{"id":7346,"date":"2026-09-30T17:42:45","date_gmt":"2026-09-30T22:42:45","guid":{"rendered":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/?p=7346"},"modified":"2026-09-30T17:42:58","modified_gmt":"2026-09-30T22:42:58","slug":"no-320-abel-chiroque-los-servicios-de-atencion-a-victimas-de-violencia-en-loreto-estan-desbordados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chsalternativo.org\/reportealternativo\/2026\/09\/30\/no-320-abel-chiroque-los-servicios-de-atencion-a-victimas-de-violencia-en-loreto-estan-desbordados\/","title":{"rendered":"N\u00ba 320 | ABEL CHIROQUE: \u201cLOS SERVICIOS DE ATENCI\u00d3N A V\u00cdCTIMAS DE VIOLENCIA EN LORETO EST\u00c1N DESBORDADOS\u201d"},"content":{"rendered":"

Abel Chiroque es jefe de la Defensor\u00eda del Pueblo en Loreto. En esta entrevista advierte que la respuesta frente a la violencia enfrenta serias limitaciones en la regi\u00f3n. La sobrecarga del Ministerio P\u00fablico, la falta de unidades m\u00e9dico-legales y c\u00e1maras Gesell y la escasa presencia de servicios especializados en las provincias dificultan el acceso oportuno a la justicia y dejan a las v\u00edctimas en una situaci\u00f3n de alta vulnerabilidad.<\/em><\/p>\n

En el reciente informe presentado por la Defensor\u00eda del Pueblo sobre la situaci\u00f3n de la atenci\u00f3n a las v\u00edctimas de violencia en Loreto se evidencian importantes brechas en servicios, personal y acceso a justicia. A partir de estos hallazgos, \u00bfcu\u00e1l es hoy el principal problema que enfrenta Loreto para garantizar una atenci\u00f3n oportuna y efectiva a las v\u00edctimas de violencia y trata de personas?<\/strong><\/p>\n

La situaci\u00f3n de las entidades que atienden a v\u00edctimas de violencia y trata en la regi\u00f3n ha desbordado. Esa es la realidad. La Defensor\u00eda del Pueblo supervis\u00f3 esta situaci\u00f3n en 2024 y este a\u00f1o actualiz\u00f3 la informaci\u00f3n, encontrando que las brechas persisten. En el Ministerio P\u00fablico, por ejemplo, hay alrededor de 20 mil carpetas fiscales y solo 13 fiscales especializados en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Esto significa una carga de cientos de casos por fiscal, una situaci\u00f3n que hace pr\u00e1cticamente imposible realizar una investigaci\u00f3n adecuada. Hay diligencias que est\u00e1n siendo programadas incluso para el a\u00f1o 2028. Tambi\u00e9n hay evaluaciones psicol\u00f3gicas y diligencias de c\u00e1mara Gesell que deben esperar meses. Esto constituye una vulneraci\u00f3n del derecho de las v\u00edctimas a acceder a la justicia de manera oportuna.<\/p>\n

\u00bfEsta situaci\u00f3n se debe a un aumento de los casos de violencia o a una disminuci\u00f3n de los recursos disponibles?<\/strong><\/p>\n

De acuerdo con informaci\u00f3n del Observatorio de la Criminalidad, la violencia es el segundo delito con mayor incidencia en Loreto, despu\u00e9s de los delitos contra el patrimonio. Estamos hablando de violencia sexual, f\u00edsica, psicol\u00f3gica, patrimonial y en todas sus manifestaciones. En el \u00e1mbito policial tambi\u00e9n encontramos una situaci\u00f3n preocupante. En 2024, seis efectivos de la comisar\u00eda de Familia estaban encargados del seguimiento de las medidas de protecci\u00f3n y cada uno ten\u00eda alrededor de 180 medidas de protecci\u00f3n a su cargo, \u00f3sea que deb\u00eda comunicarse con 180 v\u00edctimas. En 2026 la situaci\u00f3n es todav\u00eda m\u00e1s cr\u00edtica: solo hay cuatro efectivos para esta labor y cada uno tiene alrededor de 613 casos, lo cual es imposible de realizar. Adem\u00e1s, la comisar\u00eda de Familia no cuenta con una movilidad asignada para realizar este seguimiento.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 ocurre con las v\u00edctimas cuando los servicios especializados no tienen capacidad para atenderlas?<\/strong><\/p>\n

