El Capítulo Peruano del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (ObservaLATrata) integrado por organizaciones de la sociedad civil, comprometidas en la lucha contra este grave delito, en el Día Nacional contra la Trata de Personas, expresa su preocupación por el avance de este problema social que afecta indistintamente los derechos humanos de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

En los últimos años, Latinoamérica ha experimentado un masivo desplazamiento de personas de nacionalidad venezolana, solo entre enero y febrero de este año ingresaron por la frontera norte del país, cerca de 40,000 personas . Hasta la fecha son más de 400,000 ciudadanas y ciudadanos venezolanos que han ingresado al país. La situación se agrava si tenemos en consideración la vulnerabilidad de los migrantes, por lo que no se puede descartar que existan víctimas de Trata de Personas.

La explotación sexual, explotación laboral, así como la venta de niños, niñas y adolescentes —donde se encuentran incluidos los casos de adopción irregular—son las finalidades más frecuentes de la Trata de personas en el país. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que viene realizando el Estado para enfrentarlo, con la activa participación de instituciones de la sociedad civil, los migrantes venezolanos se han convertido en el objetivo de las mafias en lugares como la Pampa en Madre de Dios y también en la Capital .

En ese sentido, el Capítulo Perú de ObservaLAtrata propone al Estado tomar en cuenta los siguientes puntos:

1. Los protocolos para la identificación de víctimas de Trata de personas son poco eficientes. En muchos casos, los operadores de justicia confunden los elementos del delito de Trata de personas con otros delitos afines o desconocen dichos elementos por lo que no identifican con claridad la existencia de situaciones de trata de personas, así como a las víctimas, entre ellos con mayor frecuencia a los niños, niñas y adolescentes.
2. Se necesitan protocolos adecuados para evitar la revictimización. Debido a que los operadores, con frecuencia no comprenden la situación de afectación psicológica de la víctima, sus intervenciones ocasionan que la re – victimización sea cada vez más frecuente, exponiendo a las víctimas en vez de protegerlas y hacer valer sus derechos.
3. Contar con un presupuesto sostenido y creciente para la implementación del Plan Nacional de Trata contra la Trata de Personas (PNAT).Como podemos apreciar, el Estado en general no destina a través de cada uno de los sectores a nivel nacional y subnacional, presupuestos específicos para luchar contra este grave problema social, lo cual hace que este dependa de la voluntad política de los titulares de cada sector y de las prioridades del MEF, no constituyéndose en una definida política de Estado.
   – Año 2015 S/.14’163,523.00 (equivalente al 0.0108 % del Presupuesto General de la República)
   – Año 2016 S/.6’485,049.50 (equivalente al 0.0046 % del Presupuesto General de la República)- Año 2017 S/.11’000,035.00 (equivalente al 0.0077% del Presupuesto General de la República)
   – Año 2018: S/. 5´658,954.00 (cifra del proyecto de Ley del Presupuesto General de la República 2018, equivalente al 0.0036%)
4. Mejorar la acción articulada de todos los sectores del Estado, contribuyendo a implementar colaborativamente los ejes del Plan Nacional de acción contra la Trata, armonizando las políticas públicas estatales y el trabajo de la sociedad civil para lograr intervenciones más eficaces en la prevención y en la atención a víctimas. Es también cierto que existe cierta normativa que protege a las víctimas de la trata de personas pero dado al poco conocimiento de los que lo aplican estos resultan letra muerta y en algunos casos poca eficiencia al aplicarlo.
5. Mejorar la atención integral a las víctimas de Trata de Personas y la inclusión de personas de identidad LGTB+: A nivel nacional solo existen dos albergues especializados para víctimas de trata mujeres, ninguno para hombres ni para población LGTB+.
6. Mejorar las capacidades de atención de las/los operadores del Estado, es importante que los operadores manejen un protocolo que permita identificar claramente la problemática, todo esto acompañado de un presupuesto que permita la ejecución y el logro de los objetivos de protección a toda la población en situación de vulnerabilidad, en el marco del enfoque de género, interculturalidad, discapacidad, niñez, diversidad sexual, etc.

Llamamos al Estado peruano a redoblar los esfuerzos para combatir este delito que afecta los derechos humanos de los sectores más vulnerables de nuestro país, especialmente de las mujeres y menores de edad y llamamos a la ciudadanía a involucrarse activamente en las acciones de prevención y a realizar una labor de incidencia y vigilancia de las obligaciones que en esta lucha deben cumplir los diversos sectores del Estado.

23 de setiembre del 2018