• IX Informe Alternativo presentado por CHS Alternativo revela deficiencias de los servicios del Estado destinados a prevenir el delito y atender a las víctimas.
• Entre 2022 y 2023, casi el 75% de los servicios del Estado no contaron con asignación presupuestal para prevenir y/o perseguir el delito, así como para atender y reintegrar a las víctimas.

El Estado peruano viene incumpliendo sus responsabilidades frente a la trata de personas. Además de que, desde el año 2017, ha dejado de rendir cuentas sobre este delito ante el Congreso, hoy en día enfrenta serias deficiencias en la implementación de los servicios destinados a prevenir y perseguir el crimen y atender y reintegrar a las víctimas. Ello por la ausencia de presupuesto, de una estrategia nacional de prevención, así como por la impunidad y por la falta de un registro único que pueda dar a conocer con precisión el número de denuncias y víctimas.

Estos hallazgos son expuestos en el “IX Informe Alternativo. Balance de la sociedad civil 2022-2023: Trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos contra la dignidad en el Perú”, un documento elaborado por CHS Alternativo, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), como una contribución de la sociedad civil para analizar el avance de los 42 servicios del Estado destinados a atender esta problemática.

El informe, presentado en el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, que se recuerda el 23 de septiembre, revela que existe un nuevo panorama del delito, el cual se ha generado por el aumento significativo de la migración, la criminalidad organizada y otros fenómenos delictivos, como el tráfico ilícito de migrantes (TIM), la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA) y el trabajo forzoso. Frente a este nuevo escenario, los 42 servicios del Estado no están respondiendo como deberían.

Se ha identificado, por ejemplo, que entre 2022 y 2023, casi el 75% de los servicios no contaron con asignación presupuestal, ya sea para prevenir y/o perseguir el delito, así como para atender y reintegrar a las víctimas. Esto incluye a los ministerios de Educación, Salud, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas y Desarrollo Agrario y Riego, que tienen un rol prioritario en la atención de la temática.

Asimismo, no existe una estrategia o instrumentos claros que orienten a las instituciones públicas sobre cómo desarrollar acciones efectivas de prevención y sensibilización frente al delito. Además, tampoco existe un registro único de casos de trata de personas, lo que impide llegar a un consenso sobre cuántas denuncias y víctimas se registraron a nivel nacional. Por el contrario, cada sector tiene un registro con criterios y características particulares, que no permite la interoperabilidad.

Durante la presentación del IX Informe Alternativo, la embajadora de Estados Unidos en el Perú, Stephanie Syptak-Ramnath, destacó el trabajo del Centro de Atención de CHS Alternativo –que ha brindado servicios a más de 2 mil sobrevivientes– y resaltó que desde el Gobierno de Estados Unidos seguirán apoyando los esfuerzos de la sociedad civil y el Estado peruano en la prevención del delito, así como la restitución de los derechos de las víctimas rescatadas.

Agregó que, pese a que el Perú ha logrado avanzar en la implementación de la Política Nacional contra la Trata de Personas, aún tiene desafíos pendientes, tales como aumentar las investigaciones proactivas, reducir la tasa de impunidad, incrementar la cantidad de los servicios para las víctimas y mejorar su calidad, entre otros.

PENDIENTES DEL ESTADO

Al respecto, Andrea Querol, presidenta de CHS Alternativo, recordó que la trata de personas no es un delito aislado, sino que es con frecuencia el último eslabón de una cadena de violencia y explotación. En ese sentido, refirió que las normas relacionadas a crimen organizado, minería ilegal o tala de madera tienen un impacto en la protección de derechos y en la seguridad de las personas más vulnerables, que pueden ser víctimas de este crimen.

Manifestó que la política de los últimos años, enfocada en las restricciones de ingreso y las dificultades de los migrantes para regularizar su situación, también ha incrementado la vulnerabilidad de las potenciales víctimas, ya que, ello aunado al discurso discriminatorio y que criminaliza a los migrantes, impacta no solo en los aspectos laborales, económicos y sociales, sino que dificulta su inclusión social.

Querol señaló que, ante a ello, es necesario actualizar la Política Nacional frente a la Trata de Personas para reflejar la realidad actual del delito. También dijo que es urgente que el Estado brinde mayor información sobre el presupuesto público y que se trabaje para que las víctimas que denuncian se sientan acogidas, escuchadas y protegidas.

Tras reconocer que en esta tarea también hay responsabilidad de la ciudadanía que debe estar alerta y vigilante, refirió que en esa línea, el IX Informe Alternativo es un aporte de la sociedad civil para “comprender y mejorar”.

Finalmente, Querol enfatizó que es deber del Estado rendir cuentas sobre este delito, tal como lo estableció la Ley 29918, que creó un día para conmemorar la lucha contra la trata de personas y obligaba al premier a acudir ante el Pleno del Congreso de la República, en el mes de setiembre de cada año, para informar sobre los avances en la materia.

“Sin embargo, el Congreso ha aprobado en primera votación un proyecto de ley que retrocede en esta obligación. El Legislativo está cediendo ante la explotación, aprobando que solo se rinda cuentas ante las comisiones de Justicia y de la Mujer, como si la trata de personas solo se circunscribiera a esas dos temáticas. La violación de derechos es múltiple y por lo tanto la rendición de cuentas sobre este delito también debe ser integral”, manifestó.