta m\u00e1s r\u00e1pida y efectiva.<\/p>\n
Garantizar el regreso a casa de cada ni\u00f1a, ni\u00f1o y adolescente desaparecido es una obligaci\u00f3n del Estado y un imperativo \u00e9tico. Sus familias no pueden ni deben vivir en la incertidumbre ni en el dolor prolongado por la falta de respuestas. La desaparici\u00f3n de menores no es un fen\u00f3meno aislado, sino una puerta de entrada a otras formas graves de violencia. Enfrentarla exige una respuesta urgente, sostenida y centrada en la protecci\u00f3n integral de sus derechos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Las cifras de personas desaparecidas siguen en aumento y m\u00e1s de la mitad de los casos involucran a ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes. La situaci\u00f3n exige acciones urgentes del Estado.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6989,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[16,457,49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6994"}],"collection":[{"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6994"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6994\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7001,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6994\/revisions\/7001"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6989"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6994"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6994"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6994"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}