VI Informe Alternativo

VI Informe Alternativo

El Informe Alternativo

En 2009, CHS Alternativo elaboró un estudio que describe el estado de la situación con respecto a las políticas públicas contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes en sus diversos aspectos (normativos, institucionales e instrumentales –planes nacionales–), identificando sus carencias y bondades. Este documento se publicó en el mes de mayo con el título de “Balance de la implementación de la Ley 28950 y su Reglamento”.

A partir de este esfuerzo CHS Alternativo elabora todos los años este balance desde la sociedad civil con el objetivo de visibilizar el nivel de aplicación de la Ley Nº 28950, “Ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”.

El balance más reciente, llamado VI Informe Alternativo, ha sido publicado en 2018. Se trata de un informe amplio, detallado y analítico, con enfoque de política pública, que busca favorecer el diálogo y la incidencia política con los órganos técnicos que adoptan decisiones concretas contra la trata de personas. Este tiene en cuenta para el seguimiento y análisis los 4 ejes definidos en el PNAT 2017-2021: Gobernanza institucional; prevención y sensibilización; fiscalización y persecución y; atención, protección y reintegración.

El Informe Alternativo es un vehículo efectivo para generar incidencia y presión pública en la incorporación de la problemática de la trata de personas en las agendas de los diversos sectores del estado, nacionales y subnacionales, permitiendo además, sensibilizar a los decisores políticos sobre la real magnitud de este delito que constituye una forma de violación de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres.

El VI Informe Alternativo se elaboró en coordinación con la Defensoría del Pueblo y se presentó el 6 de diciembre 2018 en Lima y, posteriormente, en las regiones de Cusco, Arequipa, Puno y Loreto.

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Ficha técnica

Inicio / Término

Abril 2018 – diciembre 2018

Ámbito

Nivel nacional

Grupo meta

Autoridades y funcionarios públicos competentes en Trata de Personas y delitos afines y miembros de las veedurías ciudadanas en 10 regiones.

Socios:

Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL) Child Protection Compact Partnership

Donante:

Fundación Konrad Adenauer Stiftung – USAID

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