• X Informe Alternativo revela que el Estado solo ha destinado cerca del 1% del presupuesto necesario para implementar la política nacional contra la trata.
• El estudio encontró que solo en 2024 más de 700 mil niñas, niños y adolescentes enfrentaron riesgos sexuales en internet.

La trata de personas continúa expandiéndose en el Perú en un contexto marcado por altos niveles de impunidad, debilidades institucionales y una limitada asignación de recursos para enfrentar el delito. Así lo advierte el X Informe Alternativo 2023–2025 sobre la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, presentado por CHS Alternativo, que analiza la implementación de la política pública en los últimos años e identifica brechas críticas en la capacidad del Estado para prevenir el delito, proteger a las víctimas y sancionar a las organizaciones criminales.

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el nivel de impunidad que existe en el sistema de justicia. Según el análisis, entre 2023 y 2025, solo 2 de cada 100 denuncias por trata de personas terminaron en sentencia condenatoria, lo que evidencia las dificultades para investigar y sancionar eficazmente a las redes criminales dedicadas a esta actividad.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, explicó que la inestabilidad política ha afectado la continuidad de las estrategias de seguridad y lucha contra el crimen organizado. “Desde 2021, el Perú ha tenido 5 presidentes y 17 ministros del Interior, una rotación que sin duda impacta en la capacidad del Estado para sostener políticas públicas de largo plazo frente a delitos complejos como la trata de personas”, remarcó.

Sin embargo, advirtió que existe una brecha significativa entre los recursos que se requieren para implementar la Política Nacional frente a la Trata de Personas y los que realmente se asignan. Aunque en 2023 CHS Alternativo estimó que se necesitaban al menos 1,159 millones de soles para ejecutar adecuadamente las acciones previstas en la política; en los últimos años el Estado ha destinado apenas cerca del 1% de ese monto. El presupuesto específico destinado a combatir este delito apenas supera los 11 millones de soles, lo que representa menos del 0.005% del presupuesto nacional.

“Esta situación tiene efectos directos en la protección de las víctimas. El informe ha encontrado que, de los 17 servicios previstos en la política pública para la atención y reintegración, solo 4 recibieron asignación presupuestal, lo que reduce la disponibilidad de servicios especializados. A ello se suma la escasez de albergues y centros de acogida residencial para atender de manera diferenciada a mujeres, hombres y personas LGTBIQ+”, puntualizó.

Además, el X Informe Alternativo da cuenta de problemas de interoperabilidad entre los registros oficiales que dificultan contar con cifras claras sobre el número real de víctimas. Por ejemplo, mientras la Fiscalía Especializadas en delitos contra la Trata de Personas (FISTRAP) registró 2,692 víctimas en 2025, el Ministerio del Interior reportó solo 384 casos en el mismo periodo, lo que evidencia la falta de integración de la información estatal.

“Sin recursos suficientes es muy difícil consolidar políticas públicas sostenibles. La lucha contra la trata requiere financiamiento adecuado, coordinación entre instituciones y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar resultados”, explicó Valdés.

NUEVAS AMENAZAS EN EL ENTORNO DIGITAL

El documento también advierte sobre la creciente presencia de redes de explotación en el entorno digital, especialmente dirigidas a niñas, niños y adolescentes. El Ciberpatrullaje realizado por CHS Alternativo evidenció que solo en 2024 alrededor de 700 mil menores de edad enfrentaron riesgos sexuales en internet, mientras que se identificaron 1.6 millones de archivos vinculados a pornografía infantil, lo que demuestra cómo las redes criminales están aprovechando cada vez más los espacios digitales para captar y explotar a sus víctimas.

Frente a este escenario, CHS Alternativo plantea la necesidad de fortalecer la respuesta institucional mediante una mayor asignación de recursos, la implementación del Programa Presupuestal orientado a Resultados establecido por la Ley n° 30925, que está pendiente desde hace seis años, y el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas en la lucha contra este delito.

“El país enfrenta una situación compleja en materia de criminalidad organizada y trata de personas. El informe muestra que existen esfuerzos importantes, pero también brechas que deben atenderse con urgencia. El desafío es consolidar una respuesta integral del Estado que permita prevenir el delito, proteger efectivamente a las víctimas y reducir la impunidad”, afirmó Valdés.