De las prácticas nocivas que describen a cualquier matrimonio o unión donde al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años, lo que pone en riesgo la vida y la salud de las niñas, además de limitar sus perspectivas futuras.
En el aspecto legal, la legislación peruana no admite el matrimonio adolescente como tal. Sin embargo, desde el 2018, con la modificatoria del Decreto Legislativo N° 1384, la edad mínima para contraer matrimonio se redujo de 16 a 14 años, con permiso de los padres o del juez de familia.
Ello demuestra una permisividad por parte del Estado peruano frente a esta problemática, que atenta contra los derechos de las niñas y adolescentes, expone su salud y trunca su proyecto de vida.
Para la mayoría de las instituciones internacionales las uniones tempranas son consideradas formas forzadas de unión, ya que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes, ya que esta es menor de edad (CEPAL, 2021). Asimismo, estas prácticas se relacionan con desigualdades de género, pobreza, abandono escolar, violencia y embarazo adolescente. Problemáticas que propician esta realidad para niñas y adolescentes y hacen que formar un matrimonio o unión no implique realmente una “elección” debido a las bajas expectativas que se tiene para las niñas, el control que experimentan en sus hogares natales, el escaso compromiso por parte de sus familias con su educación y el trabajo doméstico que suelen asumir (UNFPA, 2019).
En el Perú, también juega un rol muy importante la cultura del honor, que hace que en muchos casos, los matrimonios forzados se den bajo una lógica de “reparar” el honor de la adolescente o de “proteger” de la cárcel al agresor, como consecuencia de una violación sexual o de un embarazo adolescente (UNFPA, 2019). Así, el matrimonio se vería como una estrategia para que el agresor asuma sus obligaciones económicas, dejando de lado el contexto de violencia en el que pudo haber dado la unión.
En algunos casos, las uniones tempranas representan una estrategia de supervivencia económica o social, donde las familias entregan a las niñas o adolescentes a cambio de bienes materiales o de ascender en la estructura social (UNFPA, 2019). Esto se puede dar bajo la modalidad del padrinazgo o incluso de la venta de niños, obteniéndose así beneficios a partir de la utilización del cuerpo y de trabajo de la menor, bajo el halo de la legitimidad social que da el “matrimonio”, pero atentando contra la dignidad y el proyecto de vida de niñas y adolescentes.
Todo ello perfila a este tipo de uniones como una forma de explotación humana, que se da en un contexto de vulnerabilidad, necesidad y de abuso de poder por su condición de ser mujer y menor de edad, bajo una estructura tradicional y de desigualdad de género.
Sociales: Como una de las principales consecuencias sociales a las que conllevan las uniones tempranas se destaca la limitación de la autonomía, debido a la posición de menor poder que hace que las adolescentes se vean restringidas para expresar sus opiniones y llevar a cabo su proyecto de vida, quedando bajo el control de sus parejas (Banco Mundial, 2014).
Salud: Las mujeres que se unen tempranamente pueden contraer enfermedades de transmisión sexual o de otra índole. Si quedan embarazadas, como su cuerpo no está preparado para ello, hay un alto riesgo de mortalidad materna o complicaciones en el parto (Banco Mundial, 2014), lo que implica, a su vez, riesgos para el bebé. Incluso se ha reconocido que cuando estos embarazos y uniones se dan en un contexto de abuso, y ante la imposibilidad de recurrir a una interrupción del embarazo frente a una maternidad forzada, las niñas pueden incurrir al suicidio (UNFPA, 2023).
Educación: Se ha evidenciado una disrupción de la trayectoria educativa a partir de una unión temprana, con las posteriores consecuencias que esto conlleva para la autonomía económica. La deserción escolar, asociada a las mayores responsabilidades domésticas que exige una unión temprana, dificultará que las adolescentes se inserten laboralmente y las restringirá al espacio del cuidado no remunerado (Girls not Brides, 2017), ello tendrá repercusiones en su capacidad de toma de decisiones autónomas a causa de la dependencia total de sus parejas.
Violencia: La mayor vulnerabilidad frente a la violencia representa otra de las consecuencias que enfrentan las adolescentes unidas tempranamente, las cuales tienen un mayor riesgo de sufrir violencia (física, psicológica, sexual y económica) por parte de sus parejas y de las familias de sus parejas, porque se cree que se las tienen que “educar” para su rol de esposas (Erulkar, 2013).
- Las niñas tienen derecho a la salud, educación, el desarrollo integral y a la protección frente a cualquier forma de violencia o explotación.
- Las mujeres tienen derecho a asumir roles económicos y sociales que les permitan desarrollarse plenamente y aportar positivamente a sus comunidades.
- Las familias, las comunidades y los jóvenes deben ser conscientes del impacto negativo de las uniones tempranas en las trayectorias de vida de las niñas y adolescentes.
- El futuro de las niñas no se negocia ni se vende. Existen servicios del estado a los que las familias podrían acceder para mejorar su calidad de vida y la de sus hijas.