• Análisis de CHS Alternativo advierte que el 56% de las propuestas presidenciales no plantea medidas estructurales para enfrentar la violencia de género o incluso propone retrocesos en políticas clave.

Más de la mitad de los planes de gobierno de las candidaturas a la Presidencia de la República abordan de manera insuficiente o simplemente omiten la agenda de derechos de las mujeres. Así lo revela un análisis de los 36 planes de gobierno realizado por CHS Alternativo, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El estudio revela que el 56% de las agrupaciones políticas aborda la agenda de derechos de las mujeres de manera limitada o la deja fuera de sus prioridades. Dentro de este grupo, el 37% de partidos (13 agrupaciones) expresa un rechazo explícito o no incorpora medidas frente a esta problemática. Algunas organizaciones plantean eliminar o reemplazar la Educación Sexual Integral (ESI) y el enfoque de género por una educación basada en valores tradicionales, mientras que otras omiten cualquier referencia a la violencia de género, las uniones tempranas o los derechos de las mujeres en sus planes de gobierno.

A este bloque se suma otro 19% (7 agrupaciones) que aborda el tema de manera parcial, principalmente desde enfoques asistencialistas o punitivos. Sus propuestas se concentran en el endurecimiento de penas para agresores o en programas de apoyo económico para mujeres, pero sin incorporar estrategias estructurales de prevención ni políticas que permitan redistribuir las responsabilidades de cuidado.

Solo 44% de los planes analizados (16 agrupaciones) incorpora propuestas que se acercan a un enfoque más integral de derechos. Entre ellas destacan la implementación de la Educación Sexual Integral para prevenir el embarazo adolescente, la creación de Sistemas Nacionales de Cuidados y el uso de tecnologías para fortalecer la protección de víctimas de violencia.

“El problema no es solo lo que algunos planes proponen, sino lo que muchos dejan de mencionar. Cuando la violencia contra las mujeres no aparece en las prioridades de gobierno, el riesgo es que siga siendo tratada como un tema secundario en la política pública”, señaló Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

GRAVE SITUACIÓN

Valdés enfatizó que el análisis de CHS Alternativo adquiere mayor relevancia si se considera la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres en el país. En 2025, los Centros de Emergencia Mujer y Familia atendieron 169,528 casos de violencia, de los cuales el 84% de las víctimas fueron mujeres. Ese mismo año se registraron 133 feminicidios y 270 tentativas.

A esta situación se suma la trata de personas, una de las formas más graves de violencia. Según las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP), en 2025 se registraron 2,692 víctimas, la mayoría mujeres y adolescentes captadas en contextos de pobreza, violencia previa y falta de oportunidades.

Asimismo, los 37,700 partos en adolescentes y jóvenes menores de 19 años registrados el último año, que reflejan las persistentes brechas en el acceso a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva, continúan limitando las oportunidades de desarrollo de miles de mujeres jóvenes en el país.

“Las cifras muestran que la violencia y la explotación siguen afectando gravemente a miles de mujeres. Por eso resulta fundamental que las propuestas de gobierno incluyan políticas claras de prevención, protección y restitución de derechos”, afirmó Valdés.

En ese sentido, CHS Alternativo hizo un llamado a las organizaciones políticas, a las futuras autoridades y a la sociedad en su conjunto a colocar la igualdad de género, la prevención de la violencia y la vigencia de los derechos de las mujeres en el centro de la agenda pública. Valdés enfatizó que “en un contexto electoral, elegir propuestas que prioricen estos temas resulta fundamental para garantizar una vida libre de violencia, explotación y discriminación”.

Además, anunció que este jueves 12 de marzo CHS Alternativo presentará el “X Informe Alternativo 2023–2025. Balance de la Política Nacional desde la sociedad civil: Desafíos y propuestas para fortalecer la acción del Estado”, documento que evalúa el avance de la política pública en materia de trata de personas y los principales desafíos que enfrenta el Estado para prevenir este delito, proteger a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia.