Objetivo general: Articular esfuerzos para incidir efectivamente en la política pública de lucha contra el fenómeno de la explotación humana, generando evidencias que promuevan la toma de decisiones por parte del Estado y el planteamiento de nuevas estrategias para hacer frente a esta problemática.
Temas:
Lima, Cusco, Loreto, Madre de Dios, Puno, Arequipa, Piura.
Operadores de justicia, operadores de servicios, coordinadores de las redes regionales, representantes de gobiernos regionales y locales, representantes de la sociedad civil y aliados estratégicos en la lucha contra la explotación humana. Se considera una asistencia entre 80 participantes.
120 participantes, entre autoridades, operadores de justicia y miembros de la sociedad civil se reunieron en la capital de Madre de Dios para evaluar el desempeño del Estado en temas como atención y reintegración de las víctimas de trata de personas, explotación sexual y trabajo forzoso, así como discutir y evaluar la persecución de dichos delitos.
Director Ejecutivo de CHS Alternativo
Coordinador del proyecto "Alianzas en acción para terminar con la trata de NNA" de CHS Alternativo.
Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España). Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Director de Programas y Proyectos de CHS Alternativo. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Director II de la Dirección de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Investigadora del Instituto de Democracia y Derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP)
Investigadora y profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico (UP)
Especialista en Políticas Públicas, Desarrollo Social y Control Interno en el sector público
Directora Ejecutiva Corporación ONG Raíces
Asesor legal en temas migratorios de la pastoral de movilidad humana
Psicólogo especialista en políticas públicas, gestión social y humana
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Ruiz de Montoya
Psicóloga del Centro de Atención Psicosocial (CAPS)
Asociada senior de protección de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Jefe del Área de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP)
Especialista del programa presupuestal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
Especialista en inversión pública y Director de Planeamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
Director de la Sociedad de Psicodrama Relacional y Psicoanalítico
Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo
Asesor de la Gerencia de Políticas Migratorias de la Superintendencia Nacional de Migraciones
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo dio inicio al VI Encuentro Nacional contra la Explotación Humana.
En esta, realizó una breve revisión de los cambios que experimentó la normativa peruana entorno a la Trata de Personas desde el 2004 hasta la actualidad
Además, relató sobre los factores que facilitan que el circulo de la TDP se efectúe, en ella, menciona el incremento del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, Internet Movil, Redes Sociales, entre otros.
Es importante tener en cuenta que los responsables de la protección de los NNA son, en primer lugar, los padres, la familia. Es fundamental trabajar con la familia. Cuando existe alguna situación donde los cuidados parentales se ven amenazados, es que subsidiariamente entra el rol del Estado, a través de las UPE. La intención no es institucionalizar a los niños, sino trabajar con ellos para que retornen a su entorno familiar, que puede ser su propia familia de origen, la familia extensa o algún referente familiar positivo.
El Protocolo Intersectorial señala las responsabilidades de cada una de las entidades del Estado, tanto a nivel nacional, regional y local, para poder afrontar estas problemáticas. Donde el Ministerio de la Mujer tiene un rol de liderazgo en la reintegración de las víctimas, adultas o menores de edad, lo cual no quiere decir que es el único actor del Estado encargado de ocuparse de este eje, sino que coordinar y lidera la reintegración.
El estudio elaborado desde el IDEHPUCP busca analizar el contexto de los procesos de inclusión de las personas migrantes venezolanas en la sociedad peruana, adentrándose en la política migratoria y de refugio reciente y cambiante, en las barreras laborales y tributarias existentes, el subempleo y la informalidad, la desigualdad y la discriminación estructural en el acceso a la salud, la vivienda y la educación, entre otras problemáticas que afronta nuestra sociedad
Se debe tener presente que la actual migración venezolana no ha hecho más que poner de manifiesto los problemas estructurales ya existentes en la sociedad peruana, como son la informalidad, la precariedad, la falta de acceso a servicios, la centralización, la discriminación, la violencia de género, entre otros. En ese sentido, es necesario repensar posibles soluciones a estas problemáticas, así como repensar las políticas desde lo migratorio.
La encuesta realizada tuvo como objetivo recolectar información respecto a las conceptualizaciones y percepciones que tienen los ciudadanos respecto al trabajo forzoso en el Perú. En base a lo encontrado, se concluye que es importante cuestionar cómo es definido el trabajo forzoso en el Perú y la concientización que hay sobre la problemática (ya que solo la mitad de los encuestados la definen de manera correcta), así como las características de las personas más vulnerables frente a esta. Acompañado a esto, debe realizarse una concientización sobre las entidades comprometidas con la lucha contra el trabajo forzoso para afrontar la idea de impunidad ligada a la problemática.
