Migrantes víctimas de explotación sexual cuando eran menores de edad denuncian fallas en los servicios del Estado peruano

Migrantes víctimas de explotación sexual cuando eran menores de edad denuncian fallas en los servicios del Estado peruano

  • ECPAT Internacional y CHS Alternativo presentan resultados de investigación que recoge voces de sobrevivientes y de profesionales de primera línea en la atención.
  • Las víctimas migrantes denunciaron tratos discriminatorios y demoras, mientras que los operadores reconocieron barreras para el acceso a los servicios.

La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes migrantes en el Perú es una problemática creciente y alarmante. Las sobrevivientes de este delito denuncian las múltiples barreras que deben enfrentar en los servicios estatales de justicia, salud y reintegración, debido a la discriminación, la desinformación y la falta de empatía.  En la misma línea, el 65% de los profesionales entrevistados que las atienden asegura que la discriminación es el principal obstáculo para esta población.

La información fue revelada en el estudio “Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el Contexto de la Migración Venezolana en Perú”, impulsado por ECPAT Internacional en Perú, Colombia y Bolivia e implementado en el país por CHS Alternativo, entre octubre de 2024 y marzo de 2025. La investigación se elaboró a partir de los testimonios de mujeres venezolanas explotadas sexualmente durante su niñez, así como de encuestas y entrevistas a profesionales de atención directa en distintas regiones del país.

Los resultados muestran que el 65% de los especialistas considera la discriminación como la principal barrera que enfrentan las víctimas en los servicios estatales, mientras que el 58% señala que la situación migratoria irregular limita gravemente su acceso a derechos básicos. A ello se suman el miedo a represalias y a la revictimización (55%), el estigma y la vergüenza (53%), así como la falta de información sobre sus derechos y los servicios disponibles (40%).

Casi la mitad de los operadores encuestados afirma que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes migrantes es muy común en el Perú, y el 63% identificó la extorsión sexual como la modalidad más frecuente, seguida del acoso, la exposición a contenido sexual y el grooming en línea. Además, siete de cada diez casos están vinculados con redes sociales y plataformas digitales, y en varios de ellos se identificó la participación de organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

La voz de las sobrevivientes

Muchas sobrevivientes denunciaron maltrato y discriminación en su paso por las instituciones públicas. En justicia, la mayoría enfrentó trámites lentos y falta de empatía; en salud, atención básica, pero revictimizante. En los albergues estatales, algunas lograron iniciar procesos de reconstrucción con un trato respetuoso, aunque varias criticaron que los talleres ofrecidos eran repetitivos y poco conectados con sus intereses.

A nivel regional la situación fue similar. La investigación realizada por ECPAT Internacional reveló que, así como en el Perú, en Bolivia y Colombia las niñas, niños y adolescentes venezolanos en situación de movilidad enfrentan múltiples barreras para denunciar casos de explotación sexual y acceder a los servicios.

La investigación identificó dos factores clave para mejorar la atención: la coordinación interinstitucional y una atención sensible al trauma. Asimismo, resaltó la necesidad urgente de difundir información clara y fortalecer los procesos para garantizar el acceso real y sin discriminación de las víctimas a los servicios de atención y reintegración.

Andrea Querol, coordinadora de la investigación en Perú y presidenta de CHS Alternativo, señaló que los hallazgos confirman que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes migrantes no solo es frecuente, sino que sigue encontrando un terreno fértil en la discriminación y en la falta de respuestas rápidas y efectivas. “Escuchar a las sobrevivientes es apenas el primer paso. Lo esencial ahora es actuar con decisión para transformar los servicios estatales y garantizar atención rápida y digna, así como justicia accesible y protección real para las víctimas”, subrayó.