• Estudio de CHS Alternativo revela que 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes peruanos han recibido propuestas peligrosas en Internet.
• Inacción del Ejecutivo: Hace más de dos años no reglamenta la Ley 31664, creando una situación de vulnerabilidad para casi 10 millones de niñas, niños y adolescentes peruanos.

Han pasado más de dos años desde que se promulgó la Ley 31664, que obliga a las empresas que ofrecen el servicio de internet en espacios públicos a tener registros y filtros mínimos para evitar que niñas, niños y adolescentes accedan a contenidos pornográficos y violentos; sin embargo, debido a que hasta la fecha no se ha reglamentado esta ley, las más de 1,800 municipalidades provinciales y distritales del país, encargadas de fiscalizar que la medida se cumpla, no pueden establecer e imponer las sanciones a los establecimientos que incumplan esta disposición.

En el Día de la Internet Segura, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, recordó que la Ley 31664 establece que se deben implementar  filtros en los servicios de las cabinas públicas de internet, así como en el internet gratuito o rentado que se ofrece en restaurantes, hoteles, aeropuertos, centros comerciales u otros similares. La medida abarca, además, el internet gratuito o rentado en plazas, parques e instalaciones gubernamentales de cualquier clase.

“En el Perú, según el INEI, hay 9 millones 770 mil menores de entre 0 y 17 años, los cuales se encuentran en riesgo por la falta de reglamentación de la ley. Esto también afecta a los comités de seguridad ciudadana, a quienes se les encargó la implementación de acciones concretas en sus jurisdicciones para luchar contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea. El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, es el ente responsable de adecuar el reglamento de la ley para que este empiece a implementarse, por lo cual hacemos un llamado para que cumpla con su responsabilidad”, manifestó.

El riesgo crece

El director de CHS Alternativo advirtió que la medida es urgente y necesaria, pues los estudios realizados por la organización revelan que actualmente las redes sociales, los videojuegos y otras plataformas digitales se han convertido en el principal medio de captación de niñas, niños y adolescentes para la explotación sexual. De hecho, una encuesta realizada en 2024 por CHS Alternativo, reveló que 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes reconoció que tuvo contacto con desconocidos en Internet y 4 de cada 10 recibieron propuestas para “ser algo más” o tener un encuentro físico.

Las cifras del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior corroboran el riesgo existente: en 2024 se registraron 575 denuncias por el delito de chantaje sexual, 164 denuncias por proposiciones a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales, 118 denuncias por pornografía infantil y 22 denuncias por explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, entre otros.

Además, un ciberpatrullaje realizado por CHS Alternativo reveló que los explotadores están usando como estrategias de captación falsas proposiciones de amistad en plataformas digitales como Discord, WhatsApp, Telegram y Twitter/X. Asimismo, los videojuegos en línea se han convertido en espacios donde los menores de edad interactúan con más frecuencia con desconocidos, lo que crea oportunidades ideales para que los agresores se infiltren. “Los captadores están aprovechando el anonimato digital para ganarse la confianza de niñas, niños y adolescentes y así obtener imágenes y videos que luego son monetizados en estas plataformas”, refirió Valdés.

En ese sentido, enfatizó que CHS Alternativo tiene en marcha un proyecto para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea, con énfasis en las comunidades de Loreto, el cual se realiza con el apoyo de Safe Online. Asimismo, ejecuta otro proyecto, con el apoyo de Brot Für Die Welt, para que las empresas privadas relacionadas al turismo y tecnologías de la información y comunicaciones realicen acciones de prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y fortalezcan la seguridad de sus plataformas.

“Teniendo en cuenta estos escenarios, consideramos que la adecuación del reglamento es urgente, ya que la demora obstaculiza la implementación de medidas clave para reducir los riesgos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, sobre todo los que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como los migrantes o los pertenecientes a comunidades indígenas. Las municipalidades tienen una enorme tarea para obligar a los establecimientos públicos y privados a garantizar el uso responsable de la tecnología, pero sin reglamentación no pueden hacer la tarea”, aseveró.