Pues hay una vulneraci\u00f3n de derechos en distintos niveles. La Unidad de Protecci\u00f3n Especial, por ejemplo, ha incrementado su personal, pero contin\u00faa sin atenci\u00f3n durante las noches, fines de semana y feriados. Esto quiere decir que un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente rescatado por la Polic\u00eda o la Fiscal\u00eda fuera del horario de atenci\u00f3n debe ser trasladado a esta unidad, pero no siempre existe personal disponible. La comisar\u00eda tampoco cuenta con ambientes adecuados para atender a menores de edad. En la pr\u00e1ctica, algunas v\u00edctimas terminan en una oficina de una comisar\u00eda.<\/p>\n

La situaci\u00f3n tambi\u00e9n es cr\u00edtica en las provincias. En toda la regi\u00f3n Loreto solo existe una unidad m\u00e9dico-legal en Iquitos. Nauta, Caballococha y San Lorenzo, entre otras zonas, no cuentan con este servicio. Y en cuanto a las c\u00e1maras Gesell, existen tres en la regi\u00f3n, pero solo dos est\u00e1n operativas debido a la falta de psic\u00f3logos. En 2024 hab\u00eda 11 psic\u00f3logos y actualmente solo hay ocho.<\/p>\n

Todo esto significa que una v\u00edctima puede tener que esperar hasta dos meses para una evaluaci\u00f3n psicol\u00f3gica o una diligencia de c\u00e1mara Gesell.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 impacto tiene esta situaci\u00f3n en las v\u00edctimas de trata de personas?<\/strong><\/p>\n

La trata es una forma de violencia y, obviamente, una v\u00edctima de trata que ingresa a este sistema de atenci\u00f3n tambi\u00e9n enfrenta estas mismas barreras. Si los servicios no tienen capacidad para atender a las v\u00edctimas de violencia, tampoco podr\u00e1n responder adecuadamente a una v\u00edctima de trata. Por eso necesitamos mirar la problem\u00e1tica de manera integral.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 otras brechas identific\u00f3 la Defensor\u00eda en sus labores de fiscalizaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n

Tambi\u00e9n hemos evaluado la Defensa P\u00fablica y encontramos que no hay defensores p\u00fablicos en lugares como Nauta, Caballococha, San Lorenzo y El Estrecho. Lo peligrosos es que la ausencia de defensa p\u00fablica puede generar impunidad. Si una persona es intervenida en flagrancia y no se cuenta oportunamente con un defensor, se pueden producir situaciones que terminan afectando la continuidad de los casos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la Unidad de Protecci\u00f3n Especial y otros servicios tienen dificultades para responder fuera de la capital. En Putumayo, por ejemplo, las autoridades nos se\u00f1alaron como una de sus principales preocupaciones la atenci\u00f3n de la violencia. No hay m\u00e9dico legista y los m\u00e9dicos asistenciales no tienen capacidad suficiente para atender a las v\u00edctimas. Para acceder a una c\u00e1mara Gesell, una v\u00edctima puede tener que desplazarse desde Putumayo hasta Iquitos. Se trata de una de las provincias m\u00e1s aisladas de Loreto y el traslado implica grandes dificultades. Si hay un caso de violencia, es muy dif\u00edcil garantizar una atenci\u00f3n oportuna.<\/p>\n

En 2024 se anunci\u00f3 que la implementaci\u00f3n del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) en Loreto se adelantar\u00eda a julio de 2025. \u00bfQu\u00e9 ocurri\u00f3 y qu\u00e9 falta para que finalmente se concrete?<\/strong><\/p>\n

Efectivamente, en 2024 se anunci\u00f3 que la implementaci\u00f3n del sistema se adelantar\u00eda a julio de 2025, pero esto no se concret\u00f3. La implementaci\u00f3n requiere alrededor de 90 millones de soles y Loreto necesita esos recursos para crear y fortalecer unidades m\u00e9dico-legales, contratar profesionales e implementar centros de atenci\u00f3n a v\u00edctimas en las provincias. No podemos aplicar el mismo modelo de atenci\u00f3n de otras regiones a una regi\u00f3n que no tiene carreteras y donde existen zonas con enormes dificultades de conectividad. Por eso, desde el Comit\u00e9 Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) hemos planteado reiterar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y al Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas la necesidad de asignar este presupuesto.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 papel deben cumplir los gobiernos regionales y locales en la prevenci\u00f3n de la violencia?<\/strong><\/p>\n

