La participación ciudadana es clave porque no puede reducirse únicamente al acto de votar, especialmente en un contexto donde el 93% de los peruanos demanda reformas profundas al sistema político y la confianza en las instituciones es mínima.

Aunque el 51% de la población sigue prefiriendo la democracia frente a otras formas de gobierno, existe una desconexión evidente: solo el 16% se siente satisfecho con su funcionamiento en el país (IEP, marzo 2026). A ello se suma que apenas un 20% percibe que sus autoridades escuchan sus demandas (Barómetro de las Américas, IEP, 2026).

Frente a esta realidad, la participación ciudadana se vuelve fundamental para fortalecer la democracia más allá de los procesos electorales. Iniciativas como las Veedurías Mirada Ciudadana permiten que la sociedad civil recupere un rol activo en la vigilancia de la gestión pública, transformando el descontento en acción concreta. Además, a través del seguimiento y la elaboración de Informes Alternativos, se contribuye a exigir transparencia, mejorar la implementación de las políticas públicas y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos.

La democracia participativa no se basa solo en votar en los procesos electorales, sino en la convicción de que el/la ciudadano/a es un actor político constante. Se sustenta en los principios de participación y de control ciudadano.

Art. 2, inciso 13 y 17 de la Constitución Política del Perú

Reconoce el derecho de los ciudadanos a asociarse y a participar en los asuntos públicos:

• 13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley.
• 17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum

Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (Ley Nº 26300)

Es el soporte legal que permite que la cultura política se traduzca en acciones como la rendición de cuentas o la iniciativa legislativa.

Ley N° 28238, Ley General de Voluntariado

Es el marco que reconoce y promueve la labor solidaria de los ciudadanos, brindando seguridad jurídica a quienes deciden aportar su tiempo y capacidades en favor del desarrollo social sin fines de lucro.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Es la herramienta fundamental que garantiza el derecho del ciudadano a conocer el manejo de los recursos públicos, obligando a las entidades del Estado a exponer sus actos y decisiones para prevenir la corrupción.

CHS Alternativo fortalece a actores clave en la gobernanza regional y local, impulsando la vigilancia ciudadana como herramienta para la rendición de cuentas y la mejora de las políticas de derechos humanos.

Nos enfocamos en fortalecer la vigilancia y la auditoría social para asegurar que las normativas sobre trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos se traduzcan en acciones concretas y resultados efectivos.

En ese marco, las Veedurías Mirada Ciudadana vienen actuando en diversas regiones del país, ejerciendo control ciudadano sobre el cumplimiento de las políticas públicas, así como desarrollando acciones de sensibilización e información.

Entre las principales acciones destacan:

• Monitoreo y seguimiento: Supervisamos que las entidades públicas cumplan con sus obligaciones, competencias y funciones establecidas por ley.
• Incidencia política: Fortalecemos las capacidades de las veedurías para exigir, con mayor eficacia, el cumplimiento de los compromisos por parte de los actores responsables de la prevención, atención, protección y persecución del delito.
• Fortalecimiento de la gestión pública: Aportamos como referente técnico para promover mayor transparencia y eficiencia del Estado a través de la auditoría social.