El VIII Informe Alternativo, correspondiente al periodo 2020-2021, resume la aplicación que las entidades del Estado han dado a la política pública contra la trata de personas y delitos afines, considerando el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (PNAT 2017-2021).
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Resumen ejecutivo:
Estación de preguntas:
Versión abreviada del VI Informe Alternativo con los hallazgos más importantes del balance de la sociedad civil acerca de los avances del Estado frente al delito de trata de personas.
Esta publicación tiene la finalidad de dar a conocer una evaluación respecto a los avances y desafíos en la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 (PNAT) en el último año de vigencia.
Desde la sociedad civil se presenta este III Informe Alternativo, en ejercicio del rol de auditores sociales de la gestión pública, y asumiendo con responsabilidad y de manera concurrente la función de seguir consolidando una participación activa y organizada en la lucha contra este delito. Este informe consolida un análisis, desde la visión de los actores sociales, sobre el conjunto de responsabilidades que competen a las instituciones públicas en la lucha contra la trata de personas.
Esta segunda edición del Informe Alternativo es producto de un análisis conjunto realizado por CHS Alternativo, la Red de ObservalaTrata, la Red Andina de Migraciones y la Red Kawsay que da cuenta del Presupuesto General de la República del 2014 asignado para la Lucha contra la Trata de Personas, en base a lo establecido en la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Ley 28950), su Reglamento y el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 (PNAT).
El presente Informe Alternativo ha sido elaborado bajo la perspectiva de la sociedad civil, quien en cumplimiento de sus labores de vigilancia y promoción social de las políticas públicas tiene por objetivo realizar un aporte que permita ofrecer una visión holística, crítica y real sobre la complejidad de la trata de personas a nivel nacional.
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El Estado debe rendir cuentas ante el Congreso sobre sus acciones de prevención y lucha contra la trata de personas. La última vez que se dio esa rendición fue en mayo de 2017. Tu firma puede hacer la diferencia.
