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Desde la sociedad civil se presenta este III Informe Alternativo, en ejercicio del rol de auditores sociales de la gestión pública, y asumiendo con responsabilidad y de manera concurrente la función de seguir consolidando una participación activa y organizada en la lucha contra este delito. Este informe consolida un análisis, desde la visión de los actores sociales, sobre el conjunto de responsabilidades que competen a las instituciones públicas en la lucha contra la trata de personas.