El documento, cuya actualización contó con el apoyo técnico de CHS Alternativo, fue expuesto durante el “VII Encuentro Nacional: Diálogo sobre los avances y desafíos en la lucha contra la explotación humana”.

Pese a que el Perú cuenta con una Política Nacional frente a la trata de personas, los esfuerzos en la lucha contra este delito no son suficientes. Por ello, con el objetivo de fortalecer el trabajo de los diferentes sectores, el Ministerio del Interior (MININTER) presentó el “Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas”, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2023-IN. Fue durante el “VII Encuentro Nacional: Diálogo sobre los avances y desafíos en la lucha contra la explotación humana”, organizado por CHS Alternativo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el MININTER, y que reunió a más de 80 autoridades y funcionarios públicos del país, entre ellos el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tambopata y los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Cusco y Puno, entre otros.

Este Protocolo –cuya actualización contó con la asesoría técnica de CHS Alternativo, en el marco de la Alianza de Cooperación para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes suscrita entre Perú y los Estados Unidos– establece pautas y uniformiza los procesos para que las instituciones públicas y privadas a nivel nacional, regional y local puedan trabajar en conjunto en la prevención, persecución y sanción del delito, así como en la atención, protección y reintegración de las víctimas.

Diana Carazas, directora de Derechos Fundamentales del MININTER, sostuvo que este instrumento incorpora en los servicios de atención, los enfoques de interseccionalidad, centrado en la víctima y de discapacidad, así como el principio de niñas, niños y adolescentes como sujeto de derechos. Además, consta de un plan anual para la ejecución y monitoreo de acciones, de modo que se pueda medir el impacto de las actividades y verificar si se están cumpliendo.

Sobre el encuentro nacional

En el VII Encuentro Nacional contra la explotación humana participaron los representantes de las entidades encargadas de cumplir con los 42 servicios que plantea la Política Nacional frente a la trata en materia de prevención, atención y persecución del delito, quienes dialogaron sobre la criminalidad organizada y la migración como fenómenos transversales globales que han impactado en la dinámica del abordaje de la trata de personas.

Carazas sostuvo que, aunque desde el portafolio se están fortaleciendo los espacios locales y regionales para la implementación adecuada de la Política Nacional frente a la trata de personas; aún se encuentran dificultades en la gestión de la información, ya que el registro de víctimas y la atención brindada no es uniforme entre los sectores que reciben casos y los que atienden a las víctimas.

En ese sentido, en el encuentro se resaltó la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios públicos y que se destine un mayor presupuesto orientado a resultados, que sea exclusivo para atender la trata de personas y no dependa de otros pliegos institucionales.

Respecto al tema de la criminalidad organizada, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, alertó durante el encuentro, cómo las redes criminales se conectan con otros delitos como la extorsión, la minería ilegal y la tala o el tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, señaló que estas redes criminales aprovechan los factores de vulnerabilidad, como la migración, los entornos virtuales y las herramientas de la inteligencia artificial para su beneficio, lo que las hace más rentables.

Asimismo, respecto al problema migratorio, se concluyó que, en los últimos años, el incremento significativo de la población migrante en el Perú ha traído consigo aportes y desafíos. Las víctimas migrantes de trata de personas requieren de un sistema de acceso a servicios sin discriminación, una ruta particular de atención, así como servicios adecuados a sus necesidades, aplicando el Enfoque Centrado en la Víctima para así garantizar una respuesta específica a los nuevos perfiles de las víctimas.

Por todo ello, es necesario que el Estado asuma su rol de garantizar y salvaguardar los derechos de todas las víctimas de trata de personas, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria; y que brinde los recursos necesarios para combatir este delito en estos nuevos escenarios en el Perú.