CHS Alternativo advierte aprobación de proyecto de ley que marca retroceso en la rendición de cuentas de las autoridades sobre este delito.

Premier, ministro del Interior y ministra de la Mujer ya no acudirán a informar sobre los avances en la lucha contra la trata de personas ante el Pleno del Congreso.

La trata de personas es un delito que sigue creciendo en el Perú. Entre los años 2018 y abril del 2023, el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público registró 29,400 denuncias por trata de personas a nivel nacional, y solo en 2023, se contabilizaron 9001 denuncias por este y otros delitos de explotación humana. Pese a ello, el Congreso de la República aprobó el miércoles un proyecto de ley que retrocede en la rendición de cuentas por este crimen y establece que el premier y los ministros del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya no acudirán al Pleno para informar sobre este tema.

Ante ello, CHS Alternativo expresa su profunda preocupación por la probable violación de los derechos de las y los peruanos víctimas de trata de personas, a consecuencia de la aprobación del Proyecto de Ley 5712/2023-CR, el cual modifica la Ley 29918 y establece que ahora las autoridades solo acudirán ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de la Mujer y Familia para informar sobre los avances de la Política Nacional contra la trata de personas.

“No se puede bajar el nivel a la rendición de cuentas mientras el delito sigue creciendo”, enfatizó Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, quien señaló que el Perú cuenta con una ley contra la trata de personas y una Política Nacional frente a la Trata de Personas, la cual involucra a 11 sectores del Estado y 4 organismos autónomos, que son liderados por la Presidencia del Consejo de Ministros. “El delito es transversal y por lo tanto es responsabilidad y obligación del premier dar cuenta ante el Pleno del Congreso del trabajo que se realiza desde estas dependencias”, manifestó.

Agregó que, aunque esta iniciativa legislativa pretende incorporar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la rendición de cuentas, el artículo 3 de la Ley 29918 que quiere modificarse ya prevé la participación de este sector, a través de la presentación de los resultados del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, que hoy se denomina Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.

Sostuvo que, aunque en los últimos cinco años 14 presidentes del Consejo de Ministros y 20 ministros del Interior no dieron cumplimiento a la obligación de rendir cuentas, es importante insistir en esta práctica, pues la trata de personas es un delito multidimensional que no solo es competencia de dos comisiones del Parlamento. “La trata tiene relación con la comisión de Economía, Defensa, Producción y otros por la relación del delito con el crimen organizado, las economías criminales y la inseguridad ciudadana. Asimismo, involucra a las comisiones de Salud, Educación o Trabajo y todos los sectores responsables de brindar atención y servicios a las víctimas”, dijo.

En ese contexto, CHS Alternativo hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que observe la autógrafa de ley y al Pleno del Congreso para que no eluda su responsabilidad en el tema, y ponga fecha para la inmediata presentación de las autoridades del Ejecutivo según dicta la norma, a fin de informar qué se está haciendo para erradicar el delito y asistir a las miles de víctimas de trata de personas en el país.