• 760 mil posibles víctimas solo en Arequipa, Cusco, Madre de Dios, y Puno
• Minería ilegal es una de sus principales generadoras

La explotación humana, en particular la trata de personas,  es uno de los delitos más graves, más perniciosos en sus consecuencias y, a la vez, más lucrativos a nivel mundial, comparado solo al tráfico ilícito de armas y al narcotráfico. En Perú, como resultado de diversas iniciativas, esfuerzos particulares y organizacionales, el Estado, paulatinamente y con episodios de más y menos avance, ha ido poniendo su mirada en este flagelo.

Uno de esos pasos importantes se dio en 2007 con la tipificación del delito de trata de personas, con la ley N° 289505, Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Con esa norma, el Estado sentó las bases para el inicio de una serie de medidas y toma de decisiones –como la creación del Plan Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas (PNAT)- que muestran un mayor reconocimiento de la verdadera dimensión de este delito.

Uno de los principales factores que facilitan y preparan el terreno para la trata de personas es la pobreza, en tanto un contexto de esta característica lleva a los más jóvenes a buscar nuevas oportunidades y los vuelve proclives a aceptar ofertas de trabajo que no encuentran en sus lugares de origen.

En este sentido, una de las zonas potencialmente más expuestas a la trata de personas es  el sur. Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza monetaria en la zona sur del país aumentó ligeramente al pasar de 22.6% en 2017 a 22.9% en 2018. En cambio, a nivel nacional, de acuerdo a esta entidad, la pobreza disminuyó de 21.7% a 20.5% en el mismo periodo. Entre las regiones del sur con mayor pobreza monetaria están Puno (37.0%) y Cusco (22.9%).

Otra realidad que convierte a la zona macro región sur como un escenario especialmente sensible a la trata de personas, es la minería ilegal. Como se sabe, esta actividad ilegal no solo perjudica al país contaminando el medioambiente, deforestando vastas zonas verdes y evadiendo el pago de impuestos, sino también porque su presencia conlleva la existencia de otros delitos conexos, entre ellos, precisamente, la trata de personas.

Si bien es cierto en la actualidad la minería ilegal se realiza en prácticamente todas las regiones, es sobre todo en Madre de Dios y Puno, además de Arequipa, donde este flagelo –relacionado en particular con el crecimiento del precio del oro- se ha enraizado.

En Madre de Dios, por ejemplo, la minería es estacionaria. Se estima que unas 5 mil personas son ocupadas entre mayo y octubre en la minería de motobombas y chupaderas; unas 500 personas operan con las dragas; y unas 20 mil personas son ocupadas en la minería con cargadores frontales y volquetes. Casi la totalidad de estos trabajadores arriban desde regiones aledañas como Puno y Cusco.

En febrero, el gobierno central ejecutó el megaoperativo Mercurio 2019 en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, el lugar donde los estragos ambientales de la minería ilegal han sido los peores. La ocupación de las fuerzas armadas y policiales logró ahuyentar a los mineros. El gobierno ha sostenido que estos contingentes se mantendrán en la zona por lo menos dos años. Sin embargo, pobladores de lugares aledaños vienen alertando que la mayoría de mineros ilegales ha trasladado su área de trabajo selva adentro y continúan con sus actividades ilegales.

Así las cosas, pese a los recientes esfuerzos del Estado, las regiones de la macro región sur son particularmente vulnerables ante la trata de personas. Y así lo grafican también las estadísticas.

Según el Ministerio Público, del total de denuncias (1 mil 355), además de Lima donde el número de denuncias es mucho mayor por un tema demográfico, las regiones  que registraron mayor número de denuncias por el delito de trata de personas en el año 2018 son: Puno (113), Madre de Dios (96) y Loreto (84) y Arequipa (83), además de Cusco (50).  De forma similar, de acuerdo a la Policía Nacional, de los 361 casos denunciados en 2018, las regiones con mayor número de casos son: Puno (58), además de Cusco (14) y Madre de Dios (14).

De otro lado, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior, entre enero y marzo de este año, a nivel nacional, el 92,8% de las denuncias de trata de personas corresponde a mujeres víctimas y de ellas, el 69,5% tenía entre 18 y 29 años de edad. Siguiendo estos datos, solo considerando Madre de Dios, Puno, Cusco y Arequipa, estamos hablando de un universo de 759 mil 538 potenciales víctimas.

En suma, los tratantes han encontrado en la zona sur del país un espacio propicio para su desarrollo pues no solo existe un grupo vulnerable de personas al cual explotar sino también porque las condiciones son muchas veces muy próximas a la impunidad (en Cusco y Madre de Dios, en 2018, de la totalidad de procesados por trata de personas, solo cerca del 20% había sido sentenciado) y a la poca ejecución de los ya limitados presupuestos asignados (en 2017 y 2018, por ejemplo, el gobierno regional de Madre de Dios asignó apenas 16 mil soles para la implementación del PNAT).

La trata de personas, así como toda forma de explotación sexual, debe combatirse sin pausa y sin descanso tanto por el Estado como por la sociedad civil en su conjunto. Gran tarea pendiente con el país y, en especial, con el sur.