Ley que eleva a rango de ley el Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP y declara de interés nacional y preferente atención la asignación de recursos públicos para garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021.
El Estado debe rendir cuentas ante el Congreso sobre sus acciones de prevención y lucha contra la trata de personas. La última vez que se dio esa rendición fue en mayo de 2017. Tu firma puede hacer la diferencia.
