• En el Día Mundial contra la Trata de Personas, la red de Veedurías Mirada Ciudadana exige al Estado respuestas inmediatas y mayor presupuesto.
• Según el Ministerio Público, entre enero y junio de 2025 se registraron 942 denuncias de trata de personas y 1229 víctimas, la mayoría mujeres.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Red de Veedurías Regionales Mirada Ciudadana, conformada por más de 130 organizaciones de base de distintas regiones del país e impulsada por CHS Alternativo, emitió un pronunciamiento público para advertir sobre la alarmante expansión del delito en el Perú y exigir al Estado un compromiso real, con presupuesto específico, presencia efectiva y justicia para las víctimas.

La trata de personas sigue creciendo en el Perú. Según el Ministerio Público, solo entre enero y junio de 2025 se han registrado 942 denuncias por este delito, con 1,229 víctimas identificadas. Sin embargo, en la mayoría de los casos no hay reparación ni sentencias y las redes criminales continúan operando en un escenario de total impunidad. Las cifras muestran que las víctimas no solo aumentan cada año, sino que siguen siendo en su mayoría mujeres (73 %) y niñas, niños y adolescentes (33 %).

Estas estadísticas del Ministerio Público también reportan que, Lima concentra el 35 % de los casos, seguida de Piura, con 13 % y Arequipa, con 19 %. Sin embargo, es sabido que regiones como Madre de Dios, Cusco, Puno y Loreto, son zonas de captación, traslado y explotación de víctimas; pero no están visibilizadas en las estadísticas oficiales, quizá debido a la falta de denuncia, normalización del delito, inacción y/o falta de coordinación interinstitucional. Esta falta de información, muchas veces oculta la verdadera magnitud del problema e impide respuestas efectivas.

En Madre de Dios, por ejemplo, la situación es alarmante. En localidades como La Pampa, miles de personas son explotadas sexual y laboralmente en los denominados “prostibares” instalados en zonas mineras de alta informalidad. En 2024 el Ministerio Público registró en esta región 111 víctimas. Sin embargo, la justicia sigue sin responder: hay decenas de expedientes con pruebas de captación, traslado y explotación, pero poco se sabe sobre imputados, procesados o sentenciados. La percepción de impunidad y corrupción persiste, dejando a las víctimas sin justicia ni reparación.

En Cusco, la trata de personas se presenta en su forma más atroz con la venta de recién nacidos. Esta modalidad de trata de personas quedó al descubierto en 2023, cuando se denunció un centro clandestino en el que se comercializaban bebés por sumas de entre 500 y 700 soles. El caso reveló una red organizada que operaba con documentos falsos y usaba redes sociales para captar compradores. Pese a las intervenciones posteriores, la región sigue siendo una zona crítica: en 2024 se reportaron 41 víctimas de trata, en su mayoría niñas, niños y adolescentes, y en el primer semestre de 2025 se registraron 5,527 casos de violencia sexual, cifras que reflejan un entorno de grave vulnerabilidad y desprotección.

En Puno, la desaparición de personas, especialmente menores de edad, vinculadas a la trata de personas, se ha convertido en una emergencia regional. En 2024 se reportaron 644 personas desaparecidas, de las cuales 356 eran niñas, niños o adolescentes, y solo 193 lograron ser ubicadas. Esta tendencia continúa en 2025 con 199 nuevas desapariciones registradas en solo tres meses. La ineficacia de los mecanismos de búsqueda y la pasividad de la Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas agravan una situación.

Loreto, por su parte, enfrenta un abandono institucional profundo. La veeduría regional ha identificado que el gobierno regional y los gobiernos locales mantienen un ritmo lento e ineficaz frente al crecimiento del delito de trata de personas y la violencia de género. No existen estadísticas compartidas, ni presencia del Estado en comunidades clave como las provincias ubicadas en la triple frontera, Mariscal Ramón Castilla, Putumayo y Maynas, donde el narcotráfico recluta adolescentes para la siembra de hoja de coca. Además, en Alto Nanay, la minería ilegal ha contaminado ríos y transformado a comunidades enteras en víctimas de trabajo forzoso. Pese a la gravedad de los hechos, el Estado no realiza intervenciones de manera integral.

Frente a esta situación, las instituciones integrantes de la Red de Veedurías Regionales Mirada Ciudadana contra la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y Personas Desaparecidas expresan su profunda preocupación por la pasividad estatal. Exigen que el Estado asuma con seriedad y urgencia su responsabilidad, destinando mayor presupuesto para la prevención y persecución del delito, así como para la atención integral a las víctimas y la reparación correspondiente. También demandan una presencia territorial real, acceso a información pública transparente y acciones sostenidas.

En el Día Mundial contra la Trata de Personas, estas organizaciones recuerdan que la lucha contra este crimen no puede depender solo de la voluntad ciudadana. El Estado debe cumplir con su responsabilidad, realizando una real rendición de cuentas de los avances y desafíos de la política nacional.