• En el Día Internacional contra la Trata de Personas, CHS Alternativo advierte que, pese a la magnitud de este delito, el tema estuvo ausente del mensaje presidencial.
• Los nuevos aranceles de Estados Unidos vinculados al trabajo forzoso, una finalidad de la trata de personas, plantean riesgos para la competitividad del país.

Entre enero de 2023 y junio de 2026, el Ministerio Público registró 7,875 casos de trata de personas en el país, con un promedio de 188 casos mensuales y seis casos diarios, según su portal estadístico. Sin embargo, estas cifras no reflejan la verdadera dimensión del delito, pues las diferencias entre registros oficiales y las limitaciones en los sistemas de información evidencian que muchas víctimas continúan invisibilizadas.

En ese contexto, CHS Alternativo expresó su preocupación ya que, durante el mensaje presidencial de inicio del nuevo mandato, la trata de personas no fue mencionada entre las prioridades de seguridad ciudadana, pese a constituir una de las manifestaciones más graves del crimen organizado en el país. Si bien las medidas anunciadas para combatir a las organizaciones criminales, el narcotráfico y la minería ilegal podrían contribuir a enfrentar este delito, la organización considera necesario incorporar acciones específicas orientadas a la prevención, la protección y atención integral de las víctimas, así como al fortalecimiento de la respuesta institucional.

De acuerdo con los registros del Ministerio Público, se reportaron 1,987 casos de trata de personas en 2023, 2,284 en 2024, 2,288 en 2025 y 1,316 casos entre enero y junio de 2026. En contraste, el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior contabilizó 583 casos en 2023, 669 en 2024 y 458 en 2025, una diferencia que revela la necesidad de fortalecer la interoperabilidad entre instituciones y contar con información integrada para enfrentar este delito.

«La trata de personas no puede quedar fuera de la política de seguridad ciudadana. Forma parte de las economías ilegales y del crimen organizado, por lo que enfrentarla exige una estrategia integral que combine inteligencia, tecnología, prevención, persecución del delito y protección de las víctimas», señaló Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

Trabajo forzoso

Valdés advirtió que el trabajo forzoso, una de las finalidades de la trata de personas, también comienza a generar desafíos para la competitividad del país. Recientemente, Estados Unidos dispuso un arancel del 12,5 % para las exportaciones peruanas, entre ellas arándanos, espárragos, mandarinas y otros productos, como resultado de su evaluación sobre las normas que cada país aplica para impedir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso. En esa revisión, el Perú fue considerado entre los países que no cuentan con una regulación equivalente para restringir el ingreso de ese tipo de productos.

«Este escenario demuestra que la trata de personas y el trabajo forzoso no solo afectan a las víctimas, sino también a la economía del país. En ese sentido, fortalecer la prevención, la fiscalización y la respuesta frente al trabajo forzoso no solo protege derechos humanos, sino que también contribuye a preservar la confianza en nuestras exportaciones y el acceso a mercados internacionales», afirmó.

Por otra parte, CHS Alternativo advirtió que las redes criminales han encontrado en los entornos digitales nuevas oportunidades para captar y explotar a niñas, niños y adolescentes. El ciberpatrullaje realizado por la institución en 2024 identificó más de 700 mil menores de edad expuestos a riesgos sexuales en internet y detectó 1,6 millones de archivos vinculados con material de abuso sexual infantil.

En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, Valdés recordó que combatir este delito no significa únicamente capturar tratantes. «También implica prevenir la captación, garantizar servicios adecuados para las víctimas y actuar sobre las condiciones que permiten que este delito continúe. Para ello se requiere mayor financiamiento, articulación entre instituciones y la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados establecido por la Ley N.° 30925, pendiente desde hace seis años. Combatir la trata de personas no solo protege derechos humanos; también fortalece la seguridad, la institucionalidad y la competitividad del país», concluyó.