CHS Alternativo solicitó que, en cumplimiento de la ley, el Congreso fije una fecha para que el Ejecutivo explique ante el pleno las medidas adoptadas contra la trata.

Los casos de trata de personas en el país siguen aumentando. Durante el año 2022, el Ministerio Público reportó 6,107 denuncias por este delito, lo que representa un crecimiento de 8% respecto a lo reportado el año anterior. Pero no solo eso, en los últimos años, el delito ha escalado y ha establecido nexos cada vez más estrechos con la criminalidad organizada nacional e internacional, contribuyendo a la aguda crisis de inseguridad que vive el país.

Mientras el delito crece, se expande y se diversifica, el presupuesto destinado por el Ejecutivo para combatir la trata de personas es cada vez más exiguo. Una investigación realizada por CHS Alternativo determinó que se necesitan 1,150 millones de soles para implementar los 42 servicios definidos en la Política Nacional para hacer frente a la trata de personas. Sin embargo, durante el 2022 se destinó poco más de 5 millones de soles para financiar la prevención y persecución del delito, así como la atención y reintegración de las víctimas, lo que representa 0.15 céntimos de sol por ciudadano.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, refirió que este monto dista enormemente de los 28 mil soles que obtienen las organizaciones criminales al año por cada víctima que explotan y de los 1,300 millones de dólares que mueve la trata de personas en el Perú cada año.

“Existe una gran brecha entre lo que destina el Estado y lo que requiere la Política Nacional, así como entre lo que rinde la trata de personas y lo que se invierte para combatir el delito. Esa falta de presupuesto es una de las razones por la que los servicios públicos destinados a atender y proteger a las víctimas no están cumpliendo con las metas establecidas”, señaló.

De acuerdo al propio reporte del Ministerio del Interior sobre el avance que presentan los 42 servicios destinados a atender esta problemática, existe un retraso en el cumplimiento de metas, sobre todo en el eje de atención y reintegración de víctimas, donde poco más de la mitad de los servicios alcanzaron los objetivos propuestos, entre ellos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Salud, que tienen a su cargo servicios especializados para atender a las víctimas, y no lograron ejecutar todas sus metas.

En el eje de prevención de la trata de personas también hay retrasos. Los ministerios de Educación y de Cultura no lograron implementar ni una sola de las metas establecidas, teniendo un alarmante marcador de 0% de avance. Asimismo, en la persecución y sanción del delito, la Dirección de Trata de Personas de la Policía Nacional no logró el suficiente registro de casos en los sistemas de denuncias ni el objetivo de derivar a las víctimas rescatadas a los servicios especializados.

Rendición de cuentas

Valdés manifestó que, teniendo en cuenta la situación de los servicios y la relación que existe entre la trata de personas y la violencia e inseguridad, el Ejecutivo debe cumplir la Ley 29918 que lo obligar a rendir cuentas en el pleno del Congreso por este tema.

“En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas y considerando cómo ha cambiado la morfología del delito, que ahora, además de la explotación sexual y laboral, la venta de niños, la mendicidad y el trabajo forzoso a nivel interno, ha incorporado a víctimas y explotadores extranjeros, es urgente que el Congreso fije cuanto antes la fecha para que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior expliquen ante el pleno las medidas que se están adoptando y los planes que se tienen proyectados para combatir la trata de personas en el Perú”, aseveró Valdés.

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