CHS Alternativo advierte sobre ausencia de agenda de derechos de las mujeres en escenario electotal

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, CHS Alternativo expresa su profunda preocupación por el contexto de violencia estructural, desigualdad persistente y retrocesos normativos que continúan afectando gravemente a las mujeres en el Perú, y manifiesta lo siguiente:
- La violencia contra las mujeres constituye una grave y sistemática vulneración de derechos humanos y una seria amenaza para la democracia. En 2025, los Centros de Emergencia Mujer y Familia atendieron 169,528 casos de violencia, de los cuales el 84% de las víctimas son mujeres. Ese mismo año se registraron 133 feminicidios y 270 tentativas, cifras que evidencian que, perder la vida por razones de género sigue siendo una realidad intolerable que exige respuestas.
- La trata de personas, una de las formas más crueles de explotación y violencia, dejó 2,692 víctimas en 2025, según datos de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP), afectando mayoritariamente a mujeres y adolescentes captadas en contextos de pobreza, violencia previa y falta de oportunidades.
- A ello se suman los 37,700 partos en adolescentes y jóvenes menores de 19 años (2025), una cifra que refleja las persistentes brechas en el acceso a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva, que continúa negando el ejercicio pleno de sus derechos y las posibilidades de desarrollar su proyecto de vida.
- En este contexto, un análisis de los 36 planes de gobierno de las candidaturas a la Presidencia, realizado por CHS Alternativo, revela una negligente fragmentación en el abordaje de los derechos de las mujeres en la propuesta electoral.
- La situación más alarmante corresponde al 37% de agrupaciones políticas (13) que evidencian un rotundo silencio u omisión frente a esta problemática. En este grupo se encuentran partidos que proponen eliminar o reemplazar la Educación Sexual Integral (ESI) y el enfoque de género por una educación basada en valores tradicionales. Estas agrupaciones políticas ya aprobaron leyes en ese sentido en el actual Congreso de la República.
- Asimismo, varias agrupaciones omiten por completo cualquier referencia a la violencia de género, las uniones tempranas o los derechos de las mujeres, priorizando únicamente metas vinculadas a infraestructura o crecimiento económico, lo que evidencia una grave falta de compromiso frente a una problemática estructural que afecta la vida y la seguridad de millones de mujeres en el país.
- Un 19% de partidos (7 agrupaciones) reduce la agenda de género al endurecimiento de penas para agresores y el fomento del emprendimiento mediante créditos o seguros para mujeres rurales y amas de casa. Si bien incluyen algunas medidas paliativas como el subsidio para hijas e hijos de víctimas de feminicidio o más Centros de Emergencia Mujer y Familia, sus planes omiten cambios estructurales en la educación preventiva o en la redistribución de las tareas de cuidado.
- En conclusión, solo el 44% de los planes analizados (16 agrupaciones) incorpora propuestas que se acercan a un enfoque más integral de derechos para enfrentar la violencia y promover la autonomía de las mujeres y algunos planes incluso establecen metas concretas para reducir los feminicidios en los próximos años.
- Debemos tener en cuenta que , a pesar de algunos avances en representación política —como el incremento de la presencia de mujeres en el Congreso de 30% a 37%—, la participación femenina en otros niveles de gobierno sigue siendo limitada. En las últimas elecciones regionales y municipales, solo el 5.5% de las autoridades electas fueron mujeres.
En ese contexto:
CHS Alternativo hace un llamado a las organizaciones políticas, a las futuras autoridades y a la sociedad en su conjunto a colocar la igualdad de género, la prevención de la violencia y la vigencia y ejercicio de los derechos de las mujeres en el centro de la agenda pública. Elegir adecuadamente en esta perspectiva permitirá garantizar una vida libre de violencia, explotación y discriminación no solo como una obligación del Estado, sino como una condición indispensable para construir un país con igualdad entre hombres y mujeres, más justo, seguro y democrático.