El Plan de Reintegración tiene por objetivo elaborar e implementar un plan que, a través de los servicios del Estado, restituye los derechos de las víctimas, permitiendo su recuperación y reintegración. En el caso de víctimas adultas, es el CEM la institución encargada de este proceso; mientras que en el caso de NNA, es la UPE la encargada de elaborar el plan e implementarlo. De esta manera, a nivel de ministerios, es el MIMP el ente responsable de la elaboración, coordinación e implementación del plan de reintegración, en articulación con los otros ministerios (salud, educación, trabajo, entre otros), así como con las demás instituciones públicas y privadas
En el marco de trabajo formativo con madres adolescentes, fuimos detectando la explotación sexual comercial ‘encubierta’ en un grupo particular de adolescentes, lo que motivó indagar sobre esta problemática, efectuando un estudio de casos que arribó, entre otros, en una caracterización familiar y personal de las jóvenes y determinó factores de riesgo de explotación sexual comercial. Posteriormente, a solicitud del Ministerio de Justicia, SENAME –ente rector de la infancia y la adolescencia en Chile-, se levantó la estrategia de reparación del daño sufrido por niños, niñas y adolescentes víctimas de ESC, ejecutando un Plan Piloto 2001-2002.
En el marco de trabajo formativo con madres adolescentes, fuimos detectando la explotación sexual comercial ‘encubierta’ en un grupo particular de adolescentes, lo que motivó indagar sobre esta problemática, efectuando un estudio de casos que arribó, entre otros, en una caracterización familiar y personal de las jóvenes y determinó factores de riesgo de explotación sexual comercial. Posteriormente, a solicitud del Ministerio de Justicia, SENAME –ente rector de la infancia y la adolescencia en Chile-, se levantó la estrategia de reparación del daño sufrido por niños, niñas y adolescentes víctimas de ESC, ejecutando un Plan Piloto 2001-2002.
El proceso de reintegración inicia luego de haber brindado, en un primer momento, asistencia y protección a la víctima, garantizando un rescate seguro y atendiendo las necesidades más urgentes que se presenten. En un segundo momento, el proceso de reintegración inicia, pudiendo prolongarse tanto tiempo como el que toma el proceso judicial. Respecto a los diálogos, estos no son sesiones de contención emocional, psicológica o psiquiátrica, sino espacios de abordaje para con la víctima, poder conversar acerca de expectativas, motivaciones y necesidades. Estos espacios pueden ampliarse de ser necesario, ante los avances o retrocesos en el proceso de reintegración
Una persona que busca protección internacional puede ser víctima de trata de personas en cualquier etapa de la ruta de desplazamiento, incluso en el país de destino
Los programas presupuestales deben enfocarse en el ciudadano y tener una finalidad clara, para esto se debe tener una clara lista de prioridades y trabajar en la articulación del gobierno, ya que para lograr un plan se debe asumir una corresponsabilidad para lograr los resultados.
El enfoque debe centrarse en la creación de indicadores y realizar únicamente las actividades que prueban ser efectivas para un mejor aprovechamiento del presupuesto. Sumado a esto, es clave tener un presupuesto bien direccionado con operadores capacitados y comprometidos.
La presentación muestra los indicadores de riesgo frente a la trata de personas en el caso de la migración venezolana, tomando como fuente la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) elaborado por la OIM. Esta fue la sexta DTM dirigido a población de migrantes venezolanos, aplicado en las fronteras norte y sur de Perú.
La estrategia para afrontar los problemas de trata de personas y violencia desde el Estado empieza por el diseño de políticas públicas y la asignación de presupuesto basado en evidencia, de tal forma que se pueda determinar la cadena de valor y evaluar los resultados de las intervenciones ejecutadas. Además, se debe asignar las responsabilidades de acuerdo a las competencias y generar sinergias mediante apropiada coordinación y articulación entre actores involucrados en los tres niveles de gobierno
La discriminación hacia la población venezolana se da con frecuencia en el ámbito laboral o en transporte público. Casi todas se han sentido discriminadas por ser mujer, de las cuales más de la mitad dice sentirse inseguras en el Perú por ser mujer. A varias de las entrevistadas se les ha negado un puesto de trabajo por ser mujer venezolana, y en algunos otros casos por ser consideradas una amenaza a la vida conyugal de otra mujer.
La investigación también ha demostrado que la condición de migrante hace más vulnerable a esta población a ser víctima de explotación. La mayoría de entrevistadas hablaron explícitamente de explotación y/o maltrato en el trabajo. Esta situación no solo genera situaciones de abuso, maltrato e incluso violencia física, sino también impactos en la salud mental de las migrantes. Al respecto, se ha identificado como principales impactos de la discriminación en la salud mental la ansiedad y la depresión.
Dentro de la violencia que enfrentan las mujeres peruanas y venezolanas, el estudio señala que el ámbito donde mayor violencia enfrentan es la vía pública, siendo el acoso sexual callejero el más frecuente en este espacio, con una connotación mucho más agresiva para las mujeres venezolanas, al punto de cosificarlas y quitarles su identidad. En la misma línea, el estudio revela que las mujeres peruanas ejercen violencia hacia las mujeres venezolanas en este espacio, a través de expresiones xenófobas dirigidas a su cuerpo y carisma, incomodadas por la atracción que ellas generan en los varones.