Lo primero que deben hacer es sincerar la problem\u00e1tica. Hay un desborde de los servicios en todos los sectores y los gobiernos regionales y locales lo viven diariamente. No debemos esperar a que un alcalde, un gobernador o cualquier autoridad tenga un familiar o amigo que sea v\u00edctima y no pueda acceder a la justicia para reconocer esta situaci\u00f3n. El problema ya est\u00e1 ah\u00ed y requiere una respuesta.<\/p>\n

Pero, adem\u00e1s, hay algunas medidas que pueden poner en marcha de manera inmediata, como dotar de movilidad a la comisar\u00eda de Familia, aunque lo que necesitamos son decisiones de mayor alcance y presupuesto.<\/p>\n

Ante la gravedad de la problem\u00e1tica \u00bfcu\u00e1les son las tres medidas m\u00e1s urgentes que plantea la Defensor\u00eda del Pueblo en Loreto?<\/strong><\/p>\n

La primera es fortalecer las unidades de medicina legal. Deben implementarse en las provincias. Si las v\u00edctimas no pueden acceder oportunamente a una evaluaci\u00f3n m\u00e9dico-legal, tambi\u00e9n se limita su posibilidad de contar con evidencias para acceder a la justicia.<\/p>\n

La segunda es fortalecer el Ministerio P\u00fablico. Un fiscal no puede tener alrededor de 300 casos y pretender investigar adecuadamente cada uno de ellos. Se necesita una carga razonable y mayores recursos para garantizar una investigaci\u00f3n efectiva.<\/p>\n

La tercera es que el Ministerio de la Mujer implemente un sistema de atenci\u00f3n integral a las v\u00edctimas con presupuesto. Por ejemplo, una v\u00edctima que tiene que recorrer muchas horas desde una localidad alejada para llegar a un servicio especializado debe recibir una respuesta que considere su traslado y todas las atenciones que necesita.<\/p>\n

No se trata solamente de tener servicios en Iquitos. Hay que garantizar que las v\u00edctimas de las provincias y comunidades alejadas puedan acceder efectivamente a ellos.<\/p>\n

Tras la publicaci\u00f3n del informe defensorial \u00bfhan recibido alguna respuesta de las instituciones responsables?<\/strong><\/p>\n

Hemos recibido respaldo de la coordinadora regional en el CORESEC, que ha reconocido que los servicios est\u00e1n desbordados. Ha habido una coincidencia en el diagn\u00f3stico y un pedido de auxilio para atender esta situaci\u00f3n. Ahora esperamos una respuesta concreta del Ejecutivo respecto de la implementaci\u00f3n del Sistema Nacional Especializado de Justicia y de las medidas urgentes que hemos planteado.<\/p>\n

Frente a estas brechas, \u00bfqu\u00e9 deber\u00eda cambiar para garantizar justicia y protecci\u00f3n efectiva a las v\u00edctimas de violencia y de trata de personas?<\/strong><\/p>\n

Si la justicia tarda, no es justicia. Las normas nacionales y los tratados internacionales establecen el principio del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, la protecci\u00f3n y la debida diligencia. Estos mandatos tienen que ponerse en pr\u00e1ctica para garantizar un verdadero acceso a la justicia. Muchos casos terminan pr\u00e1cticamente en la impunidad porque las v\u00edctimas dejan de acudir, no contin\u00faan con el seguimiento o no asisten a diligencias como la c\u00e1mara Gesell, y finalmente, los casos pueden terminar archiv\u00e1ndose.<\/p>\n

Por eso necesitamos no solo atender los casos cuando ocurren, sino tambi\u00e9n fortalecer la prevenci\u00f3n. La situaci\u00f3n que estamos viendo debe servir para hacer visible la necesidad de actuar antes de que las vulneraciones ocurran.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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