El ratio de impunidad en el delito de trata de personas es alarmante

Nota de prensa

En la última edición del Reporte Alternativo, se advierte que el Perú exhibe un elevado ratio de impunidad en el delito de trata de personas, siendo de 0.019, cuando el ideal es acercarse al valor 1. Es decir, a mayor número de sentencias menor índice de impunidad.

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2 de diciembre de 2022 2:05 pm

Lima, 12 de Febrero – En la última edición del Reporte Alternativo de la ONG CHS Alternativo se advierte que el Perú exhibe un elevado ratio de impunidad en el delito de trata de personas. El ratio de impunidad en el Perú es de 0.019, cuando el ideal es acercarse al valor 1. Es decir, a mayor número de sentencias menor índice de impunidad.

Este resultado se desprende de las estadísticas del Ministerio Público (MP) y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pues entre el 2009 y el 2013 se han registrado 2700 imputados en el delito de trata de personas según el Observatorio de la Criminalidad del MP, y a la fecha hay apenas 52 sentenciados en cárcel según el INPE.

“Un sistema que favorece la impunidad, es un sistema que permite que un delito se perpetúe, pues hace que cualquier delito en general y, la trata de personas en particular, sea muy rentable por sus bajos costos en la transacción y captación; alta rentabilidad en la explotación; y, escaso costo en la sanción, como puede apreciarse del ratio de impunidad que tenemos,” señaló Ricardo Valdés, presidente de CHS Alternativo.

El código penal establece un mínimo de 8 años de cárcel para la trata de personas en su forma base, un mínimo de 12 años para la primera escala en su forma de agravante o de 25 años para la segunda escala de agravantes, no deja lugar a dudas de la gravedad del delito y de las consecuencias que deben sufrirse por tratar con gente, por explotarla sexual o laboralmente bajo formas similares a la esclavitud.

“En el Perú hay un gran fracaso en la administración de justicia para hacer frente a la problemática de la trata de personas,” afirmó Ronald Gamarra, ex procurador anticorrupción. “La policía tiene la obligación de investigar y detener. A la fiscalía le corresponde acumular las pruebas y sostener las acusaciones basándose en los elementos de comisión acumulados. Finalmente, el poder judicial tiene que valorar y emitir una sentencia condenatoria cuando corresponda. Este es un proceso único, y todos tienen que trabajar de manera organizada. Todos tienen que cumplir su función, porque si uno no lo hace, todo eso termina en lo que vemos: impunidad.”

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