Capital Humano y Social Alternativo expresa su rechazo y profunda preocupación frente a la reciente promulgación de la Ley N° 32330, la cual imputa responsabilidad penal a los menores de 16 y 17 años, atentando contra la Constitución y contra los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, así como el interés superior del niño, representando un retroceso sistemático en el sistema de justicia. Al respecto mencionamos lo siguiente:

1. La mencionada ley establece que los adolescentes de 16 y 17 años tendrán responsabilidad penal ordinaria por la comisión de delitos graves, entre ellos la trata de personas y sus formas agravadas, la explotación sexual, la promoción o favorecimiento de la explotación sexual, la gestión de la explotación sexual, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA), la promoción o favorecimiento de la ESNNA, el cliente del adolescente, la gestión de la ESNNA, la pornografía infantil, la esclavitud y otras formas de explotación, entre otros.

2. Esta medida contraviene la Constitución peruana, porque incumple el deber de protección especial al niño y al adolescente (artículo 4) y es contraria a las obligaciones internacionales asumidas por el Perú, como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos.

3. Asimismo, se debe tener en cuenta que una persona menor de 18 años es considerada niño a nivel nacional e internacional, por lo que, de encontrarse en conflicto con la ley penal, debe recibir un tratamiento especial y diferenciado de la población adulta. Ese sistema existe en nuestro país y comprende como una medida excepcional la privación de la libertad, con la finalidad de reinsertar al menor de edad en la sociedad y evitar que reincida en actos delictivos. En ese contexto, someter a un adolescente al encarcelamiento en centros penitenciarios ordinarios, hacinados y con criminales ranqueados, no solo contribuye a la criminalidad, sino que enfatiza un modelo punitivo, centrado en la sanción, en lugar de fortalecer el sistema socioeducativo, que busca la prevención, rehabilitación y reinserción social del adolescente infractor.

4. Aunque la aprobación de las medidas se fundamenta en la lucha contra la criminalidad y en la necesidad de disminuir la sensación de inseguridad ciudadana, las reformas planteadas no abordan las causas estructurales de estos fenómenos criminales. Por el contrario, en vez de que el Ejecutivo se enfoque en reducir los factores de riesgo, como la presencia de violencia y delincuencia en la comunidad, el consumo problemático de alcohol  y   drogas o   la deserción   escolar, entre otros, orienta   sus   acciones a la criminalización de los adolescentes, quienes son los más vulnerables en la cadena delictiva.

5. Aunado a ello, es sabido que las bandas y organizaciones criminales utilizan a los adolescentes en su dinámica criminal debido a que eran inimputables para la ley penal. En efecto, en ciertos delitos, como la trata de personas, los menores de edad son captados para operar en beneficio de sus captores. Tal es así que, desde el Centro de Atención y Orientación Legal y Psicosocial de CHS Alternativo, se ha tomado conocimiento del caso de una familia, integrada por adolescentes, que fue captada por una organización criminal para que realice llamadas extorsivas en la modalidad del “gota a gota”.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, CHS Alternativo considera que criminalizar a los adolescentes no es el camino a seguir. El Estado debe centrar sus esfuerzos en generar las condiciones para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes y atender las causas estructurales de la incidencia del riesgo y conflicto de la ley penal por parte de los adolescentes. Si se busca genuinamente enfrentar la inseguridad ciudadana, se puede empezar modificando y/o derogando las normas que el Legislativo ha venido promulgando que solo favorecen a la criminalidad.