• Pese a que desde 2019 una ley obliga al MEF a implementar un programa presupuestal multisectorial para atender este tema, esto no se cumple.
• Desde el 2020, el Ministerio Público contabilizó más de 13,600 víctimas, pero el Estado no rinde cuentas de lo que hace para prevenir el crimen.

La trata de personas sigue siendo un delito devastador, pero continúa sin recursos suficientes ni rendición de cuentas. Pese a que, en el Perú, según el Ministerio Público,  se han registrado más de 13,600 víctimas desde 2020, casi seis personas cada día; en 2024 apenas se devengaron 2,6 millones de soles para combatir este crimen. La cifra es irrisoria si se compara con el presupuesto del Congreso, que en la última década se ha incrementado a 1,400 millones de soles y solo para el seguro médico de sus miembros prevé 9,5 millones en 2025.

“El presupuesto ejecutado para la trata en 2024 equivale a apenas el 0,001 % del Presupuesto General de la República, es decir, 0,076 soles por persona al año. Esta cifra refleja la escasa prioridad que el Estado le da a un delito que afecta sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes”, señaló Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

Valdés explicó que el presupuesto de apertura para la trata de personas en 2024 ascendió a 21,8 millones de soles, pero fue reducido a 11 millones y finalmente solo se ejecutaron 2,6 millones. Además, de los 42 servicios contemplados en la Política Nacional contra la Trata de Personas, apenas 12 contaron con financiamiento específico. “La consecuencia es un Ministerio Público que no llega a fin de mes para cubrir sus operaciones, una Policía sin recursos para reparar sus vehículos y albergues sin fondos suficientes para atender a las víctimas”, remarcó.

Pese a que la Ley 28950, modificada en 2019 mediante la Ley 30925, obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a coordinar con el Ministerio del Interior para implementar un programa presupuestal multisectorial destinado a atender la Política Nacional contra la Trata de Personas, eso hasta ahora no se cumple. El plazo legal para hacerlo era de 180 días, pero han pasado más de 2,300 días sin avances. “No estamos frente a una cuestión menor, se trata de una obligación de ley que no se cumple y que deja en abandono a miles de personas”, precisó Valdés.

Rendición de cuentas

Agregó que a ello se suma la falta de rendición de cuentas. Desde 2017 el Ejecutivo no informa ante el Pleno del Congreso sobre la implementación de la Política Nacional, por el contrario, en 2024 redujo la obligación al trasladar el informe del Pleno a solo las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de la Mujer y Familia del Parlamento. “La trata de personas se ha transformado y hoy ya no actúa sola; opera en sinergia con otros delitos que atentan contra la dignidad, en el marco de la transnacionalización del crimen organizado. En ese nuevo escenario la rendición de cuentas es urgente para conocer cómo está respondiendo el Estado ante el nuevo panorama del delito”, manifestó Valdés.

En el marco del Día Nacional contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 23 de septiembre, el director ejecutivo de CHS Alternativo remarcó que, frente a este nuevo escenario urge una respuesta del Estado. “No podemos invisibilizar la situación ni seguir pensando que la trata es un delito estático, sobre todo cuando la criminalidad avanza a todo furor. Este nuevo escenario exige reformular la Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030 con una mirada sistémica, que contemple la creación de fiscalías, policía y juzgados especializados en delitos contra la dignidad y que cuente con un financiamiento sostenido”, puntualizó.

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