Desde 2018, ninguno de los 13 presidentes del Consejo de Ministros y 17 ministros del Interior informó sobre los avances en las políticas implementadas contra este delito.

Pese a que la ley lo exige, desde el año 2018, el Ejecutivo no cumple con rendir cuentas a la ciudadanía sobre los avances, medidas implementadas y retos en la lucha contra la trata de personas. En los últimos cinco años, el país tuvo 13 presidentes del Consejo de Ministros y 17 ministros del Interior, pero ninguno de ellos dio cumplimiento a la obligación, pese a que solo en 2021 se registraron más de 2,600 víctimas de este delito.

La obligatoriedad de que el premier y el ministro del Interior den cuenta de las medidas que se vienen adoptando para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (PNAT) 2017 – 2021, fue establecida por medio de la Ley 29918, que además declaró el 23 de septiembre como ‘Día Nacional contra la Trata de Personas’.

Lamentablemente, las últimas autoridades hicieron caso omiso de esta ley, pues la última rendición de cuentas se realizó en el año 2017, cuando el entonces premier Fernando Zavala y el ministro del Interior Carlos Basombrío anunciaron una serie de logros y metas proyectadas al finalizar el periodo de vigencia del PNAT, de las cuales hasta la fecha no se tiene resultados.

Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo, subrayó que la ausencia de información afecta directamente a la ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables, que están en mayor riesgo de ser víctimas de este delito. “Las causas de esta ausencia pueden ser varias, pero que hayan pasado cuatro gobiernos con sus distintos funcionarios y que ninguno haya hecho la rendición de cuentas nos preocupa, porque no sabemos sobre qué estamos trabajando”, dijo.

Ante este escenario, la congresista Susel Paredes presentó la Moción de Orden del Día N° 4266, solicitando que el premier Aníbal Torres y el ministro del Interior, Willy Huerta, acudan al Congreso de la República para que, en cumplimiento de la Ley 29918, rindan cuentas sobre el avance de las metas y objetivos del Plan Nacional contra la trata de personas 2017-2021, al haber concluido sus 5 años de ejecución.

A través de la moción, que lleva las firmas de varios congresistas, incluidos los del Grupo Parlamentario Integridad y Desarrollo, se solicita que los ministros informen sobre las acciones ejecutadas durante el 2021 y su proyección al 2022, conforme el marco estratégico establecido por la vigente Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030.

ESCASO PRESUPUESTO PARA LA TRATA DE PERSONAS

CHS Alternativo, a través del VIII Informe Alternativo –un balance de las acciones de las diversas instituciones públicas en la lucha contra la trata de personas, presentado hace unas semanas–, alertó que la inestabilidad política ha impactado en la continuidad de las medidas implementadas contra este flagelo. Asimismo, advirtió de la evidente reducción de presupuesto, puesto que actualmente se invierte 0.12 céntimos de sol por persona para prevenir, atender, proteger y sancionar el delito.

Aguilar agregó que “ante este escenario necesitamos explicaciones. El Estado y las principales instituciones que luchan contra la trata de personas deben ser transparentes y rendir las cuentas de lo trabajado y lo pendiente por cumplir. Desde CHS Alternativo hemos elaborado un documento de estación de preguntas, que plantea una serie de interrogantes sobre las próximas acciones a desarrollar, el cual extendemos a las instituciones públicas para que expliquen cuáles son las medidas contempladas para reducir las condiciones que representan un riesgo para las potenciales víctimas de trata de personas”, puntualizó.