En el Perú, la trata de personas se mantiene como una de las formas más graves de explotación humana y, sin embargo, la respuesta del Estado continúa siendo insuficiente. En 2024, el presupuesto específico ejecutado para implementar la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030 ascendió a 2 630 000 soles, equivalentes al 0,001 % del Presupuesto General de la República. Ello en manifiesto incumplimiento de la Ley 30925, que obliga al MEF, acompañado por el MININTER, a elaborar un programa presupuestal orientado a resultados para la implementación de políticas en materia de trata de personas. A ello se suma que desde 2017 el Ejecutivo no rinde cuentas ante el Pleno del Congreso por este delito, lo que invisibiliza y minimiza la magnitud de la explotación humana en el país.

Ante esta grave situación, manifestamos nuestra profunda preocupación por:

• Si bien el más reciente informe del Ministerio del Interior sobre la Política Nacional frente a la Trata de Personas reconoce avances generales en prevención, operativos policiales, capacitación, educación y atención a víctimas, omite aspectos críticos como el presupuesto insuficiente, las nuevas dinámicas de explotación vinculadas a la migración y el crimen organizado, así como la normalización social de la violencia. Esta ausencia limita el impacto de las políticas y reduce los esfuerzos estatales a respuestas parciales y poco efectivas. Por ello, tras cuatro años de vigencia, esta política requiere una evaluación rigurosa que permita ajustar metas e instrumentos para hacerla efectiva.
• La falta de asignación presupuestal para la implementación de esta Política constituye también un incumplimiento legal a la vigente Ley 28950, modificada en 2019 mediante la Ley 30925. Dicha normativa obliga al Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio del Interior, a diseñar un programa presupuestal multisectorial para poner en marcha la referida Política Nacional. Aunque la ley dio un plazo de 180 días para su implementación, al 23 de septiembre de este año, habrán transcurrido 2,362 días sin que se cumpla con esta obligación legal que debe ser atendida de manera inmediata para garantizar la atención y protección de las víctimas de trata.
• Actualmente el presupuesto para prevenir, atender y sancionar este delito equivale a solo 0.076 soles por persona. En el ámbito subnacional, son pocas las instancias que asignan recursos o inversión pública para enfrentar el crimen. La falta de presupuesto limita la atención y reintegración de las víctimas, retrasa el retorno de niñas, niños y adolescentes a sus hogares, prolonga su estancia en centros temporales, reduce los equipos técnicos especializados y restringe las estrategias de autonomía.
• En ese contexto, resulta alarmante la negativa del Ejecutivo a otorgar el presupuesto requerido por las fiscalías especializadas, lo que pone en riesgo diligencias esenciales como operativos de detección, investigaciones, rescate y atención a víctimas. Como advirtió la Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, Berenice Romero: “sin presupuesto no se puede garantizar justicia ni protección a las víctimas”.
• En los últimos años, la trata de personas se ha agudizado con la expansión de redes criminales vinculadas a economías ilícitas como la minería ilegal o el narcotráfico, aprovechando la pobreza, la informalidad y la debilidad del Estado. Frente a esta realidad se requiere una respuesta inmediata y contundente que reduzca las brechas que perpetúan la persistencia de la victimización, combata la corrupción y garantice una sanción efectiva a los perpetradores.
• Sin embargo, la acción del Estado sigue siendo limitada y se refleja en la falta de acceso a la justicia para las víctimas. Según el Ministerio Público, entre 2020 y 2025 se registraron 7,790 denuncias por trata de personas, pero solo 498 casos (apenas 6.4%) terminaron en sentencia. La brecha evidencia la debilidad del sistema de justicia penal para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables. Ante ello, urge fortalecer la especialización y articulación de todos los actores involucrados.
• El avance de la trata también está ligado a la normalización de la violencia de género, que, según la Ley 30364, es reconocida como una de las formas más graves de esta violencia. Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales del INEI (2024), la tolerancia social hacia la violencia aumentó de 58.9% a 75.7% y hoy en día tres de cada cuatro personas justifican o minimizan las agresiones, el 71.3% aprueba actitudes sexistas y más de la mitad de los hombres (56.5%) justifica la violación sexual. Además, en 2024, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó 168,492 casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, un incremento de 1.5% respecto al año anterior.
• Sin embargo, lejos de enfrentar esta crisis, el Congreso aprobó en 2024 una norma que restringe la rendición de cuentas del Ejecutivo a nivel de comisiones, invisibilizando la dimensión criminal, económica y transnacional de la trata. A ello se suman leyes que debilitan la respuesta frente al crimen organizado y que, en la práctica, lo favorecen, mientras el Ejecutivo parece priorizar acuerdos políticos antes que la defensa de los derechos humanos.

Frente a esta realidad, desde CHS Alternativo exigimos al Poder Ejecutivo y Legislativo asumir su responsabilidad para restituir la rendición de cuentas ante el Pleno del Congreso, garantizar un presupuesto suficiente, específico y sostenido, mediante un programa presupuestal, así como fortalecer la persecución del delito, dotar a la Policía Nacional y al Ministerio Público de recursos efectivos y reforzar las instancias regionales y los servicios de atención para la recuperación y reintegración de las víctimas.

La trata de personas es un delito que atenta contra la dignidad humana y la seguridad del país; combatirla no es opcional, sino un deber ineludible del Estado.