Existe un escenario de impunidad, alimentado en parte por el desconocimiento de la policía y el Poder Judicial de los procedimientos jurídicos para aplicar las normas en estos casos, según explica Ricardo Vásquez, director de la ONG CHS Alternativo. “Actualmente están procesando decenas de casos con normas anteriores a las que se aplican en la actualidad”, comenta.

Por otro lado, el presupuesto destinado a la lucha contra la trata de personas es insuficiente. Si bien la inversión estatal en este rubro aumentó de US$4 millones en el 2014 a US$9 millones en el 2015, se invierte solamente US$0,1 en este rubro.

Dicho monto se utiliza para financiar la actividad conjunta del Ministerio de la Mujer, Poder Judicial, gobiernos regionales y locales; sin embargo, no alcanza a cubrir las necesidades. Solo el Ministerio Público pidió US$18 millones este año enfrentar este delito. En tanto, de acuerdo al Ministerio de la Mujer, el principal obstáculo es la falta de albergues para las personas rescatadas. Solo tres de los 291 centros que acogen a menores en abandono están especializados para atender a las víctimas.